La Justicia investiga al fondo Portobello por falsedad, administración desleal y estafa

El Juzgado de Instrucción 49 de Madrid ha abierto una investigación contra Portobello, una de las principales firmas españolas de capital riesgo. El pasado 13 de febrero, tras admitir a trámite la querella presentada por una supuesta víctima del fondo, citó a declarar en calidad de investigados a tres directivos de la compañía, a la misma mercantil denunciada y a Clínicas Vivanta, propiedad al 100% de Portobello. Los tres altos cargos, en concreto, son el socio de la empresa matriz Carlos Dolz de Espejo y los consejeros mancomunados de la mencionada filial Juan Olave Martín y Jordi González Burgada, ex director financiero —este último— de Vitaldent, quienes declararán el próximo 22 de abril.

El querellante (José Ignacio Martínez), que fue dueño de 17 clínicas agrupadas en la sociedad Healthgestión que operaban bajo la marca de Unidental y de un laboratorio que les suministraba material, denuncia que los representantes de Portobello montaron una "trama" que involucró a diferentes "equipos" de altos cargos de la compañía y que tenía la finalidad de adquirir las clínicas a mitad de precio. Acusa a los directivos ahora investigados de comprar su negocio mediante "engaños", de utilizarle a él —un referente dentro de la firma— para convencer al resto de franquiciados y de eliminar de paso a un importante competidor.

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El "calculado" y "profesionalizado" plan puesto en marcha por los querellados, como lo califica el denunciante, era "absolutamente defraudatorio y engañoso" desde su ideación. En concreto, según describe, comenzó a ejecutarse durante la negociación de la compraventa, cuando el fondo se fijó en Unidental porque tenía "los ratios económicos más eficientes del sector", que le permitieron acabar 2017 con un ebitda (beneficio imputable únicamente al objeto del negocio) de 1,2 millones de euros. Uno de los directivos de Portobello, Carlos Dolz, y los representantes de Healthgestión acordaron por contrato —en marzo de 2018— que la operación de venta de las 17 clínicas conllevaría que Martínez se encargara de seguir gestionando los establecimientos y que su laboratorio continuaría proporcionando material.

Además, el acuerdo —que con el resto de clínicas (hasta 300) se fue acordando durante la segunda mitad de 2017 y principios de 2018— disponía que el pago del precio tendría una parte fija, establecida en siete veces el ebitda, y otra variable, que dependería de la evolución de la compañía, pero que el querellante estaba seguro de que cobraría, pues la marcha de las clínicas alcanzaba de sobra esos objetivos cada año y, además, él seguiría al frente de la gestión. Sin embargo, el denunciante nunca se embolsó esta segunda parte del pago.

Tras el acuerdo, la actitud de los representantes de Portobello comenzó a cambiar, según describe el escrito que analiza el Juzgado 49 de Madrid. Dolz "desapareció aparentemente" de la escena. No firmó ningún documento más, lo que Martínez interpreta que hizo para evitar cualquier responsabilidad penal. Entraron en juego entonces los también investigados Juan Olave y Jordi González, con quienes tenía que entenderse el vendedor, que en la propia querella se queja de que solo por haber vendido el laboratorio ya habría obtenido siete veces su ebitda en el mercado y de que la operación tenía que haberle supuesto un ingreso de 13,6 millones de euros en condiciones normales.

Olave y González, según el denunciante, incumplieron el contrato. En concreto, añade, no le dejaron gestionar, como habían pactado. Le "ocultaron intencionadamente" todo tipo de información sobre el estado de las clínicas e incluso "manipularon los balances contables", único instrumento que tenía autoridad para establecer el ebitda y determinar, por lo tanto, si Martínez debía cobrar o no. No en vano, en varios correos electrónicos aportados a la causa por el querellante, este protesta porque los representantes de Vivanta no le proporcionan las claves para acceder a la aplicación informática que sirve para controlar el funcionamiento de las clínicas.

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"Se produce un total desprecio de lo firmado desde el primer día", sostiene Martínez, que detalla en su escrito los datos concretos a los que dejó de tener acceso. Los informes, las hojas de caja, los presupuestos, las ventas, la producción, las compras, los pedidos, los fungibles o los salarios fueron algunos de esos conceptos que el denunciante ya no controlaba. "Cortaron todo acceso a la información sobre la situación de las clínicas", describe el escrito, que explica que Martínez fue "apartado de cualquier posibilidad de gestionar las clínicas", como había acordado con el fondo.

El denunciante precisa que ya en los balances de septiembre de 2018 comenzó a observar "grandes incongruencias contables" que "de ninguna manera podían entenderse" y que "vaticinaban un desplome importante del ebitda". La tendencia continuó en abril del año siguiente, cuando los datos fueron incluso "incompatibles con los anteriores balances", según califica el denunciante, que describe que la contabilidad parecía estar realizada "ad hoc' para reducir el ebitda al mínimo". "Jamás remitieron los mayores contables, las facturas que configuran estos, el desglose de intereses de financiaciones por unidad de negocio ni los TCS de seguros sociales y nóminas", detalla el escrito, en referencia a los conceptos contables que Martínez observó como sospechosos y reclamó a los directivos de Portobello.

"Doble contabilidad"

"Las decisiones de compra se incrementan a pesar de que existe una caída muy importante de los ingresos", detectó el denunciante, que asegura que descubrió en los balances "manipulados (...) decisiones desleales para la empresa", como la "inclusión de partidas inexistentes" para "fomentar el deliberado aumento de costos", "la adquisición de un número importante de suministros incompatible con la caída de las ventas" y el incremento de salarios "independientemente de que la producción se desplome por las expectativas generadas".

"El ocultamiento y falseamiento de los datos contables a todos los niveles anticipa el propósito deliberado de alteración de los balances", afirma el escrito, que añade que este comportamiento tenía como fin no abonar el segundo pago a Martínez, quien en su querella admite haber pasado personalmente por un primer momento de "incredulidad" ante lo que estaba viendo, por un segundo de "negación" de lo que observaba y por una tercera fase de "aceptación de la estafa". Los datos, continúa, "evidenciaban la voluntad de los querellados de no querer pagar el precio". "La doble contabilidad se ha constituido por sí misma como un fraude contable", argumenta la denuncia, que entiende que los investigados han cometido falsedad documental, estafa y administración desleal, además de haber incurrido en otros ilícitos contra la Hacienda Pública o la Ley de Blanqueo de Capitales.

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Desde Portobello, se limitan a señalar a El Confidencial que "la querella está relacionada con un pago variable de la compraventa que quedó condicionado a la obtención de unos resultados de 2018 que no se obtuvieron". "Sobre la base de que no existe incumplimiento alguno por parte de Grupo Clínicas Vivanta, la presentación de la querella se refiere a un conflicto que carece de naturaleza penal y evidencia la instrumentalización y utilización de la Justicia por parte de José Ignacio Martinez de asuntos meramente mercantiles", sostiene la compañía de capital riesgo.

En noviembre de 2018, apenas ocho meses después de que Vivanta comprara las clínicas a Healthgestión, el fondo puso a la venta los 300 establecimientos que había adquirido tanto a Martínez como al resto de franquiciados. La mercantil encargó la operación al banco de inversiones estadounidense Moelis & Co. Desde Portobello, explican que hoy —más de un año después— la compañía aún no ha encontrado comprador para las 300 clínicas de Unidental, que siguen siendo de su propiedad a través del mencionado grupo Vivanta.