El Gobierno se niega a tramitar la ley de equiparación salarial de policías y guardias

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular emprendida por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol para equiparar el salario de todos los cuerpos policiales que operan en el país para siempre. El órgano se ha alineado de este modo con la disconformidad planteada por el Gobierno en relación a esta propuesta y se niega siquiera a tomarla en consideración.

"Lo que ha ocurrido estaba dentro de lo esperado porque ya lo anunció el Gobierno", valora Francisco García, portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, asociación que se ha unido a la convocatoria realizada por Jusapol para esta mañana en torno a Las Cortes. El particular 'Rodea el Congreso' que han protagonizado alrededor de 30.000 funcionarios, según Jusapol, ha servido para visibilizar el malestar que tienen los policías y los guardias que pretendían regular esta alineación salarial.

Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario del cuerpo que surgió precisamente de Jusapol, asegura que la ley saldrá "sí o sí". "El Gobierno no se reirá más de nosotros", añade el representante sindical, que afirma que ahora se abrirá un periodo de debate interno en el seno de la organización en el que los policías y guardias civiles acordarán sus próximos pasos. En cualquier caso, advierte, lo que está claro es que la asociación emprenderá acciones legales contra este rechazo por parte la Mesa del Congreso, dado que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que concluye que la iniciativa no puede rechazarse una propuesta cuando compromete los presupuestos de futuros ejercicios, no de este año, como ocurre en la iniciativa en cuestión. Además, añade, a buen seguro habrá más manifestaciones y propuestas. "No podemos hacer huelga, pero buscaremos otras fórmulas de visibilizar nuestro desacuerdo".

"Ahora toca ver qué hace el Gobierno para cumplir la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial", agrega García precisamente en relación a ese punto en el que el pacto prevé desarrollar una ley de equiparación salarial a nivel nacional. El acuerdo firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que asumió el Ejecutivo de Pedro Sánchez, preveía un desembolso de 807 millones de euros destinados a aumentar el sueldo a todos los policías y guardias civiles que se abonarían en tres tramos, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, con el fin de que estos funcionarios cobraran lo mismo que los Mossos d'Esquadra, que era el cuerpo de referencia.

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Los dos primeros ya han sido ejecutados y solo falta por ingresar en los bolsillos de policías y guardias el denominado tercer tramo. En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció que no tendría ningún problema en desembolsar el último tramo, pero que primero tenía que esperar a que asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional acordaran el porcentaje que se llevaba cada corporación, que ha sido un punto de controversia en los dos primeros tramos.

"Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sentimos que haya decaído la Iniciativa Legislativa Popular, ya que también era un instrumento jurídico válido", valoran desde la asociación más numerosa de la Guardia Civil. "Hay que tratar los posibles desajustes económicos tras la ejecución de los tres tamos salariales recogidos en el acuerdo y comenzar los trabajos para cumplir la cláusula octava de éste impulsando las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar la equiparación total y que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre cuerpos policiales que realizan las mismas funciones", sostienen desde la AUGC.

Aun hoy desde el Ministerio del Interior se muestran claros en que cumplirán el acuerdo en lo concerniente a este tercer tramo. "Cuando se abone en los próximos meses con efecto retroactivo, los agentes de cada uno de los cuerpos cobrarán de media un 20% más al mes que en 2017", recuerdan desde el departamento dirigido por Grande Marlaska, que justifica sin embargo el veto a la iniciativa legislativa popular con "varios motivos". "Supondría supeditar la política retributiva del estado a los gobiernos autonómicos y locales, pues pretende ligar el sueldo de Policía y Guardia Civil a cualquier futura subida salarial de los cuerpos policiales no solo autonómicos, sino también locales", argumentan desde Interior.