Saruman vs. España: el TC ordena revisar la condena de 710.000 euros a Christopher Lee

El Constitucional ha dado la razón a Christopher Lee y ha ordenado revisar la condena que le obligaba a indemnizar con 710.000 euros al autor de un cuadro que fue utilizado sin su permiso para promocionar una película. El tribunal de garantías considera que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos vulneró los derechos de Lee a "la tutela judicial efectiva" y a "un proceso con todas las garantías", error en el que incurrió al no haber "oído al recurrente en amparo" y no proceder a la notificación personal de la sentencia "en ningún momento". "Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del auto de despacho de ejecución de 26 de octubre de 2009, para que se tramite de nuevo todo el procedimiento ejecutivo de forma respetuosa con los derechos fundamentales", decreta el Constitucional.

La polémica se remonta a la película 'Jinnah' y, en concreto, a uno de los carteles con los que se promocionó la misma. "La demanda de juicio ordinario fue interpuesta por don Gerardo Moreno de la Hija para reclamar a la mercantil The Quaid Project Limited, a don Christopher Frank Carandini Lee y a don Juan Francisco Aneiros Rodríguez, como representante de la página web oficial de Christopher Lee, el pago de una indemnización por haber utilizado, para la difusión en DVD de la película 'Jinnah: The Movie', una pintura realizada por él", explica el Constitucional. La causa recayó en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos, que consideró que el uso de la obra "constituía una infracción de los derechos de exclusiva" y, en octubre de 2009, fijó en 710.000 euros la indemnización que debían pagar los tres condenados.

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Según el Constitucional, el problema se centra en cómo se llevó a cabo este procedimiento, en el que Lee, fallecido en junio de 2015, fue condenado en rebeldía por no comparecer: "Al instarse la ejecución de la sentencia, el juzgado de lo mercantil fijó la cuantía indemnizatoria en 710.000 euros sin haber oído al recurrente en amparo, que fue notificado por edictos de la apertura del procedimiento de ejecución. La sentencia de amparo constata que el órgano judicial no procedió a la notificación personal en ningún momento, supliendo esta por una notificación edictal que no surtió efecto alguno. Además, el auto despachando la ejecución fue certificado como título ejecutivo europeo, lo que permitía intentar la ejecución en Reino Unido, lugar de residencia de Christopher Lee".

El tribunal de garantías sostiene que "esta falta de notificación personal generó una indefensión real y efectiva del recurrente en amparo porque no pudo participar el procedimiento de fijación de sus obligaciones económicas", a lo que se suman las dudas en torno a cómo se fijó la propia indemnización: "No se aporta al procedimiento de ejecución ninguna prueba pericial que avale tal valoración, estrictamente subjetiva", afirma el Constitucional. Pese a ello, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Burgos dio por buena esta cifra y en septiembre de 2010 ordenó "el embargo de las cuentas corrientes de los demandados, solicitando información respecto de las mismas a distintas entidades bancarias y concluyendo dicha diligencia de modo infructuoso al no existir cuentas de los ejecutados en las entidades bancarias requeridas".

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Tras tener conocimiento del procedimiento "a través de una carta" que le llegó "por mediación de un despacho situado en Londres y a una dirección que no había aparecido antes en el procedimiento", Lee se presentó en el juzgado de lo mercantil en febrero de 2014 y solicitó ser parte de la causa, petición que fue aceptada. El actor buscó la nulidad de las actuaciones en dos ocasiones y alegó "indefensión formal y material", pero ambos intentos fueron desestimados. La causa llegó así hasta el Constitucional, que en una sentencia fechada el 24 de febrero sostiene ahora que se han vulnerado los derechos del demandante "de amparo a la tutela judicial efectiva" y a "un proceso con todas las garantías".

A lo largo de 40 páginas, el tribunal de garantías explica los errores que se han cometido en el procedimiento, tras lo que ordena "restablecerlo en sus derechos" y, a tal fin, retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado del auto del 26 de octubre de 2009, con el que el juez de Burgos requirió "el pago solidario, por parte de los tres demandados y en el plazo de 30 días, de la cantidad de 710.000 euros de principal, a la que habría que sumar la liquidación posterior de intereses y costas". Con esta decisión sobre la mesa, ahora queda por ver si los herederos de Lee se libran de la indemnización al escucharse sus argumentos.