Otro Gobierno, otra ley educativa: qué cabe esperar de la Lomloe, la octava en 40 años

No hay primavera sin sus flores y sus alergias, y no hay cambio de Gobierno sin su ley orgánica de educación. Es previsible que este martes se apruebe en Consejo de Ministros la Lomloe antes de comenzar su andadura parlamentaria. La octava ley educativa de la democracia, sucesora de LGE, Loece, LODE, Logse, Lopeg, LOCE, LOE y Lomce, vigente desde 2013 y que será derogada por la nueva propuesta, uno de los primeros mascarones de proa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hay varias razones por las que la Lomloe se ha convertido en una de las primeras medidas de la nueva legislatura, algunas más poéticas y otras un poco más prosaicas. La poética, que el Gobierno PSOE-UP pretende que la educación se convierta en un eje esencial de la nueva legislatura tanto por su carácter estratégico como por su relación con otros temas transversales (empleo, transición digital y ecológica, reto demográfico, conciliación familiar).

Las leyes educativas siempre corren prisa, para evitar que, como ha ocurrido en otras ocasiones, sean derogadas antes de entrar en vigor

La prosaica, que era un proyecto ya desarrollado hace más de un año y, por lo tanto, ha requerido de un esfuerzo casi inexistente de redacción y negociación. Fue, de hecho, el broche de la legislatura de Pedro Sánchez, aprobada en Congreso de Ministros el mismo día que el presidente anunciaba elecciones. Lógicamente, nunca pudo ser debatida en el Congreso. La Lomloe llevaba un año empaquetada y lista para salir hacia el Congreso en espera de que la aritmética electoral hiciese su magia.

Si hay prisa, se debe también a que el tiempo corre en su contra si se pretende que la ley se implante en el próximo curso, 2020/21, algo que ha llevado a acelerar procedimientos y acortar plazos. Especialmente en lo que se refiere a un currículo que se promete “menos memorístico”. Es una de las maldiciones de las leyes educativas, que pueden ser derogadas antes incluso de entrar en vigor, como ya ocurriese con la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), promulgada en 2002 durante la segunda legislatura de José María Aznar y paralizada en 2004 por el Gobierno socialista de Zapatero. Por eso, las leyes educativas, que proponen grandes cambios que tan solo pueden verse tras el paso de los años, siempre corren prisa.

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También es cierto que, a diferencia de otras leyes orgánicas, que generan automáticamente la razonable respuesta de “¿es necesaria otra ley más?”, la Lomloe sí nace a partir de un consenso generado por la propia Lomce, una ley que ya solo defiende Wert y que fue capaz de poner de acuerdo a partidos de todo pelaje: la primera medida educativa que tomar una vez el PP abandonase el poder era acabar con la que probablemente haya sido la ley educativa más polémica de la democracia española (que ya es decir).

Ello condujo a que en julio de 2013, toda la oposición parlamentaria de aquel momento, con la excepción de UPyD, UPN y Foro de Asturias, firmase un compromiso para derogar la conocida como ley Wert “en la próxima legislatura”. Así fue. En cuanto llegó el PSOE al poder, puso en marcha una nueva ley que sustituyese a la anterior —una ley orgánica no puede 'derogarse' tal cual sin otra que la sustituya—, un proceso que culminó el mismo día que terminaba la legislatura.

El nombre se presta a no pocos juegos de palabras, tanto como enmienda de la Lomce como recuperación de la LOE, ley educativa de Zapatero

Tanto es así que el propio Partido Popular organizó en diciembre de 2016 una subcomisión en el Congreso para alcanzar un acuerdo para una nueva ley de educación popular que terminó con el PSOE levantándose de la mesa. Hubo no pocos enfrentamientos a cara de perro entre los distintos actores, como explican algunos de los más de un centenar de ponentes que pasaron por el Congreso a lo largo de 15 meses. El desencuentro final fue el gasto en educación, que el PSOE pedía que no fuese inferior al 5%.

¿Qué es la Lomloe? Textualmente, las siglas significan Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, y su formación ha dado pie a no pocas bromas y juegos de palabras entre la comunidad educativa. No solo por el enrevesado trabalenguas a lo hermanos Marx (“la parte contratante de la primera parte...”), sino también por lo que parece una enmienda lingüística a la Lomce. Al fin y al cabo, Lomloe es Lomce sustituyendo “calidad educativa” por “Loe”… la ley educativa del Gobierno Zapatero que fue enmendada por Wert. Muy lejos queda ya la Logse, la ley cuyo nombre nadie se atreve a pronunciar.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, encabezado por la ministra Isabel Celaá, siempre ha querido marcar ciertas distancias con la LOE recordando que aunque el espíritu sea parecido, los retos a los que debe hacer frente son muy diferentes. Pero muy probablemente gran parte de las ampollas que levante en relación a temas como la asignatura de religión o los colegios concertados sean semejantes a los de hace 15 años. Es lo que suele ocurrir con las leyes educativas: en pocos ámbitos tanto como en este, la distancia entre lo que un Gobierno se propone y el debate que genera es tan amplia.

