'SÁNDWICH LUXEMBURGUÉS' Y DUEÑOS EN CAIMÁN

Alquilovers, el último frente en la guerra entre la PAH y Blackstone

La finalización de contratos de alquiler social negociados durante la crisis eleva los conflictos con inquilinos de Anticipa (Alquilovers), que gestiona los pisos de las Socimis de Blackstone

Foto: Protesta de afectados frente a la oficina de Anticipa Real Estate en Madrid
Protesta de afectados frente a la oficina de Anticipa Real Estate en Madrid

Las plataformas antidesahucios han puesto en la diana a Alquilovers, el portal de Anticipa Real Estate que gestiona el arrendamiento de unos 15.000 pisos propiedad de las socimis Torbel Investments, Euripo Properties, Albirana Properties (todas ellas controladas y participadas por Blackstone desde Luxemburgo, al igual que Anticipa). Se trata, en muchos casos, de pisos individuales y desagregados adquiridos a Catalunya Caixa en 2015 con rentas medias mensuales de 500 euros. La temática de las quejas es casi siempre la misma (no renovación de contratos sociales, incrementos en los alquileres, retrasos en devolución de fianzas y conflictos a la hora de decidir quién repara desperfectos en los pisos). Algunos inquilinos han creado incluso plataformas de "afectados en Facebook" en las que comparten su experiencia con el 'servicer'.

Los conflictos se han acrecentado en los últimos meses porque Blackstone, que compró una cartera valorada en 6.400 millones de euros por algo más de 3.500 millones, adquirió cientos de préstamos considerados morosos en los que detrás había familias que tuvieron que renegociar condiciones con el prestamista como consecuencia de la crisis. La cartera de créditos procedentes de la caja, en ese momento en manos del FROB, incluía acuerdos de condonación de deuda y sustitución por contratos de alquileres sociales. Muchos de estos acuerdos comenzaron a vencer a los tres años, momento en el que la gestora Anticipa inició una estrategia para tratar de recuperar los inmuebles y ponerlos a precio de mercado. El plan coincide además con el deseo del fondo de desprenderse de un importante volumen de aquellos inmuebles con hipotecas consideradas 'subprime' suscrita por Catalunya Caixa.

Anticipa (Blackstone) comercializa miles de pisos desagregados a través del portal Alquilovers
Anticipa (Blackstone) comercializa miles de pisos desagregados a través del portal Alquilovers

Esta circunstancia ha llevado a las plataformas antidesahucios a mantener un duro pulso con Anticipa que se viene arrastrando desde hace meses. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona calcula que hay unas 500 familias en situación de incertidumbre con negociaciones abiertas con Anticipa. "En 2014 firmé una dación en pago con Catalunya Caixa, posteriormente absorbida por BBVA, y conseguí un alquiler social por 284,11 euros al mes con una duración de 5 años que finalizaba el 14 de julio de este año. El actual dueño, el fondo buitre Budmac Investments (filial de Blackstone, dueña del piso y participada por la socimi Albirana) me ofrece una renovación del alquiler a un precio de mercado de 790 euros al mes, más del doble de lo que pago ahora. Estoy pidiendo, según marca la ley 24/2015, la renovación del alquiler social a unos precios asequibles a mis posibilidades", señala uno de muchos testimonios de inquilinos recogidos en un dosier de la PAH sobre la actividad del fondo oportunista neoyorquino elaborado por la plataforma catalana.

Anticipa Real Estate, el 'servicer' de Blackstone, tiene matriz en Luxemburgo cuyos accionistas acaban en las Islas Caimán

"Hay mucha gente que ya tuvo una ejecución hipotecaria durante la crisis, que logró arrancar un alquiler social y que ahora vuelve a pasar por lo mismo. Hay personas con declaraciones de exclusión residencial elaboradas y certificadas por los propios servicios sociales a las que se le niegan la renovación y a las que no se les está respondiendo como se debería. Muchas incluso reciben ofertas de dinero para que se vayan", señalan desde la PAH barcelonesa, un hecho que recogen algunos de los testimonios de inquilinos.

También la PAH de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes mantiene un pulso soterrado con Anticipa tratando de arrancar acuerdos en favor de inquilinos con contratos vencidos. La gestora, que trabaja con la marca Alquilovers los pisos que sitúa en el mercado, también ha heredado la gestión de activos inmobiliarios considerados 'tóxicos' adquiridos por Blackstone al Banco de Santander procedentes del Popular (Aliseda). Y, de nuevo, el paquete incluía préstamos en mora de familias con dificultades. "Firmamos una dación en pago con alquiler social con el Banco Popular. Un compañero tuvo que entregar la vivienda, y cuando le llegó la renovación a los cinco años, se encontró que el Popular se lavaba las manos y se encontró con esta gente", señalan como ejemplo desde esta plataforma, que denuncia "acoso con llamadas" o "retrasos con las reparaciones" para empujar a los inquilinos que se resisten al cambio de precio a abandonar la vivienda.

