La Audiencia da la razón a Granados y mantiene viva una causa contra Marjaliza

Era septiembre de 2014. Francisco Granados estaba a punto de ser detenido pero aún no lo sabía. Al menos hasta que un guardia civil en excedencia se le acercó en las fiestas de Valdemoro y, en la barra de un bar, le 'chivó' que la UCO había colocado dispositivos de vigilancia en oficinas vinculadas con el empresario con el que entonces mantenía negocios, David Marjaliza. El agente retirado que dio el soplo era José Luis Caro Vinagre y transmitía al político los datos que le iban llegando, por goteo, de un amigo de la Unidad Central Operativa (UCO), José Manuel Rodríguez Talamino. Los tres están condenados por esos hechos a penas de hasta dos años de prisión. Por un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado los que se beneficiaron de la información privilegiada, y por revelación el que la facilitó. El episodio desveló una de las frases más famosas del que fuera hombre de confianza de Esperanza Aguirre: "¿Qué coño es eso de la UCO?".

A simple vista, el asunto podría parecer un caso cerrado. Ya hay sentencia firme del Tribunal Supremo. Pero nada más lejos de la verdad. Tras la condena, Granados inició una lucha legal en los juzgados de Madrid para meter en el mismo saco a otro que se benefició de aquel chivatazo pero nunca fue juzgado por ello: Marjaliza. Granados considera que quedó fuera del procedimiento como gesto hacia su cooperación con la Fiscalía Anticorrupción. Y no piensa olvidar que su aviso generó que Marjaliza se deshiciera de documentación comprometedora que podía perjudicarle. La Audiencia Provincial acaba de darle la razón por segunda vez, obligando a reabrir un procedimiento archivado dos veces en instrucción.

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Los hechos probados de las dos sentencias, la de primera instancia de la Audiencia Nacional y la posterior del Supremo, describen, en una escena que parece sacada de una película, cómo Marjaliza destruyó documentación gracias a la voz de alerta de Granados. La denuncia del exconsejero de la Comunidad de Madrid —que también va contra otros colaboradores de su empresario de cabecera— lo explica con todo lujo de detalles, a lo largo de más de 80 folios.

"Lo quemé todo en un día de niebla"

El propio Marlajiza lo declaró en el juicio que dio lugar a esta condena, celebrado en noviembre de 2017. "Me dijo que lo quemara todo en un día de niebla", concretó entonces, apuntando a Granados. Precisó que destruyó tres carros de la compra repletos de documentación después de que el político le indicara que estaban "haciendo cosas en su puerta". A raíz de la advertencia, Marjaliza empezó a ponerse "nervioso" y revisó los papeles que estaban en su poder. Entre los documentos destruidos, había papeles de licitaciones de la Comunidad de Madrid y, "lo más importante", un cuaderno donde Marjaliza reflejaba su 'contabilidad B' con siglas y entradas y salidas de efectivo. Además de destruir la documentación de este modo tan pintoresco, ocultó dinero que tenía guardado en metálico en una caja fuerte en su casa y lo depositó en una caja de seguridad de una entidad bancaria.

Para Granados, esta forma de proceder supone que Marjaliza también se aprovechó del 'chivatazo'. Y en ese último auto, fechado el pasado 18 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón, contra el criterio del juez de instrucción 33. El escrito al que ha tenido acceso El Confidencial indica que Granados "ha aportado indicios" que sostienen que los afectados se beneficiaron de esa información secreta obtenida de forma irregular. "Les determinó a cambiar de hábitos, en sus comunicaciones y contactos, así como a destruir fuentes de prueba". La decisión vuelve a poner la ruleta a girar. Hagan juego.

El instructor, "por orden de la superioridad", ha acordado ya declaraciones. "Teniendo en cuenta que lo acordado y mandado por la superioridad sobre el pronunciamiento de la actividad probatoria solicitada por los denunciantes en su escrito inicial se encuentra refrendado por todas las citas que la resolución de 12 de febrero de 2020 efectúa en su fundamentación jurídica, resulta necesario acordar la práctica de la totalidad probatoria allí pedida", indica en otro auto, esta vez del 18. Ha convocado para el próximo 12 de marzo al empresario, a Eduardo de la Peña (dueño de la mercantil acusada de emitir facturas falsas destruidas) y a la secretaria Ana María Ramírez, que ayudó aquella tarde de niebla. Todos ellos están imputados en Púnica.