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Padres de discapacitados pagan a escote 11.000 euros por test del coronavirus
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tres residentes han dado positivo

Padres de discapacitados pagan a escote 11.000 euros por test del coronavirus

El pago de los test lo decidieron los padres de los residentes tras intentar que los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid atendieran la llamada de la directora del centro

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Los padres de adultos discapacitados en la residencia Cepri (Asociación para la Investigación y el Estudio de la Deficiencia Mental) de Madrid han abonado, a escote, el importe de test de detección del Covid-19 tanto para sus hijos como para el personal del centro. El monto total de la adquisición de estos detectores del coronavirus ha ascendido a más de 11.000 euros. Se han sometido a la detección vírica los 19 residentes en el centro, los 25 discapacitados que acuden a las instalaciones que se abren durante el día —ahora clausuradas— y todo el personal que trabaja en las instalaciones. En total, más de 50 personas.

El pago de los test lo decidieron los padres de los residentes tras intentar que los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid atendieran la llamada de la directora del centro, Ana Domínguez, que se lamenta de que “nuestros residentes, permanentes y externos, pese a su discapacidad, no son considerados personas con especial riesgo”. Domínguez atribuye a la “descoordinación entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales de Madrid la desatención absoluta e injusta” que sufren.

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Este centro concertado atiende a discapacitados intelectuales, autistas y con otros trastornos conductuales y que precisan de una atención permanente. A menudo, estas personas —de entre 40 y 50 años— padecen patologías asociadas, metabólicas y epilépticas, y requieren de una asistencia constante para asearse, vestirse, comer y, en muchos casos, deambular.

En la actualidad, tres residentes de los 19 han dado positivo en el Covid-19 y permanecen confinados en la residencia. Otro más presenta síntomas más serios y ha sido hospitalizado. El médico y la enfermera del Cepri están infectados y no pueden hacer frente a sus respectivos trabajos. Los padres de los residentes están dispuestos a seguir desembolsando, en la medida cada cual de sus posibilidades, cantidades adicionales para medicamentos y, eventualmente, para nuevos test a fin de comprobar si se mantiene o desaparece la infección.

Los padres califican la situación del centro como “penosa” y no entienden “el abandono” que sufre un colectivo tan vulnerable y “tan poco reconocido”

La directora de la residencia confirma que ha intentado ponerse en contacto con las distintas administraciones competentes sin ningún resultado. “Estamos en lista de espera”, informó ayer. Los padres califican la situación del centro como “penosa” y no pueden entender “el abandono” que sufre un colectivo tan vulnerable y “tan poco reconocido” como el de los discapacitados intelectuales, que “en realidad son personas de altísima dependencia, con fragilidad física y necesidades de cuidados extraordinarios”.

Según fuentes de las asociaciones de padres con hijos discapacitados, existe el temor de que ocurra en los centros en los que están acogidos, sean públicos o concertados, lo que ha sucedido en las residencias de ancianos, es decir, que se produzcan brotes de contagio descontrolados. Concretamente, los progenitores de los residentes de Cepri persisten en sus gestiones con las administraciones competentes, pero son conscientes de que, muy posiblemente, sigan teniendo que sustituir, con sus propios medios, la atención que requieren sus hijos, que se encuentran, insisten, en una “dramática situación” para la que reclaman atención y asistencia.

Los padres de adultos discapacitados en la residencia Cepri (Asociación para la Investigación y el Estudio de la Deficiencia Mental) de Madrid han abonado, a escote, el importe de test de detección del Covid-19 tanto para sus hijos como para el personal del centro. El monto total de la adquisición de estos detectores del coronavirus ha ascendido a más de 11.000 euros. Se han sometido a la detección vírica los 19 residentes en el centro, los 25 discapacitados que acuden a las instalaciones que se abren durante el día —ahora clausuradas— y todo el personal que trabaja en las instalaciones. En total, más de 50 personas.

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