Así ganó la partida a Garzón el 'lobby' del juego pese a la presión y el malestar de UP

"Tienen miedo al conflicto". Así explicaba un dirigente del grupo confederal de Unidas Podemos, sin esconder su molestia, que la ley sobre publicidad de casas de apuestas promovida por el ministro de Consumo Alberto Garzón no toque el fútbol, YouTube o las redes sociales. Ni los eventos deportivos que comiencen a partir de las ocho de la tarde ni los equipos de fútbol con patrocinio de casas de apuestas en sus camisetas se verán afectados por la nueva ley. Los 'lobbies' parecen haber ganado la partida a Consumo según el borrador, prácticamente definitivo, del decreto. Con este, la publicidad del juego no será "similar a la de los productos del tabaco", como se recogía en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, con el objetivo de prevenir y frenar la ludopatía. El malestar es creciente entre los propios compañeros de filas de Garzón y así se lo han trasladado en privado. Tanto es así que debido a las presiones recibidas desde UP para endurecer el texto, Consumo decidió aumentar la discreción con el argumento de evitar filtraciones.

Durante las últimas semanas, Garzón se ha reunido con los principales operadores del juego (Sportium, Paf, Wanabet, Tómbola y Luckia), proveedores de software de juegos de azar (Playtech) o con algunas de las principales cadenas de radio (Kiss FM, COPE, Onda Cero y Prisa Radio), que finalmente consiguieron quedar fuera de la restricción de emitir publicidad de juegos de azar —condicionando solo el contenido—, limitada para las televisiones de una a cinco de la madrugada a excepción de las retransmisiones deportivas. Se niegan reuniones con las grandes plataformas de servicios digitales, como YouTube, ni con redes sociales como Facebook, si bien tampoco se verán afectadas, más allá de que deberán aplicar el control parental o los operadores del juego estarán obligados a utilizar los mecanismos habilitados por las propias redes sociales para evitar que los menores sigan sus cuentas oficiales.

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Iván Gil

Antes de producirse la reunión con las principales cadenas de radio, la intención del Ministerio pasaba por limitar la publicidad en las apuestas deportivas en estos medios. Así se lo trasladó a los directivos con los que negoció, entre ellos Blas Herrero, Rafael Pérez del Puerto, Ramón Osorio y Daniel Gavela. Este último, director general de Prisa Radio, fue quien se erigió en la voz cantante del sector. Su principal argumento fue que la implantación de medidas demasiado restrictivas pondría en peligro numerosos puestos de trabajo, debido al volumen publicitario de las casas de apuestas, que ya supone una de las partes más sustanciales de sus ingresos, principalmente en los espacios deportivos. Tras estos encuentros con directivos de medios, se decidió darle una vuelta de arriba abajo al borrador del decreto, no solo excluyendo a la radio de las restricciones de estos anuncios, sino permitiéndolos en todas las retransmisiones deportivas que comiencen a partir de las ocho de la tarde.

Como consecuencia de la presión recibida desde el lado opuesto, entre las que se cuentan las asociaciones contra la ludopatía, de rehabilitados del juego, de consumidores (Facua) e incluso de las organizaciones políticas que conforman el grupo confederal, solo se habría conseguido la prohibición de utilizar personajes famosos o de notoriedad pública en este tipo de anuncios. El descontento se comenzó a visibilizar públicamente este viernes, coincidiendo con el anuncio público de las principales medidas previstas en el decreto, pero ya se habían producido tensiones los días previos y acabó por estallar el jueves por la mañana. Un dirigente de peso de Unidas Podemos pidió personalmente explicaciones a Garzón, que tras ofrecerlas obtuvo como respuesta los reproches de su interlocutor. Este último le trasladó también que él mismo estaba recibiendo presiones y llamadas de diferentes colectivos trasladándole su preocupación.

"Este es uno de los asuntos en los que no valen medias tintas", arremetía un dirigente morado consultado por este diario, asegurando que "hay mucho malestar ahora mismo con lo que se está conociendo" del decreto. El problema, añadía, es que no se interviene sobre la ley del juego de 2011, por lo que las limitaciones son todavía mayores. Se ha generado "un mal clima", explican estas mismas fuentes, que reconocen también el error de haber generado unas altas expectativas que no se estarían cumpliendo. Ante las preguntas de la prensa sobre la supuesta falta de valentía en la elaboración de la ley, el propio Garzón respondía en rueda de prensa este viernes que "en 30 días es lo máximo que podemos hacer".

En ese mismo momento se producía una concentración frente al ministerio de Consumo, que comparte edificio con la vicepresidencia segunda del Gobierno y el ministerio de Sanidad, convocada por colectivos que luchan contra la proliferación de las casas de apuestas en los barrios de Madrid. "Un escrache a Alberto Garzón", según los convocantes, que coincidía con la presentación de lo que denominaron "el decreto de la vergüenza". Las críticas también se han dejado sentir desde organizaciones de consumidores como Facua, que ha advertido de que "no prohibir la publicidad de casas de apuestas incumpliría el acuerdo de Gobierno". Esta asociación considera "una grave irresponsabilidad" que la regulación anunciada por el Ministerio de Consumo "llegue al extremo de permitir estos anuncios en retransmisiones deportivas".

Todos ellos han pedido al ministro Alberto Garzón que reconsidere las medidas previstas en el decreto, encaminándolas a la prohibición de la publicidad de los juegos de azar. Fuentes del grupo parlamentario consideran que todavía hay margen para modificar el texto de la ley, que desde el Ministerio quieren tener lista antes de verano. Desde Izquierda Unida, la organización que lidera Garzón, defienden que se trata de "un primer paso" y aducen la complejidad de sacar adelante leyes de máximos "estando en minoría" dentro del Gobierno de coalición. Con todo, fuentes del partido cercanas a la dirección indican que habrá que apretar las filas, tanto en las instituciones como en las calles.

La razón de elegir "un paradigma regulatorio y no prohibitivo" se centraría según Consumo en su eficacia. Esta estaría demostrada por la experiencia internacional y por la racionalidad económica. "El caso de Italia es significativo: prohibió toda la publicidad y ha tenido que dar marcha atrás porque provocó males mayores. Un paradigma de prohibición estimula el juego ilegal, que en el caso del juego online es muy accesible", añaden. Con tono triunfalista, defienden también que "es la primera regulación en España y la más estricta de toda la Unión Europea y Reino Unido, exceptuando el caso de Italia que está dando marcha atrás".

La prohibición total de la publicidad generaría incentivos, dicen, para que creciera el juego ilegal y para que la publicidad se dirigiera a otros soportes no fácilmente regulables, más accesibles para colectivos vulnerables. En definitiva, concluyen, se trataría de "una 'medalla' política, pero un desastre de política pública". "Nosotros protegemos a los usuarios que por ocio o necesidad quieren jugar online, y nos parece inadecuado e imprudente empujarles a un sistema de juego ilegal y no regulado donde están desprotegidos ante las prácticas de las empresas de juego".