El difícil calendario de la legislatura

PNV y ERC piden a Sánchez renunciar a los Presupuestos de este año y sacar los de 2021

El Gobierno y los independentistas blindan la mesa de diálogo sobre Cataluña y trabajan de forma discreta para las futuras reuniones

Foto: Pedro Sánchez charla con el 'vicepresident' del Govern, Pere Aragonès, antes de la primera reunión de la mesa de diálogo, el pasado 26 de febrero. (EFE)
Pedro Sánchez charla con el 'vicepresident' del Govern, Pere Aragonès, antes de la primera reunión de la mesa de diálogo, el pasado 26 de febrero. (EFE)
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Al traspasar la pequeña entrada, en el salón, asoma a la derecha una gran vidriera con la representación femenina de la República con gorro frigio y bandera, pero portando la estelada; un gran cuadro con el retrato de Nelson Mandela y a la izquierda una pintura alegórica que refleja a un policía nacional esgrimiendo la porra ante pacíficos ciudadanos, y, a un lado, como un símbolo y un deseo presente, una de las urnas de plástico del 1 de octubre de 2017. Todos estos elementos, parte mínima de los regalos recibidos, constituyen la abundante iconografía que rodea a Carles Puigdemont a diario.

Hacia esa casa de Waterloo se dirigen las miradas de recelo del Gobierno de Pedro Sánchez y de ERC cuando se trata de analizar la viabilidad y el futuro de la llamada mesa de diálogo con Cataluña, que se constituyó en la Moncloa el pasado 26 de febrero.

Toda esa simbología tuvo continuidad en el acto de Perpiñán del pasado fin de semana que, con participación de Carles Puigdemont y de Quim Torra, se inclinó más hacia la vía unilateral que hacia el nuevo clima de diálogo que se pretende.

A esa carga emocional, que fue fundamental en el estallido del 'procés' en 2017 y en los resultados de las autonómicas del 155, le temen especialmente el Gobierno y ERC de cara a las próximas elecciones catalanas.

Ambos se han conjurado para blindar el proceso de diálogo. Lo han blindado, incluso, de las declaraciones públicas de los políticos independentistas a la espera de las elecciones catalanas que podrían celebrarse en una fecha indeterminada entre junio y octubre.

Hasta entonces, vienen a decir, lo importante no es lo que se diga, sino lo que se haga, precisamente para no dar alas a los reacios a la vía del diálogo. Y contraponen la situación actual con la que se vivía en Cataluña hace solo cuatro meses y, por supuesto, a finales de 2017. Todo está basado en un equilibrio difícil en el que otra de las patas es la presión de la calle, de las bases del independentismo.

En la Moncloa explican que son conscientes de que no se puede pedir a ERC renuncias antes de esas elecciones y se preparan para escuchar lo que no les gustaría oír, pero insisten en la máxima de que "quien acepta el procedimiento, acepta el resultado". Es decir, en que no se ha valorado suficientemente, según su opinión, que el independentismo haya aceptado sustituir la vía unilateral de 2017 por una mesa de diálogo, por muy incipiente que sea. Valoran que ahora el independentismo se esfuerce en evitar sobrepasar la línea de la legalidad, especialmente desde el Parlament, bajo la presidencia de Roger Torrent.

Su esperanza estratégica es hacer que el diálogo sea un valor político apreciable, como lo fue el talante en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Y que quienes desde el independentismo promueven la mesa no sean penalizados por los más radicales en favor de las tesis de Puigdemont.

Para ERC es fundamental el compromiso de Sánchez de acabar el proceso con una votación en Cataluña. Ni Sánchez ni ERC pueden permitirse que esa vía fracase y ese es, probablemente, el mejor soporte de la mesa, según coinciden en explicar.

Por eso, con la citada reticencia hacia la posición de Puigdemont y las dudas sobre quién será el partido hegemónico en el independentismo catalán tras las elecciones, las dos partes han puesto en marcha una forma de trabajo discreta muy similar a la de las cumbres europeas, con 'sherpas' que establecen contactos y allanan el camino. Y con mesas B, C y D que trabajan discretamente para que se celebren sin romperse las mesas A, las que acaparan las fotos.

Por ejemplo, los gabinetes de la Moncloa y de la presidencia y la vicepresidencia de la Generalitat trabajan para que, hacia la tercera semana de marzo, pueda celebrarse la segunda reunión. Será esta vez en el Palau de la Generalitat, en Barcelona.