Los pilares de la reforma

La Lomloe, guiándose por el principio de excelencia y equidad, tiene en agenda unas cuantas apuestas que se hacen eco de reivindicaciones educativas, pero también del ámbito empresarial. Estratégicamente, y como muestra la separación del Ministerio de Universidades para darle relevancia, la reforma de la Formación Profesional es uno de los principales pilares, a través de una “redignificación” que intenta acabar con viejos estigmas. Entre las estrategias, una revisión profunda de las titulaciones de FP: la pasada semana se aprobaba la creación de un nuevo título de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, dentro del marco de “ampliación del catálogo de títulos” del I Plan Estratégico de FP 2019-22.

El objetivo es 'engordar' la formación media a través de la Formación Profesional, menos extendida que la universitaria y los no titulados

Si tan importante resulta la FP en este contexto es porque mata varios pájaros de un tiro: por un lado, el del desempleo juvenil —desde el ministerio, se recuerda el dato de que el paro entre los graduados en FP es cuatro veces inferior a la media—, el del modelo productivo español —las grandes empresas están viendo con muy buenos ojos este impulso a la FP— y del dato que tanta vergüenza provoca en los corrillos institucionales: el del fracaso escolar, que provoca que casi una cuarta parte de los jóvenes no obtenga ni siquiera el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El objetivo, por lo tanto, es intentar atajar la situación y que todos los estudiantes titulen, ya sea en ESO o en FP. Otra medida relacionada es la eliminación de los itinerarios en la ESO y lo que se consideraban “barreras” de la Lomce, que provocaban que elecciones que se tomaban a corta edad condicionasen el resto del devenir educativo del alumno. La repetición será considerada como un recurso “excepcional” al final de cada etapa. Se acabaron las polémicas pruebas de final de etapa de la Lomce, aunque se mantendrán evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria y 2º de la ESO que en ningún caso servirán para establecer 'rankings' de centros.

Al fin y al cabo, Celaá fue consejera de Educación con Patxi López entre 2009 y 2012 en el País Vasco, región que suele ser utilizada como ejemplo cuando se habla de Formación Profesional. El objetivo, que esta absorba a alumnos de todo tipo, no solo aquellos que provengan de la ESO sino también como alternativa a la universidad. Hay que engordar el cinturón medio de formación, ha insistido la ministra, que es el que se demandará en el futuro, porque tenemos la cabeza (universitaria) y los pies (sin titulación) demasiado desproporcionados en comparación con el escenario 50-30-15.

Mirando a Finlandia

Cómo no, la inspiración manifiesta o implícita para algunas de las medidas se encuentra en países escandinavos como Suecia o Finlandia. Lo hace, por ejemplo, con el empujón a la educación infantil 0-3, uno de los aspectos en los que España aparece mejor posicionada a nivel internacional y que se extenderá con “un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de Educación Infantil, de manera que avance hacia una oferta suficiente con equidad y calidad y garantice su carácter educativo”. El objetivo, las capas más desfavorecidas de la sociedad, por el “carácter compensatorio” de la educación infantil.

A lo largo del próximo año se desarrollará la carrera docente, que contempla una especie de MIR para profesores con un año de prácticas

Ha sido uno de los temas que más interés han despertado, según la memoria de la ley, que resume los 43.639 correos recibidos en la consulta pública previa. También la carrera y la formación docentes, que cristalizarán en un Estatuto del Personal Docente y una especie de DIR (en referencia al MIR) para profesores con un año de prácticas tuteladas que ha levantado no pocas preguntas, como su posible remuneración o a quién corresponden esas competencias. Es uno de los temas que habrá que desarrollar a través de un decreto-ley en el año posterior a la aprobación de la Lomloe.

La ministra sacó pecho hace un par de semanas cuando eliminó los requisitos académicos y rebajó la nota hasta un cinco para obtener una beca. El anteproyecto contempla un aumento de la inversión en prestaciones a los estudiantes, el crecimiento de las cuantías fijas o la modificación de los umbrales de renta, al cambiar los polémicos criterios establecidos por Wert.

