LOS MORADOS SE DAN POR SATISFECHOS

PSOE y UP cierran la 'crisis' por Marlaska y acuerdan flexibilizar la política migratoria

El Gobierno lanza un comunicado en el que, por un lado, recuerda que esta materia es "de Estado" y en el que también señala que se dará "cauce" a un mejor encaje de las solicitudes de protección

Foto: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, este 19 de febrero en el Congreso. (EFE)
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, este 19 de febrero en el Congreso. (EFE)

La primera tensión entre los socios del Gobierno de coalición en seis semanas de vida, y en este caso a cuenta de la política migratoria de Fernando Grande-Marlaska, se ha acabado resolviendo, al menos aparentemente, en apenas unas horas. Tras manifestar Unidas Podemos su desacuerdo con la orientación dada por el ministro del Interior, las dos formaciones lanzaron un comunicado desde el Ejecutivo en el que, por un lado, recuerdan que esta materia es una cuestión "de Estado" y también que se establecerán "cauces" para adecuar el sistema de asilo a "la protección de nuevas realidades". La traducción es que se flexibilizará la fórmula para proporcionar la protección internacional, una de las demandas más importantes de los morados.

La política migratoria se había convertido en una fuente de conflicto en los últimos días, al ser una materia muy sensible para Unidas Podemos, que siempre ha entendido que Marlaska lidera una orientación más conservadora y rígida. El primer detonante fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, que avaló las devoluciones en caliente a las que dio cobertura el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 a través de la 'ley mordaza'. El titular de Interior respondió al fallo sin aclarar si habrá modificación legal, pero insistiendo en que España respeta plenamente los derechos humanos. El segundo fue la publicación, en 'El País', del borrador que manejó Interior en octubre y que suponía el endurecimiento de la Ley de Asilo de 2009. La justificación es que aquella norma, de hace diez años, estaba pensada para una realidad que nada tiene que ver con la actual. Entonces, las solicitudes de protección internacional eran 3.007, mientras que 2019 se cerró con 118.264 (de ellas, 40.906 de ciudadanos venezolanos).

La combinación de ambos elementos generó malestar en Unidas Podemos. Fuentes del grupo confederal pidieron a Interior que aclarase el "malentendido". "Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no solo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de Gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos", indicaron. No hubo declaraciones en público de dirigentes morados cargando contra Marlaska, por lo que esta primera 'crisis' interna no escaló muchos peldaños. Pero esas palabras de la cúpula daban expresiva cuenta de la tensión que se había producido en los últimos días a cuenta de este asunto.

UP había avisado de que los mensajes del ministro eran "lo contrario" de lo acordado, aunque Interior aclaró que el borrador ya era "papel mojado"


Fuentes de Interior señalaron a este periódico que el borrador citado era simplemente "un 'brainstorming' de los técnicos del ministerio" que nunca había llegado a ser estudiado y aprobado por los órganos directivos superiores, por el propio Marlaska o la directora general de Política Interior, Carmen López. Era, argumentaban, "papel mojado". Primero, porque se redactó en octubre, antes de las elecciones del 10 de noviembre y antes, por tanto, de la investidura y de la formación del Gobierno de coalición. En segundo lugar, porque Marlaska había recibido noticias de la Comisión Europea de que estaba ya rodando rápido la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de tal manera que la directiva comunitaria podría estar lista en un año. Ese era el marco de referencia para Interior y al que esperaría, en principio, para proceder a la revisión de la ley nacional de 2009.

"Intenta contentar" a todos

Ya por la noche de este miércoles, el Gobierno envió, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, un comunicado en el que venía a zanjar la primera tensión del bipartito. El Ejecutivo, dice la nota "considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos".

Se identificarán mejor las peticiones de asilo y las migraciones económicas, y se adecuará "el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades"

Bajo ambos preceptos, el Gobierno entiende que la política migratoria ha de tener como ejes la "cooperación y apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen", la "lucha contra la criminalidad y la trata de seres humanos", la "apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino" y, finalmente, el "establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades".

La nota, como lo interpretaban los morados y también Interior, recoge una redacción que "intenta contentar" a todas las partes. De un lado, subraya que la política migratoria es una "cuestión de Estado". Es una manera de resguardar a Marlaska, ya que Interior, junto con Defensa, Exteriores y Justicia, son los llamados ministerios de Estado, que el PSOE se reservó en exclusiva. A continuación, el comunicado replica los principios que ha venido defendiendo en todos estos meses Pedro Sánchez: la ayuda a los países de origen y tránsito como principal vía de contención, el combate contra el tráfico de seres humanos, la inserción de los migrantes a nuestro país.

Un grupo de inmigrantes subsaharianos, tras el muro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el pasado 19 de julio en Melilla. (EFE)
Un grupo de inmigrantes subsaharianos, tras el muro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el pasado 19 de julio en Melilla. (EFE)

Pero también se recoge un último punto que es un guiño a Unidas Podemos. Se promete esa "identificación" y diferenciación entre las migraciones por razones económicas y la protección internacional, que comprende tanto el derecho de asilo, el que se concede a los refugiados, como la protección subsidiaria, que se otorga a los extranjeros que no son refugiados pero sí se hallan en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen. El comunicado indica que se adecuará el "sistema de asilo a la protección de nuevas realidades".

"Todo vuelve a su cauce"

El programa electoral de UP para el 10-N hablaba, precisamente, de impulsar una nueva Ley de Asilo "adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales". Además, prometía revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior, "para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación". También planteaba poner "especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata".

El acuerdo de la coalición recogía una nueva Ley de Asilo y mejorar la atención de los migrantes que llegan "en situaciones de alta vulnerabilidad"

El acuerdo programático de la coalición, firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, señala que se elaborará una nueva Ley de Asilo "que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales". "España seguirá comprometida con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores", se puede leer en el texto. Es decir, que el comunicado lanzado por la Moncloa vuelve a la redacción del pacto programático. "Todo vuelve a su cauce", indicaban fuentes de UP en el Ejecutivo, dando por zanjada esta primera fricción interna.

Pedro Sánchez, junto a sus dos primeros vicepresidentes, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, este 19 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE)
Pedro Sánchez, junto a sus dos primeros vicepresidentes, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, este 19 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE)

La paz en el Gobierno de coalición, pues, ha durado casi seis semanas, hasta que estalló por uno de los flancos previsibles, la política migratoria, de cuya flexibilización han hecho bandera los morados. En ella, una parte importante la ocupan las devoluciones en caliente, de las que nada dice el acuerdo conjunto. Marlaska, en su comparecencia parlamentaria en el Congreso del pasado lunes, no aclaró si las suprimirá o no, pese al aval del TEDH, que finalmente no condena a España por la repatriación exprés de dos subsaharianos que atravesaron la valla de Melilla y que considera que estos utilizaron la violencia. Pese a las preguntas de los diputados, se limitó a recordar que el fallo rechaza la violencia para entrar en un territorio y respalda los mecanismos en frontera en embajadas y consulados para dar cauce a las peticiones de protección. Las devoluciones sumarias formaron parte de la discusión de la reunión, el viernes pasado, de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, que presidió Sánchez y a la que acudieron Iglesias y Marlaska, entre otros miembros del Gobierno.

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