Los Franco demandan a España ante Estrasburgo y alegan "grave discriminación"

Derecho a la vida privada y familiar, prohibición de discriminación y derecho a un proceso equitativo. Esos son los tres pilares sobre los que se apoya la demanda que han presentado los nietos de Francisco Franco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la exhumación del dictador. La familia confía en que Estrasburgo condene a España por sacar a Franco del Valle de los Caídos sin su consentimiento y por negarles un entierro en la catedral de la Almudena, demandas que ni el Supremo ni el Constitucional atendieron en su momento.

Si el TEDH declara ahora que sus derechos fueron vulnerados, la sentencia obligará al Gobierno a pagarles una indemnización, pero en ningún caso abriría la puerta a que los restos de Franco vuelvan a Cuelgamuros. Por el momento, Estrasburgo tiene que decidir si admite a trámite el escrito, en cuyo caso se abrirá un plazo para que el Ejecutivo presente alegaciones.

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Los recurrentes argumentan que, "bajo la apariencia de una legislación general e imparcial", la reforma de la Ley de Memoria Histórica "no tenía otro objetivo [...] que el de proceder exclusivamente a la exhumación". El abogado Luis Felipe Utrera-Molina asegura que se trata de una ley de caso único que vulnera "el derecho a la vida privada y familiar de los demandantes", para lo que pone el foco en que no se les permitió disponer de los restos de un familiar fallecido.

Según sostiene, esta ley no responde a ninguno de los motivos que, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pueden justificar una limitación del derecho a la vida privada y familiar: seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico, defensa del orden, prevención de infracciones penales, protección de la salud o de la moral o protección de los derechos y las libertades de los demás.

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A esta crítica se suma el hecho de que el Gobierno fijara "arbitrariamente un lugar de titularidad estatal" para la reinhumación, refiriéndose así a cómo el Ejecutivo ordenó que los restos fueran al cementerio de El Pardo-Mingorrubio y no a la catedral de la Almudena, como pedía la familia. "El Consejo de Ministros, que para los recurrentes ha expropiado de hecho el cadáver de Francisco Franco, vulnera así el derecho de las personas a decidir sobre el destino de los restos mortales", sostiene su defensa.

Utrera-Molina considera además que la ley es "gravemente discriminatoria" porque se presentó como "de urgente y excepcional interés público" para poder exhumar de Cuelgamuros a todos los que "no hubieran fallecido a resultas de la Guerra Civil", pero por el momento solo se han sacado los restos del dictador: "La discriminación sufrida supone que los recurrentes han recibido un trato perjudicial respecto de los familiares del resto de las 191 personas inhumadas en el Valle de los Caídos sin ser víctimas de la Guerra Civil".

El último punto de la demanda carga a su vez contra el Supremo y el Constitucional, a los que acusa de haber "dañado gravemente el derecho de los recurrentes a un proceso equitativo". La familia alega que sus resoluciones "adolecen de graves defectos de motivación, incluida la incongruencia y la falta de respeto al principio de distribución de la carga de la prueba en los casos de discriminación, recurren a formalismos excesivos y desconocen la reiterada jurisprudencia aplicable".