"Hay personas con ingresos de 800 euros, tres hijos en casa y con informes de exclusión a las que no les están renovando"

Anticipa se defiende. Admite que está gestionando esas situaciones, pero niega que representen un porcentaje elevado sobre su cartera. "No tenemos un problema generalizado de quejas. Con un volumen tan elevado de alquileres, es normal que se produzcan algunos incidentes pero, a su vez, tenemos establecidos los canales para gestionarlos: tanto a través del Portal del Inquilino, con una atención de 24 horas siete días a la semana, como a través del Servicio telefónico de Atención al cliente. A través de estas vías, damos siempre respuesta a lo que se nos plantea", señala una portavoz sobre las reclamaciones que recogen las plataformas de afectados en Facebook. Estas recogen comentarios de clientes de Alquilovers casi siempre sobre retrasos en devoluciones de fianza al abandonar los pisos o de deficiencias en las viviendas.

Con respecto a la PAH, la misma fuente de Anticipa señala que "tratamos de llegar a acuerdos siempre que sea posible". "Los contratos sociales que nosotros hemos ido realizando, provienen de daciones en pago, en los que se realizó una condonación de la deuda. El importe del alquiler estaba con relación a los ingresos de la unidad familiar y no superaba el 30% de sus ingresos. Finalizados los 3 años de contrato, revisamos los casos de forma individualizada y en función de la situación, renovamos el contrato", añaden.

La plataforma explica que tiene firmados 2.500 alquileres sociales por debajo de precios de mercado. "Hemos propuesto a diversos ayuntamientos que con el fin de que las familias pudieran permanecer en la vivienda, hicieran un complemento de renta, donde nosotros rebajábamos el importe de mercado, la familia seguía pagando lo mismo y el ayuntamiento ayudaba a la familia con un complemento de renta. Era una propuesta de colaboración público-privada, donde las tres partes salían ganando. Pero hasta la fecha, no ha sido posible a excepción de algún caso". E insisten: "Tenemos una política de gestión de los casos de vulnerabilidad social muy exhaustiva. Vemos caso a caso y en la amplia mayoría de los casos llegamos a acuerdos amistosos con los deudores, con acuerdos socialmente responsables. Además, en otros casos hemos dado incentivos para que los deudores pudiesen hacer frente al alquiler en otra vivienda".

"Es verdad que tienen eso que llaman 'special case', pero ¿cuál es el criterio? Hay personas con ingresos de 800 euros, tres hijos en casa y con informes de exclusión a las que no les están renovando", replican desde la PAH de Barcelona.

Para los afectados, Anticipa y las socimis de Blackstone se mueven con solvencia en las moquetas de los sectores financieros, pero compraron a precio oportunista por la propia complejidad de los activos y buscan ahora obtener rentabilidades elevadas presionando al alza en los precios, con el consiguiente impacto social.

El esquema accionarial de Anticipa (Blackstone) culmina en este edificio de las Islas Caimán tras pasar por Luxemburgo. (Google)
El esquema accionarial de Anticipa (Blackstone) culmina en este edificio de las Islas Caimán tras pasar por Luxemburgo. (Google)

Muchas de sus socimis de Blackstone están participadas por sociedades radicadas en Luxemburgo que a su vez están vinculadas a territorios de baja tributación. Este esquema alcanza a la propia Anticipa Real Estate, propietaria de la marca Alquilovers. La sociedad tiene como accionista única a otra mercantil denominada Columbus, que a su vez tiene como socia BRE/Europe 7NQ, ambas con sede en Luxemburgo. El sándwich accionarial desde el pequeño país centroeuropeo culmina en el 309 de Ugland House y en 87 de Mary Street, en George Town, capital a las Islas Caimán. Aquí se ubican formalmente las sociedades Blackstone Real Estate Holdings Europe IV-NQ y Blackstone Real Estate Partners Europe IV.2-NQ, accionistas de la firma luxemburguesa.

Las caribeñas Caimán, un territorio bajo el protectorado dle Reino Unido, han vuelto a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea tres el Brexit. Organizaciones independientes como Tax Justice Network sitúan al archipiélago a la cabeza de la opacidad financiera y como base para la elusión fiscal. No obstante, Blackstone y Anticipa sostienen que pagan todos los impuestos que les corresponde en España y que la estructura societaria a través de Luxemburgo está homologada para los fondos de inversión internacionales. "Blackstone cumple con todas las leyes y normativa en cada una de las jurisdicciones en las que opera y paga impuestos en cada una de estas jurisdicciones", señalan desde el fondo.

Lo cierto es que los conflictos con las socimis de Blackstone se extienden por toda España. El fondo compró a precio de derribo activos problemáticos que los bancos no estaban dispuestos a gestionar. El fondo ha traspasado esos pisos a las sociedades de inversión inmobiliaria y quiere elevar sus ingresos para rentabilizarlos. Y ello está provocando inevitables conflictos con sus inquilinos históricos. En Pamplona, la propia presidenta foral de Navarra, la socialista María Chivite, ha tenido que arremangarse para buscar una solución para varios cientos de inquilinos de viviendas protegidas que están perdiendo esa consideración. Los edificios pasaron de manos promotoras a bancos como el Santander o el BBVA y de ahí a Blackstone, que los ha incorporado a la socimi Testa Residencial. El nuevo propietario quiere elevar las rentas y está planteando subidas de alquiler aprovechando el final del período de 'protección social'.

El caso navarro recuerda al de las 1.800 viviendas sociales que la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, vendió en 2013 a Fidere, del grupo Blackstone. La operación le costó un primer apercibimiento del Tribunal de Cuentas, pues la enajenación se cerró 25 millones de euros por debajo del precio de tasación, pero finalmente la Sala de Enjuiciamiento archivó el caso.

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