Otra jueza da 24 horas a Dolores Delgado para dotar de mascarillas a los fiscales

La Justicia ha irrumpido en la crisis provocada por la expansión del coronavirus. En las últimas horas, han comenzado a acumularse las medidas de urgencia adoptadas por juzgados de lo Social. Si el miércoles una magistrada dio un plazo de 24 horas a la Comunidad de Madrid para dotar de elementos de protección, como mascarillas y guantes, al personal sanitario, este jueves ha sido el turno de los fiscales.

El Juzgado 13 de Madrid ha acordado requerir al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que se provea de forma inmediata, en el término de 24 horas, en todas las sedes judiciales, a los fiscales que deban realizar funciones presenciales durante la vigencia de la pandemia de mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas, si fuera posible.

TE PUEDE INTERESAR

Un juzgado pide a la Generalitat valenciana que dote de protección a sanitarios en 24h

Víctor Romero. Valencia

En el auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada cita jurisprudencia anterior para indicar que es deber del empresario garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. La magistrada se refiere a la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y a los acuerdos que se han venido adoptando por el Consejo General del Poder Judicial y Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ambos dirigieron una solicitud a la Administración indicando que debían solicitarse "cuantos instrumentos y medios se estimen necesarios para garantizar la protección de la salud a fin de evitar contagios por propagación".

Este requerimiento no ha tenido, sin embargo, "un adecuado cumplimiento hasta la fecha". La jueza también indica que Sala de Gobierno del TSJ dictaminó que deben seguirse las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad en todas las actuaciones judiciales que deban realizarse. "Hasta ahora, no se está cumpliendo por ausencia de medios materiales necesarios para ello, con grave riesgo para la salud de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia y de cuantos ciudadanos acudan a los órganos judiciales", indicaba. Por todo lo expuesto, el Juzgado de lo Social aprecia que debe atender la cautelar que fue reclamada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Desde el inicio de la alarma, la Fiscalía General del Estado impuso medidas de prevención y redujo al mínimo el trabajo presencial de los fiscales, estableciendo el teletrabajo salvo los servicios de urgencia que es necesario cubrir, como las causas con presos o que afecten a derechos fundamentales, violencia de género o menores. El Ministerio de Justicia impuso un recorte drástico de la actividad, que ha quedado reducida a lo indispensable y que incluye la suspensión de plazos tanto procesales como administrativos.