Dura negociación de madrugada en el Gobierno e intenso debate sobre la deuda

Horas de negociación interna entre ministerios, acuerdos de madrugada y un largo debate de fondo en el Consejo de Ministros sobre macroeconomía —especialmente sobre el riesgo de subir la deuda pública— precedieron a la aprobación del plan de escudo social y medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus. En algún momento de ese debate, realizado por vía telemática, algún miembro destacado del equipo económico, de los más reacios a aumentar la deuda, calificó de “histeria” la actuación de gobiernos europeos que han anunciado medidas incluso más ambiciosas en esta línea.

Esa anécdota describe el debate interno: olvidarse de la deuda y no volver a caer en el error de la austeridad o mantener la ortodoxia sin descomponer la figura. La batalla la va perdiendo la ortodoxia presupuestaria, pero el debate aún no ha terminado, porque seguirá en los próximos días y semanas, ya que hay medidas que defiende una parte del Gobierno que seguirá planteándolas en breve. “Habrá otro escalón más adelante”, asegura un destacado ministro.

El resultado es un plan que, como ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene precedentes en ninguna otra crisis. Además, la Moncloa confía en contar con el apoyo de otros partidos cuando sea convalidado el decreto en el Congreso, previsiblemente sobre el 24 de marzo.

Sánchez ha transmitido que su impresión de su conversación con Pablo Casado es que el líder del PP puede finalmente apoyar las medidas económicas.

Y, con acierto, el presidente del Gobierno eligió un discurso para presentar el plan con un tono empático, emotivo y comprensivo con la angustia de los ciudadanos. Desde el jueves, las señales que emite la Moncloa han dado también un giro importante en esta dirección.

“Lo importante es que se ha conseguido un cambio notable de enfoque”, asegura un ministro que no pertenece al grupo de Podemos. El cambio se refiere a la posición inicial del equipo económico, encabezado por la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el jueves mantenían un rechazo total a aumentar la deuda y este martes han movido su posición, aunque no del todo.

Opinión

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De hecho, en la discusión de estos días se han vuelto a repetir las posiciones, con José Luis Escrivá defendiendo la posición de Unidas Podemos y algún apoyo puntual de algunos de los ministros del PSOE. Por ejemplo, la vicepresidenta Teresa Ribera intervino en alguna negociación concreta a favor de Unidas Podemos.

Sánchez ha ejercido como árbitro y el resultado ha estado muy lejos de la posición inicial de Calviño, en la línea del citado giro. Escrivá y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantienen estos días sintonía en las negociaciones, lo que resulta vital, porque mantienen competencias que tradicionalmente pertenecían a un solo ministerio.

Y eso que llevaban desde el viernes en negociaciones cruzadas, punto por punto, para vencer resistencias. Por ejemplo, Unidas Podemos quería que la moratoria de las hipotecas se estableciera en tres meses. Economía aseguraba que no debe establecerse ese plazo, entre otras cosas, porque se daría la impresión de que la crisis va a durar ese tiempo y, además, los bancos no podrían aceptar ese quebranto. Se quedó en un mes, pero con dudas de si era prorrogable o no.

Y por más que lo pelearon, los morados no lograron incluir en la moratoria los alquileres. Según el equipo económico, es inasumible el coste social y económico de ese retraso en los pagos del alquiler y, además, ya no castigaría solo a los bancos como en el caso de las hipotecas.

Aunque esta batalla no ha terminado, porque pretenden seguir manteniendo esta propuesta. Horas antes del Consejo, sí se pactaron las medidas de Trabajo, para reaccionar a la avalancha de ERTE y otras medidas, como un fondo social extraordinario, para reforzar los servicios sociales, que pueda impulsar la atención domiciliaria a personas mayores; mejorar los dispositivos de teleasistencia; reforzar la atención a personas sin hogar, y reforzar las plantillas de centros en servicios sociales.