Es protagonista fundamental Pere Aragonès, número dos de la Generalitat y próximo candidato de ERC, y por el lado de la Moncloa se ha reducido el papel de Carmen Calvo, cuestionada permanentemente por el sector de Podemos en el Gobierno y, sobre todo, por el equipo de Iván Redondo.

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En esas conversaciones cruzadas, la dificultad es establecer un orden del día y unas prioridades. Varios de los asistentes a la primera explican su preferencia a un sistema de trabajo en el que puedan abordarse primero los asuntos en los que sea posible ir presentando acuerdos, sin esperar a un pacto global mucho más difícil y condicionado a acontecimientos políticos como las elecciones catalanas y la política en el resto de España.

Sí hay algunas coincidencias sobre funcionamiento, como la ya conocida de la periodicidad mensual de las reuniones y otras como la flexibilidad en su formación, es decir, que puedan entrar y salir miembros en función de los temas a tratar.

La primera reunión sirvió para escenificar el diálogo y para unificar el lenguaje, aunque en la práctica fuera una exposición de las posiciones previas de cada uno, casi una sucesión de monólogos con muchos reproches.

Además, y de forma complementaria, Gobierno y ERC mantienen una eficaz interlocución que, por ejemplo, terminó con Gabriel Rufián en la Moncloa para lograr de Pedro Sánchez que no se aplazara la constitución de la mesa de diálogo. O para que ERC no bloquee iniciativas como el techo de gasto que acaba de superar el trámite en el Congreso y el Senado. E intervienen en otros niveles miembros de ERC como Marta Vilalta y Josep María Jové.

Tiene vías paralelas como la relación entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà para avanzar en medidas relacionadas con la memoria histórica.

También se habla de Presupuestos Generales del Estado. O, más bien, de las fechas para tramitar esos Presupuestos, porque socios del Gobierno como ERC y PNV entre otros, han trasladado a Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias que, en su opinión, sería conveniente no forzar ahora la aprobación de las cuentas y esperar, como mínimo, a otoño para que entren en vigor el 1 de enero de 2021, según fuentes del Gobierno.

La Moncloa no ha tomado una decisión, pero valora con firmeza esa opción de aplazar las cuentas, so pretexto de la falta de garantías para sacarlos adelante antes de verano. Por el momento no han empezado siquiera los contactos para las cuentas y todo parece indicar que se demorarán, aunque el Gobierno ya se ha asegurado la aprobación de la senda de déficit hasta 2023.

El calendario ayuda a la tesis del aplazamiento, porque hay que esperar a las gallegas y vascas del 5 de abril. Otra variable imprecisa es la de las elecciones catalanas, que podrían ser entre junio y octubre y que distorsionarían toda esa previsión. También la decisión judicial sobre Torra y su inhabilitación.

Hace un año el Gobierno ya tuvo dudas e incluso Sánchez llegó a anunciar que no los presentaría en las Cortes. Finalmente lo hizo y perdió aquella votación por el rechazo de nacionalistas e independentistas.

Ahora el Gobierno vuelve a dudar y esgrime la petición de sus socios para valorar no presentarlos y esperar a los de 2021 que deberían empezar a tramitarse en octubre.

Hacienda explica que si los presentara después de las vascas y gallegas, como la tramitación dura unos tres meses, estarían en vigor en agosto. En caso contrario, presentaría el proyecto de ley a finales de septiembre e incluso la primera votación podría ser después de las catalanas, aunque fueran en octubre. Según el Gobierno, eso facilitaría el apoyo de ERC y evitaría que le penalizara esa votación en las elecciones.

Algunos de los miembros de la mesa de diálogo, y no precisamente los procedentes del Gobierno, sostienen que para después de esos comicios sería necesario intentar un acercamiento hacia el PP, imprescindible para el futuro, por muy difícil que ahora pueda parecer lograrlo.

Algo queda de la reticencia del PSC hacia ERC y el temor de los dirigentes del partido de Oriol Junqueras a un vuelco en las encuestas como se produjo en 2017. En aquellas elecciones, celebradas bajo el impacto del 155 y una profunda agitación social, ERC partía también con ventaja en las encuestas y terminó superada por el partido de Puigdemont.

Pero, por encima de todo, el Gobierno recela de la presión de Puigdemont y, por eso, el primer escalón para facilitar el éxito de su gran apuesta de diálogo es lograr que a ERC le vaya bien, es decir, desconectar Waterloo y superar la simbología que adorna la apacible casa de la localidad belga y que pretende mantener vivos los acontecimientos de 2017.

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