La ley de emergencias con la que Urkullu se adelanta al estado de alarma
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Hasta 600.000 para quien no obedezca

La ley de emergencias con la que Urkullu se adelanta al estado de alarma

Dota al gobierno vasco de la llave para ordenar a la población confinamientos en domicilios y otra serie de medidas restrictivas de derechos con objeto de proteger a la ciudadanía

Foto: Íñigo Urkullu. (EFE)
Íñigo Urkullu. (EFE)

El País Vasco se ha anticipado este viernes a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central y ha dado el primer paso para activar su propio protocolo haciendo uso de una ley autonómica aprobada hace solo tres años. La ley de gestión de emergencia se aprobó en 2017 para ordenar y coordinar las actuaciones de la autonomía en la prevención y gestión de emergencias, destinadas a la protección de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo ante situaciones de riesgos colectivos graves, catástrofe y calamidad pública, así como en otros casos de urgencia o emergencias que pudieran requerir de la participación o coordinación de distintos servicios y operativos.

Foto: Control de Policía en España. (Reuters)

Dota al Gobierno vasco de la llave para ordenar el confinamiento en los domicilios de la población y otra serie de medidas restrictivas de derechos con objeto de proteger a los ciudadanos. La clave se encuentra en el artículo 8 que especifica que las órdenes dadas serán de obligado cumplimiento. Entre otras, podrá adoptar las siguientes medidas:

1. Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros.

2. Evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro.

3. Restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación.

4. Limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes.

5. Limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación de adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos.

La norma establece que las medidas a que se refiere el precepto tendrán "una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia", deberán ser proporcionadas a la entidad del riesgo y no darán derecho a indemnización alguna para las personas que se vean afectadas por ellas. Además, establece sanciones para quienes no las cumplan.

Multas de hasta 600.000 euros

Se considerará una infracción muy grave "el incumplimiento de las órdenes o instrucciones dispuestas en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública por las autoridades competentes en materia de protección civil y sus agentes". Según especifica el texto legal, este tipo de infracciones "se sancionan con multa desde 30.000 euros hasta 600.000 euros".

Foto: Urkullu se lava las manos con desinfectante este miércoles en un acto público en Vitoria. (EFE)

La norma incluye otras previsiones. Cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades de protección civil podrán requisar, intervenir y ocupar temporal y transitoriamente los bienes necesarios para afrontar la emergencia. Las personas, entidades o empresas que sufran daños y perjuicios por estas actuaciones sí tendrán derecho a ser indemnizadas de acuerdo con las leyes.

"En casos de catástrofe, calamidad pública, ruina inminente o grave riesgo colectivo, y cuando concurra una situación de extrema y urgente necesidad, será legítima la entrada en el domicilio si es para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas", agrega.

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