A PETICIÓN DE LOS AGRICULTORES DE LLEIDA

El aceitero andaluz vetado por el Parlament: "No hay mejor aceite para el 'pan tumaca"

El aceite que usaba el Parlamento catalán pertenece a Migasa, un gigante andaluz que factura más de 1.000 millones. Su director sustituyó en diciembre a un catalán en la patronal

Foto: A la derecha, Antonio Gallego (Migasa).
A la derecha, Antonio Gallego (Migasa).
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La escalada de vetos en Cataluña a productos del resto de España ha alcanzado un nuevo hito. Un hito pequeño, casi ridículo, pero hito. De las llamadas a consumir productos locales por parte de la ANC y otras asociaciones soberanistas se ha pasado al Parlament, que ha retirado un aceite andaluz a petición de un consejo de productores de Les Borges Blanques (Lleida). El aceitero que lo produce se ríe. Se ríe sin parar al otro lado del teléfono. Antonio Gallego, director general de Migasa, la empresa vetada, se lo toma con ironía: "Pues no hay mejor aceite para el pan tumaca que ese".

El pasado 13 de febrero, el presidente del consejo comarcal de Les Garrigues, Jaume Setó (PDeCAT), puso a rodar una bola que aún no ha parado. En una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, protestaba porque había visto aceite que no era catalán en la cafetería de la Cámara. "Me dirijo a usted para manifestar mi sorpresa y la de muchos garrigueses al saber que en el Parlamento de nuestro país el aceite de oliva que se sirve es de fuera de Cataluña".

Setó, que no contestó a la llamada de este diario, reclamaba el apoyo para "poner en valor los productos autóctonos". "Somos conscientes de que servicios públicos como el de la restauración del Parlament de Cataluña se licitan a través de un concurso público, pero también sabemos que a la hora de redactar los pliegos de las cláusulas de los concursos se pueden establecer requisitos concretos que condicionen la adjudicación". Catalunya Ràdio informó el miércoles de que el aceite, envasado en Getafe, ya había sido retirado. "Me dijeron que ha sido un error puntual y que no volvería a pasar", según anunció Setó.

El aceite de oliva que servía la cafetería del Parlamento catalán era de la firma Rafael Salgado, con sede en Getafe. Pero desde hace una década esta empresa pertenece a Migasa, un gigante andaluz del aceite con 1.000 millones de euros de facturación y dirigida por el presidente de la patronal de exportadores, Antonio Gallego. Para Gallego, eso es una minucia, ni sabía que su aceite estaba en el Parlament y explica por teléfono que seguramente fue algún distribuidor el que lo llevó.

Antonio Gallego, que en diciembre fue elegido nuevo presidente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), considera "de película" que hayan vetado su marca en el Parlament. "Al pan tumaca le pega un buen aceite, y mejor que este no hay ninguno. Es extraordinario. Pero bueno...". En diciembre, Gallego sustituyó a José Pont, CEO de la leridana Borges, al frente de la patronal exportadora.

"Solo podemos decir que el mercado europeo es abierto e impide cualquier limitación y lamentamos estas cosas"

El aceitero andaluz evita la polémica y remite a la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac). Su director, Primitivo Fernández, tampoco quiere echar sal en la herida. "Solo podemos decir que el mercado europeo es abierto e impide cualquier limitación y lamentamos estas cosas".

Pero, en privado, los aceiteros están indignados y llevarán el veto al ministro de Agricultura, Luis Planas. Fuentes del sector consideran inaceptable que las instituciones públicas entren al juego de las campañas de veto según el origen de los productos. En los últimos años, sectores españolistas han dirigido campañas contra productos catalanes y viceversa ante la oposición de las patronales.

La patronal catalana Foment del Treball llevó a la Justicia una campaña de la ANC sobre "consumo estratégico" que identificaba productos catalanes para evitar la compra de bienes de otras partes de España. Su objetivo era “dar efectividad real a la proclamación de la república catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante el empoderamiento de la gente en la toma de decisiones de consumo cotidiano”.

El pasado mes de diciembre, un juzgado de lo mercantil ordenó prohibirla alegando que incitaba a "la comisión de actos discriminatorios y, por consiguiente, punibles" y que la campaña "puede condicionar las preferencias en el consumo de los destinatarios de aquella información, dado que la demandada persigue que en este contexto político, el consumidor se guíe con criterios irracionales desde una perspectiva económica". En enero, pese a la prohibición judicial, la web reapareció clonada en servidores extranjeros.

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