Orden a los fiscales para apoyar al médico frente al paciente en altas por Covid

Los tiempos del coronavirus han comenzado a exigir que la Fiscalía fije criterio en asuntos hasta ahora nunca abordados. Este es el caso del conflicto de criterios en las altas médicas en hospitales, cuando los sanitarios apoyan mandar a su casa al paciente y el enfermo no está de acuerdo con la decisión. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha fijado posición para abordar diferencias que acaban en los tribunales y se ha puesto del lado de los hospitales. Apoyará la salida del centro cuando no sea absolutamente imprescindible el internamiento en hospital de acuerdo con criterios estrictamente médicos que tienen que aparecer reflejados en el informe clínico.

Según especifica la instrucción a la que ha tenido El Confidencial se considera prioritario dar un alta que puede en efecto liberar una plaza de atención hospitalaria para alguien que lo necesite pero siempre desde el convencimiento de los especialistas de que no entraña riesgo para la salud del paciente. Ante la necesidad de ponderar esta situación de desacuerdo prima el interés general, que implica la aplicación de todos los recursos posibles a la lucha contra el avance del contagio.

La instrucción arranca señalando la excepcionalidad del caso. "Con ocasión de las numerosas actuaciones médicas que están teniendo lugar en el contexto de las medidas sanitarias para contener el contagio de la enfermedad Covid 19, se ha detectado algún supuesto, cuya reiteración no es improbable por razones obvias, de pacientes que, especialmente en el ámbito hospitalario, rechazan el alta médica y se niegan a abandonar las instalaciones en que están siendo o han sido atendidos", indica.

También señala que ni en el Real Decreto del estado de alarma ni en ninguna de las demás disposiciones generales específicamente aplicables al caso se incluye referencia alguna al régimen competencial y procesal de las controversias generadas por el rechazo del alta médica, con lo que simplemente se traslada a la actual situación excepcional el previo silencio del legislador. No existe tampoco doctrina del Tribunal Supremo sobre el particular.

La instrucción, adelantada por El País, interpreta dos preceptos, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y el propio decreto de alarma para concluir que resulta claro en ambos que las decisiones adoptadas por los profesionales sanitarios acerca del tratamiento de los pacientes no puede desvincularse en este momento, y en el contexto en que se producen, de esa estrategia general de contención del contagio y de preservación –aquí si, indudablemente- de la salud pública.

"Cada decisión sobre el alta de un enfermo atañe al conjunto de la sociedad y condiciona directamente ese objetivo común, porque afecta a la disponibilidad de recursos para atender a otros ciudadanos que puedan estar necesitados de tratamiento más urgente o más intensivo, o que se juzgue prioritario por su mayor eficacia para la limitación del avance global de la epidemia", defiende el escrito, firmado por el fiscal jefe de Contencioso, Pedro Crespo.

La instrucción recomienda así incidir de forma reforzada en el fin constitucional de protección de la salud pública. Asegura que es indudable que las decisiones que se adoptan en los hospital se apoyan en la cadena de gestión unificada y jerarquizada de la crisis, lo que excluye cualquier duda acerca de la directa imputación de tales decisiones médicas a la autoridad sanitaria. "Parece obvio que el concepto de salud pública trasciende, sobre todo si se vincula a los parámetros de urgencia y necesidad, el mero supuesto individual de alta de un paciente concreto", señala.