El líder de ERC saldrá hoy de Lledoners

La Fiscalía estudia si el trabajo de Junqueras viola la condena de inhabilitación

La duda se encuentra en la naturaleza jurídica de la fundación que le emplea y si esta puede considerarse un organismo ligado al sector público

Foto: Oriol Junqueras, tras su intervención en la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155. (Reuters)
Oriol Junqueras, tras su intervención en la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155. (Reuters)
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Oriol Junqueras ha salido este martes de la prisión de Lledoners para trabajar tres días por semana como profesor en el campus Manresa de la Universitat de Vic (UVic-UCC). Lo hará durante seis horas, siempre entre lunes y viernes. El 'exvicepresident' ha sido el último de los presos del 'procés' en acogerse a los beneficios que proporciona el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, pero, en su caso, la naturaleza del empleo que le permite la semilibertad que estrenará este martes está en cuestión. La Fiscalía estudia su contratación, que ya ha sido denunciada por un colectivo, para comprobar si burla los términos de la condena de 13 años que le inhabilita para el ejercicio de cargo público, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

La duda se encuentra en la naturaleza jurídica del organismo que le emplea. Convivencia Cívica presentó nada más conocerse la decisión de la Junta de Tratamiento Penitenciario, que ahora deberá avalar una jueza de Vigilancia, una denuncia en la que cuestiona que la contratación se efectúa desde un organismo ligado al sector público catalán. La empleadora de Junqueras es la Fundación Balmes, encargada de gestionar la universidad. El colectivo defiende que desempeñar esta labor supone un delito de quebrantamiento de condena.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público no solo estudiará el estatus de la fundación en relación con la denuncia de Convivencia sino también de cara a su próximo informe sobre la concesión del régimen especial. El fiscal se pronunciará en contra, como ya ha venido haciendo con cada uno de los permisos especiales y atribuciones del 100.2 del resto de políticos presos catalanes. En su último informe, emitido este lunes, apuntaba a la existencia de un plan "generalizado" para abrir la cárcel a los condenados del 'procés'.

En su escrito sobre Dolors Bassa, indicaba, en concreto, como ya hiciera respecto a las salidas diarias de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que la 'consellera' de Justicia de la Generalitat anunció de forma pública que el régimen se aplicará a todos los líderes soberanistas condenados. "Lo cierto es que, de los nueve presos del denominado 'procés', a siete de ellos ya se les ha concedido", decía, para añadir que esta forma de actuar "pone en evidencia que la excepcionalidad exigida se ha convertido en una generalidad".

Otros casos

No es la primera vez que existen dudas sobre la irregularidad de funciones desarrolladas por políticos inhabilitados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sospechó hace meses que la que fuera vicepresidenta de Artur Mas, Joana Ortega, no cumplía de forma efectiva la inhabilitación que le fue impuesta por su participación en la consulta del 9-N. Rigau había sido nombrada asesora de la consejera de Empresa de la Generalitat en mayo de 2019 y formalizó un contrato con la Corporación catalana de Medios Audiovisuales por el que prestó servicios entre el 3 de septiembre de 2018 y julio de este año. Percibió por ello un salario global de más de 32.000 euros.

El TSJC ya sospechó que la vicepresidenta de Artur Mas, Joana Ortega, no cumplía de forma efectiva la inhabilitación que le fue impuesta por el 9-N

El Ministerio Público que ahora dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado recordaba con Rigau que el papel de asesora suponía el ejercicio de funciones de gobierno. "La condenada ha burlado los efectos de la pena impuesta asumiendo un cargo análogo a las funciones que tenía prohibidas", decía, y defendía que la consecuencia inmediata debería ser que quedara sin efecto la liquidación de la pena, que debe así reiniciarse cuando se compruebe que ya no ejerce el cargo en cuestión. Su reclamación se atendió y la inhabilitación fue extendida en su caso.

Junqueras no ejercerá labores de gobierno sino que será profesor. Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor en Historia del Pensamiento Económico, cursó una solicitud a la Universidad de Vic que fue aceptada por su rector, Josep-Eladi Baños. Este dio traslado a los responsables académicos para que le dieran cabida dentro de la estructura de formación continua, donde desempeñará sus funciones.

El Supremo condenó a Junqueras a 13 años por sedición y malversación. En su sentencia, otorgaba al líder de ERC un papel de "liderazgo" y destacaba el "control" que ejerció en el proceso de creación legislativa y reglamentaria que hizo posible la celebración del referéndum declarado ilegal. El tribunal recordaba que admitió la realidad de los hechos durante su declaración y reivindicó la legitimidad de su actuación y la ausencia de cualquier responsabilidad criminal". "Su destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya puede también deducirse, no ya del hecho objetivo de su preeminencia orgánica como vicepresidente, sino del liderazgo reconocido en los testimonios de algunos de los procesados y testigos. Un liderazgo fruto de su doble condición de vicepresidente y presidente de ERC", explicaba la resolución.

Además de los años de cárcel, el alto tribunal determinó que debía quedar apartado del ejercicio público por el mismo plazo. Le impuso así una pena de inhabilitación absoluta que, según especifica el Código Penal, supone la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena.

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