El Gobierno intenta desactivar la calle con medidas adaptadas a las demandas sociales

PSOE y Unidas Podemos siguen completando su pacto programático a través de reuniones con agentes sociales que han incrementado la presión sobre el nuevo Gobierno para que se materialicen sus demandas. Medidas urgentes para aliviar la crisis del campo tras intensificarse las protestas del sector agrícola, cambios en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos para frenar los desahucios por alquiler, atendiendo a las demandas de la PAH y el Sindicato de Inquilinos, o el impulso de la ley conocida como de 'solo sí es sí' para canalizar una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista antes del 8-M.

El último acuerdo para modificar el pacto programático entre socialistas y morados responde directamente a una campaña de los colectivos en defensa de la vivienda digna, que emprendieron la campaña de protesta 'Moratoria real ya' para que, como ha anunciado ahora el Gobierno, la moratoria en los desahucios se aplicase también a los casos de alquiler. Pablo Iglesias se reunió con estos colectivos el pasado 21 de febrero en la sede de su vicepresidencia, donde "el movimiento por el derecho a la vivienda fue muy crítico con nosotros y presionó para que se pusieran sobre la mesa compromisos de gobierno que entendían que no eran sólidos", como ha reconocido el líder de Podemos.

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Desde la PAH, se celebraba el anuncio con un mensaje triunfal en redes sociales: "Lo hemos conseguido", añadiendo que "nuestra campaña de presión, 'Vivienda por derecho', empieza a recoger sus frutos: El Gobierno no solo prorrogará y mejorará la moratoria hipotecaria, acaban de hacer público su compromiso a una moratoria en los desahucios de alquiler". Hace solo unos días, habían arremetido contra el Ejecutivo trasladando que no estaba trabajando con urgencia en esta materia. "Una prórroga continuista a las políticas del PP no nos vale y el Gobierno progresista, si realmente está en la labor de garantizar el derecho a la vivienda, debe tener la altura suficiente para frenar la sangría de los desahucios con medidas valientes", criticaron tras una primera reunión en la sede de la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

La portavoz de la PAH, Alejandra Jacinto, calificaba, a través de las redes sociales, la adopción de medidas por parte del Ejecutivo de "enorme victoria". Las protestas contra el Gobierno progresista de un movimiento del que participaron no pocos de los dirigentes que ahora forman parte de la dirección de Podemos quedan de momento paralizadas.

Las protestas en las calles que protagonizó el sector agrícola también se han comenzado a atajar tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un paquete de medidas urgentes para paliar la crisis agraria. El proceso fue similar, con la celebración de reuniones entre sindicatos y asociaciones representativas de los agricultores y los ministerios concernientes. De los últimos encuentros, como el celebrado en Trabajo, formó parte Pablo Iglesias. En dicha cita con las patronales y Trabajo, el vicepresidente animó a los agricultores a seguir con sus reclamaciones.

Opinión

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Tras varias semanas de reuniones, el Gobierno sacó adelante un decreto que, entre otras cuestiones, pone el foco en los precios en origen, incluyendo la prohibición de la venta a pérdidas y de las promociones engañosas. Algunas organizaciones agrarias asociaron la adopción de estas medidas con "una conquista histórica de las manifestaciones". Sin embargo, las medidas no fueron satisfactorias para todas las organizaciones, y desde Asaja ya han anunciado nuevas movilizaciones el 19 de marzo para exigir "el cumplimiento de los acuerdos de la UE con terceros países para evitar la competencia desleal y el hundimiento de precios de nuestros productos", mientras continúan las negociaciones con el Gobierno. La próxima reunión será el 11 de marzo en el Ministerio de Agricultura, en el marco de la mesa de trabajo para seguros agrarios, mientras que en los próximos días está previsto convocar mesas interministeriales relativas a la fiscalidad o a los costes energéticos. Las protestas todavía no han sido sofocadas.

La ley de libertades sexuales del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, se defendió como una conquista del movimiento feminista, aunque el proceso no estuvo exento de enfrentamiento internos en el Gobierno de coalición, precisamente por la urgencia de llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros antes del 8-M. Una promesa que adquirió Igualdad y cuyo incumplimiento no dejaría en buena posición al Gobierno a las puertas de las manifestaciones convocadas el pasado domingo coincidiendo con el Día de la Mujer. La ministra Irene Montero pudo acudir a las marchas con una camiseta morada con la leyenda 'solo sí es sí'.

Podemos ha situado entre sus principales objetivos en el Gobierno el de canalizar las demandas de la sociedad civil. En el documento político que defenderá el equipo de Pablo Iglesias en la tercera asamblea del partido, se especifica la voluntad de trabajar con estos sectores "para construir nuevas bases sociales, económicas y políticas que impulsen la esperanza de justicia social, democracia y libertad real que siempre han empujado nuestra propia organización". Asimismo, se añade que "frente a las presiones de aquellos que quieren ejercer el poder sin presentarse a las elecciones, es importante el empuje del movimiento popular, que tire de la cuerda para la articulación de nuevas conquistas democráticas, desempeñando de este modo una labor de presión social que imponga la agenda social frente a las fuerzas reaccionarias y al poder de las élites".