Marlaska redobla sus choques con Podemos y los morados lo sitúan en el unilateralismo

Continúan las réplicas del primer choque entre los dos socios del Gobierno de coalición a cuenta de las devoluciones en caliente y la dura política migratoria defendida por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Un primer conflicto que se ha cerrado en falso. Después de que se tratasen de zanjar las divergencias haciendo pública una posición común que hacía valer el acuerdo de gobierno, flexibilizando el asilo en lugar de endurecerlo, como barajó el departamento de Marlaska, y basando la política migratoria "en las decisiones judiciales y en los derechos humanos", Interior ha vuelto a insistir este miércoles en que las llamadas devoluciones en caliente se seguirán produciendo. Desde la formación morada, sitúan esta posición de Interior en el unilateralismo, deslizando que va por libre y vinculando la acción del Gobierno de coalición a lo firmado en el pacto programático.

Desde que se visibilizaron las diferencias entre Unidas Podemos e Interior en política migratoria, uno de los considerados como 'sapos' que en el partido morado no estarían dispuestos a tragar, los choques con Marlaska se han redoblado. Primero fue el Ministerio de Interior el que corrigió a Pablo Iglesias tras poner en boca de Marlaska que las devoluciones en caliente "no se pueden producir" porque "es un consenso que no son respetuosas con los derechos humanos". El encargado de lanzar el desmentido fue el número dos del ministro, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien aseguró pocas horas después de las declaraciones del líder de Unidas Podemos efectuadas este lunes: "A mí, esas palabras que Pablo Iglesias ha puesto en boca del ministro no me constan".

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Al día siguiente, desde Interior se ponían en tela de juicio unas declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que cuando una mujer víctima de un delito sexual denuncia los policías le preguntan "si iba vestida con minifalda". Pese a que la afirmación se había producido en una entrevista televisiva el pasado viernes, no fue hasta cuatro días después cuando el gabinete dirigido por Marlaska remarcó que "la asistencia a las víctimas por parte de las y los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tanto en la presentación de la denuncia como en el resto de diligencias, se realiza con los más altos estándares de apoyo, empatía, privacidad y acompañamiento". Antes de ello, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles ya habían expresado su malestar por las afirmaciones de la ministra.

Este mismo miércoles, volvía a ser el número dos de Interior, una persona de la total confianza de Marlaska, quien lanzaba el mensaje de que las expulsiones a Marruecos de subsaharianos que han saltado la valla se mantendrán. Todo ello después de que, tras el comunicado del Ejecutivo para cerrar dicha crisis, Iglesias diese por hecho que el Gobierno no realizaría más devoluciones en caliente, asegurando que era "un consenso" que estas prácticas no respetan los derechos humanos y que no se iba a adoptar ninguna medida que los vulnere ni tampoco que sea contraria al pacto de gobierno.

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Las devoluciones en caliente de migrantes fueron, son y serán uno de los principales puntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos. Interior está marcando terreno en este sentido, coincidiendo con la breve gira que el secretario de Estado de Seguridad ha efectuado por Melilla el lunes y por Ceuta este miércoles. Unidas Podemos prefiere seguir remitiéndose al acuerdo de gobierno y al comunicado de Moncloa tras el primer choque, donde se añadía que se establecerán "cauces" para adecuar el sistema de asilo a "la protección de nuevas realidades".

Los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo y su grupo parlamentario incrementaron la presión sobre sus socios de gobierno a raíz de la sentencia de Estrasburgo, que avala las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Frente a ello, Interior reaccionó con un borrador de la nueva normativa de asilo que limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de solicitud, según avanzó 'El País'.

Una posición opuesta a la que reclamó Unidas Podemos durante una reunión en Moncloa donde se abordaron las consecuencias del fallo y sobre la que volvió a insistir directamente a Grande-Marlaska, durante la apertura de la comisión de Interior la pasada semana. En esta línea, fuentes del grupo confederal volvían a recordar que en el pacto de gobierno se recoge el compromiso de adaptar la legislación "a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales". Los mismos términos que luego se asumían desde Moncloa, aunque recordando también que esta materia es una cuestión "de Estado".

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Los choques de Unidas Podemos con Grande-Marlaska no son nuevos. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la ley mordaza, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la ley moradaza recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

Si bien se entendía entonces que había un sector en el PSOE más receptivo, se aseguraba que no coincidía precisamente con el ministro de Interior, que estaría tratando de retrasar los plazos ya entonces para la aplicación del acuerdo, minimizando la posibilidad de modificar el Código Penal y vinculando la supresión de las devoluciones en caliente a lo que dictamine el Tribunal de Estrasburgo. Un dictamen que se produjo ahora y que precisamente ha avalado las devoluciones en caliente.