El desahucio de Marina, la octogenaria que no podía pagar la residencia, parado

“Más contenta no puedo estar”. Cuenta Adela que a su madre le ha cambiado el humor desde que sabe que ya no tiene que preocuparse por el dinero. Hace un mes, El Confidencial publicaba su historia, la de una anciana de 86 años a punto de ser desahuciada de la residencia por haber agotado sus ahorros y no tener con qué pagarla. Marina, como se llama esta vecina octogenaria de Villanueva de Córdoba, podrá seguir viviendo en su centro de mayores gracias a una benefactora que, después de leer el reportaje, costeará la estancia hasta que la Junta de Andalucía resuelva su situación.

“Solo puedo dar las gracias, porque no sé si esto ha sido un milagro”, explica Adela, la hija de Marina, a este medio después de semanas de llamadas y gestiones con los portavoces de la benefactora anónima. “No sé nada de ella, solo sé que leyó el reportaje, que le impactó la situación en la que estaba mi madre y que quiso ayudarnos”, relata. “Esto es un regalo, y bien grande —insiste—; me alegro de haber denunciado la situación en la que estaba mi madre, porque de lo contrario no sabríamos qué hacer”.

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El desahucio de Marina: la anciana de 86 años que no puede pagar la residencia

Pepe Barahona Fotos: Fernando Ruso

El pasado 5 de febrero, se publicó "El desahucio de Marina: la anciana de 86 años que no puede pagar la residencia", un reportaje en el que, a lágrima viva, su protagonista hacía un llamamiento: “Me gustaría que me ayudaran”.

Hacía pocos meses que vivía a tiempo completo en la residencia Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, situada en el Valle de los Pedroches. El desencadenante fue una caída y una posterior operación de prótesis de cadera. Desde octubre, Marina se movía en una silla de ruedas y conectada de forma permanente a un respirador. En su situación, su familia ya no podía atenderla.

Marina tomó ella misma la decisión de irse a una residencia. Debía dejar su casa atrás, aunque no le pesó. Siempre fue consiente de que necesitaba una ayuda que su hija, Adela, la única que vive cerca de ella, ya no podía darle. Sí pesaban los 1.700 euros que debía abonar mes a mes al centro para mayores. Ese es el precio por una plaza privada en la zona. Pensó que la Junta de Andalucía actuaría con celeridad, resolvería en poco tiempo su nueva valoración y le asignaría una plaza concertada. Pero no.

Los ahorros fueron menguando y la desesperación de la familia incrementándose. A Marina le ocultaban lo que le quedaba “en la cartilla”. “Le enseño una captura de la pantalla de cuando había dinero para que no se asuste; es muy triste, pero no quiero que ella haga sus cálculos y sepa el tiempo que le queda en la residencia. Tiene ya una edad y lleva las cosas de otra manera”, justificaba en el reportaje Adela.

De poco servía la mediación que la Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes, una asociación que ayuda a las familias del Valle de los Pedroches, hacía con la Junta de Andalucía. “Temíamos cada recibo que cargaban en la cuenta, ¿de dónde íbamos a sacar el dinero? Ver cómo mes a mes va bajando la cantidad en la cuenta y no poder nacer nada… Eso hay que vivirlo. ¿Qué milagros podíamos hacer?”, se pregunta Adela.

La Fundación Legálitas, mediadora

“Pero el milagro llegó —narra la hija de Marina—, me alegro de haber sido valiente y haber dado a conocer la historia de mi madre. En la comarca hay casos más sangrantes que el de mi madre, pero la gente no se atreve a denunciarlos. Puede que sea por vergüenza, ¿pero qué vergüenza? ¿Por qué? Vergüenza debería tener la Administración, que tiene a personas mayores que se mueren sin que solucionen sus problemas. No hemos pedido limosna, solo justicia”.

Días después de publicarse el reportaje en El Confidencial, la Fundación Legálitas se puso en contacto con los autores. Entre los objetivos de esta organización está el de ayudar a colectivos de personas indefensas o carentes de atención social, principalmente menores. “De vez en cuando, surge la posibilidad de atender casos puntuales”, explica el director de Comunicación de Legálitas, David Jiménez. “En esta ocasión, una persona se puso en contacto con nosotros, nos informó de que había leído el reportaje de Marina y que deseaba ayudar”, detalla.

La Fundación Legálitas ha actuado de intermediaria entre la benefactora anónima y la familia de Marina. Ellos son quienes han firmado un acuerdo con la octogenaria y con la directora del centro de mayores Virgen de Luna por el que se harán cargo de la diferencia entre la pensión que recibe la anciana y el importe de la residencia. Unos 1.000 euros al mes. “Al menos hasta que la Junta de Andalucía asigne una plaza concertada a esta señora”, zanja Jiménez.

En paralelo, la Administración andaluza también ha agilizado los trámites para zanjar el asunto. Según cuenta Adela, hace un par de semanas, Marina tuvo la visita de la trabajadora social de la zona, que ha aprobado una ayuda de unos 300 euros al mes en tanto se le asigna una plaza definitiva. “Me temo que pueden pasar años hasta que nos den la plaza en la residencia en la que está ahora mi madre; pero parece que la cosa se ha agilizado después de haberse publicado el reportaje”, confirma.

Por eso anima a otras familias a que denuncien sus casos. “Que son, si cabe, mucho más sangrantes que el de mi madre”, afirma Adela. “Hay que ser valientes —zanja—; si no hubiésemos contado nuestra historia, ¿qué habría sido de nosotras?”.