Proposición de ley en el Senado

ERC y Bildu proponen eliminar el delito de injurias al rey en plena pandemia

El escrito se presentó telemáticamente el martes pasado, 24 de marzo, y está pendiente de su admisión a trámite por parte de la Mesa

Foto: Quema de fotos del rey en Girona. (EFE)
Quema de fotos del rey en Girona. (EFE)

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu ha presentado una proposición de ley en el Senado en la que reclama despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España. Y lo ha hecho en plena pandemia. El cierre del Congreso, que mantiene suspendidos los plazos de tramitación, ha llevado a las dos formaciones a recurrir a la cámara alta. En el texto de la propuesta defienden que la libertad de expresión debe primar sobre la protección reforzada que mantienen ciertas instituciones.

Según explica la proposición, a la que ha tenido acceso El Confidencial, "una democracia avanzada y moderna" debe evitar la censura que supone que se mantengan tipificados como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona "desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia". Recuerda que en los últimos años varias personas, artistas o revistas satíricas han sigo perseguida penalmente por este motivo, como sucedió con la revista El Jueves en 2007 con su portada sobre el entonces príncipe Felipe o con activistas de la CUP y Arran que quemaron fotos del monarca en una manifestación.

Fuentes de las formaciones concretan que el escrito se presentó telemáticamente el martes pasado, 24 de marzo. La proposición se encuentra ahora pendiente de tramitación. El estado de alarma ha provocado que no se celebren en el Senado plenos ni votaciones y solo se mantengan las Juntas de Portavoces una por semana. Será la Mesa quien decida, en primer lugar, si se acepta a trámite la propuesta. "Estando la Casa Real de por medio suele haber impedimentos, no sería de extrañar que este caso también haya algún veto", indican las fuentes consultadas.

Además de coincidir con la crisis sanitaria, la iniciativa se formula en un momento en que la Casa Real aborda el mayor escándalo de su historia después de que se hiciera pública la existencia de una cuenta con más de 100 millones abonados por Arabia Saudí que mantuvo el rey emérito bajo el paraguas de dos fundaciones. Felipe VI constaba como beneficiario en ambas. Tras airearse su existencia el monarca hizo público un comunicado en el que anunciaba su renuncia a la herencia económica que pudiera corresponderle por éstas y retiraba la asignación que Juan Carlos I tenía fijada en los presupuestos de la Casa del Rey.

El caso Otegi

ERC y Bildu destacan en su proposición la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, indican, ya ha declarado que una protección concedida por una ley especial sobre el delito no es, en principio, conforme con el espíritu del Convenio. "El interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado, no puede justificar la concesión a éste de un privilegio o una protección especial contra el derecho a informar y a expresar las opiniones sobre él", extraen de la sentencia contra España en el caso Otegi.

También destacan que Estrasburgo sostiene que la quema de imágenes del rey debe entenderse como un acto de rechazo hacia la institución de la monarquía y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y está protegido por el derecho a la libertad de expresión. "El Estado español debe evitar cualquier nueva violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pues de producirse esta se expone a ser nuevamente condenado por el TEDH", avisan.

"Todas estas actuaciones, más allá de las consideraciones éticas, morales o políticas que tenga cada cual, no debieran figurar en el Código Penal español, siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues deberían ser consideradas como muestras de la libertad de expresión". Por ello, reclaman la eliminación del apartado 3 del artículo 490 del Código Penal y de los artículos 491 y 543.

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