Las batallas que vienen

La nueva ley emerge en un contexto de tensión educativa entre la Administración central y algunas comunidades gobernadas por el PP y Vox, a propósito de la polémica del pin parental nacida en Murcia. La Lomloe intenta recuperar parte del poder perdido en manos de las CCAA, al establecer, como ya ocurría en la LOE, que el Gobierno central decida el 55% de los contenidos curriculares en las regiones con lengua cooficial y el 65% en las demás, en lugar de mantener la distinción entre asignaturas troncales y de libre configuración que estipulaba la Lomce.

Quedan sobre la mesa los temas espinosos que suelen convertirse en eje de las guerras culturales educativas: la religión y la educación concertada. Respecto a la religión, el anteproyecto lo deja claro. Se trata de una materia de oferta obligatoria pero voluntaria, sin asignatura espejo y que no cuenta para la nota media. Algo que algunas asociaciones católicas han percibido como una devaluación, pues consideran que al no ofrecer alternativa, puede convertirse en una 'maría', valga la redundancia.

El ministerio parece confiar en que la propuesta de una asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos no se encontrará con las mismas resistencias que la famosa Educación para la Ciudadanía, que formaba parte del desarrollo de la LOE y que terminó extinguida. Aunque más que una esperanza, quizá se trate de una petición a partidos, asociaciones y miembros de la comunidad educativa para no volver a agitar uno de los avisperos más ruidosos del debate educativo.

La Lomce estableció que los centros con educación diferenciada por sexo podían concertarse. El nuevo Gobierno promete apoyar la coeducación

El Foro de la Familia, por ejemplo, acusaba este lunes a la ley de tener “un marcado sesgo ideológico” y de ser “liberticida y totalitaria”. En concreto, se refería a “una asignatura que vulnera el artículo 27.3 de la Constitución y de numerosos tratados internacionales”. El alfa y el omega de las grandes polémicas educativas de este país, el artículo que hace referencia al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, incluido el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Otras organizaciones como Concapa (Confederación Católica de Padres de Alumnos) lamentaban no haber sido invitadas a las reuniones de formación de gobierno el pasado verano.

A mediados del pasado noviembre, Celaá abrió la caja de los truenos al recordar que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza”. No se prevé un desmantelamiento de la concertada pero sí una mayor vigilancia en la concesión de conciertos.

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EFE

Por ejemplo, en los centros que segregan por sexo. La Lomce introdujo la posibilidad de que los centros con educación diferenciada por sexo sí pudiesen suscribir conciertos, modificando la LOE, que mantenía que “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Un retorno al criterio anterior que comenzará a poner puertas al campo de la concertada.

Anhelo de consenso

Este lunes, CSIF, el sindicato mayoritario en las administraciones públicas, se reunía con la ministra antes de publicar su informe 'Razones y propuestas para una nueva ley de educación'. Es la última aportación a un debate que pronto se trasladará al Congreso, y en el que el sindicato denuncia que los problemas endémicos de los últimos 30 años ni se han resuelto ni parece que se vayan a solucionar: baja inversión, paro juvenil, abandono escolar y diferencias entre comunidades.

O mucho o poco. Sindicatos como CCOO y UGT han pedido que la nueva ley acelere para hacer frente a los problemas del profesorado. Asociaciones como Yo Estudié en la Pública, aunque han aplaudido la derogación de “los aspectos más lesivos de la Lomce”, también achacaban cierta falta de ambición para acabar con la segregación, mejorar las ratios, una actitud tibia ante los conciertos o una revisión de los currículos que no se termina de concretar. Celaá siempre ha insistido en que la educación pública es “el eje vertebrador de la educación española”.

No debería ser muy difícil conseguir la mayoría absoluta para sacar adelante una ley que nace con un mayor consenso que la Lomce

Una vez más, la organización enarbola el argumento de las ocho leyes educativas (“disparate jurídico”) para reivindicar un pacto de Estado. La nueva ley nace, en apariencia, con un consenso mucho mayor que la Lomce, que no convencía ni siquiera dentro del partido que la promovió en solitario, pero se encontrará con los enemigos finales en un Congreso donde se necesitan al menos 176 votos positivos para su aprobación. La mayoría de socios ya apoyaron al PSOE en la derogación de la Lomce.

El objetivo, encontrar todos los apoyos posibles. La realidad, muy pronto en su Congreso favorito. Probablemente, más cerca de “los apoyos necesarios” que de “todos los posibles”.