Interior se ahorra 300 millones: rechaza a 70 policías prejubilados que pedían volver

El acuerdo para la equiparación salarial del Ministerio del Interior del Gobierno anterior —el presidido por Mariano Rajoy— planificó un calendario de subidas de sueldo escalonadas para policías nacionales y guardias civiles con el fin de que los funcionarios de ambos cuerpos de seguridad terminaran equiparando su renta anual a la de los Mossos d'Esquadra. Pero no era lo único que contemplaba el pacto firmado por el entonces ministro, Juan Ignacio Zoido, y la totalidad de sindicatos y asociaciones profesionales de las dos corporaciones.

Ambas partes acordaron también dentro del mismo pacto destinar 100 millones de euros al año durante tres ejercicios seguidos que culminarían en 2020 (300 millones en total) para facilitar la reincorporación a sus respectivos institutos armados de policías nacionales y de guardias civiles que se hubieran prejubilado durante los últimos años. Sindicatos y asociaciones habían detectado una demanda de personal en situación de segunda actividad o de reserva que quería volver a ejercer y a recuperar, por lo tanto, su antiguo sueldo, dado que al pasar a la prejubilación habían perdido algo de capacidad adquisitiva.

La drástica reducción de plantilla que habían sufrido las dos corporaciones como consecuencia de la escasa oferta de empleo público que había sacado el Gobierno en la última década había dejado a la Policía y a la Guardia Civil bajo mínimos. En ese contexto, tanto sindicatos como asociaciones profesionales propusieron dar la posibilidad a los prejubilados de regresar a puestos administrativos dentro de sus respectivos cuerpos y liberar así a compañeros más jóvenes que se hicieran cargo de labores más operativas. El plan tenía sentido y así se incluyó en el mencionado acuerdo de equiparación salarial.

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Sin embargo, la realidad parece indicar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene intención de poner sobre la mesa los 300 millones de euros que había comprometido su antecesor en el cargo. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno tras la pregunta planteada por la diputada de Vox en el Congreso Macarena Olona, tras una información de El Confidencial que ponía sobre la mesa que las primeras reclamaciones fueron rechazadas por el ministerio, el departamento dirigido por Grande-Marlaska no ha aceptado ni una sola solicitud de policías que decidieron pasar a segunda actividad por si lo permitía su edad.

En concreto, de las 56 solicitudes formales que recibió Interior en los años 2018 y 2019 (no están contados aquí los 14 que lo pidieron entre 2014 y 2017), en las que ya estaba vigente el citado acuerdo de equiparación, de policías que se encontraban en situación de prejubilación, ni una sola ha sido aceptada por las autoridades del ministerio, que tan solo ha admitido a unos pocos funcionarios que pasaron a segunda actividad por cuestiones de pérdida de aptitudes. De los 30 que reclamaron incorporarse a sus antiguos puestos después de haber sufrido algún problema en su momento que les redujera las capacidades, tan solo cinco han sido aceptados por el ministerio, que ha rechazado por lo tanto a otros 25 al considerar que no eran aptos para volver a ser policías.

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En relación con los guardias civiles, en la citada respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso El Confidencial, el Gobierno da a entender que estos no tienen derecho a retornar al cuerpo una vez que se han prejubilado. "Desde la situación de reserva, se podrá pasar a las demás situaciones excepto a la de servicio activo", subraya el Gobierno en el citado escrito remitido al grupo de Vox en el Congreso. El Ejecutivo basa esta conclusión, según alega, tanto en la Ley de Personal de la Guardia Civil de 2014 como en el reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil de 2017. Se puede deducir, por lo tanto, de esta apelación normativa que el ministerio no ha aceptado ni aceptará el regreso de funcionario prejubilado alguno a su antiguo instituto armado.

Cualquier asunto vinculado con la equiparación salarial está siendo un tema espinoso en el seno de la Policía y de la Guardia Civil durante los últimos días. Ayer, la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó la tramitación de la iniciativa legislativa popular emprendida por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol para equiparar el salario de todos los cuerpos policiales que operan en el país para siempre. El órgano se alineó de este modo con la disconformidad planteada por el Gobierno en relación con esta propuesta y se niega siquiera a tomarla en consideración. Sindicatos y asociaciones anunciaron más movilizaciones e incluso demandas contra el Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez no rechaza la aprobación de una ley, pero no la que propone Jusapol, ya que considera que esta se supedita a las decisiones de los ejecutivos autonómicos y locales, al incorporar un punto que establece que si los órganos regionales suben el sueldo a sus cuerpos de seguridad, inmediatamente deben incrementar sus salarios en la misma proporción la Guardia Civil y la Policía Nacional. De hecho, el Ministerio del Interior ha promovido una comisión en el Senado para estudiar la aprobación de una nueva norma. Los sindicatos de ambas corporaciones y Jusapol recuerdan al Ministerio del Interior que el acuerdo de equiparación salarial incluía la aprobación de una legislación que garantice la igualdad de salarios para siempre.