El juez exige 40.000 euros al PP para personarse en el Delcygate

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha impuesto al Partido Popular una fianza de 40.000 euros para personarse en el procedimiento en el que se investiga el llamado Delcygate. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado explica que ha fijado esta cantidad una vez examinadas las cuentas anuales presentadas por la formación.

"Se estima adecuada y proporcional la cantidad de 40.000 euros, a la vista de los resultados económicos del ejercicio recogido en la copia aportada", indica a la vez que rechaza diligencias solicitadas como la reclamación a AENA de las cintas del encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la 'dos' de Maduro, Delcy Rodríguez. "En cuanto a la solicitud de diligencias, dicha facultad sólo se concede a las partes personadas, siendo que, por otra parte y tratándose de un delito perseguible de oficio, por este Instructor ya se han acordado las que ha considerado procedentes", indica.

Serrano-Arnal ha unificado en un solo procedimiento las tres denuncias que tramita sobre este asunto por parte de Vox, el Partido Laócrata y el PP. Después de solicitar a los dos primeros la consignación de 20.000 y 5.000 euros respectivamente para poder ejercer la acusación popular, establece ahora la caución para los 'populares'. La denuncia del PP dio lugar a las primeras actuaciones judiciales del Delcygate, después de que la magistrada de guardia de Plaza Castilla exigiera a Aena que mantuviera a resguardo las cintas grabadas en el aeropuerto de Barajas el día en que se celebró el encuentro

El partido minoritario los Laócratas ya ha iniciado una campaña de 'crowdfunding' y solicita a los ciudadanos que lo ayuden "a hacer justicia", ya que la fianza fijada por el juez constituye más de cinco veces el salario mínimo. "Aporta, difunde, colabora, está en tu mano: ES7800496192142816126950, con nombre, apellidos y DNI, o por PayPal: en www.laocratas.es", señalan en un comunicado.

Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares, el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento, para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió dicho protocolo. Ninguno de los tres partidos se encuentran en este momento personados, a falta de depositar las cantidades señaladas.