Marlaska aparca su política migratoria tras tensar las relaciones entre PSOE y Podemos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha provocado el primer desencuentro en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de sus intenciones de endurecer la política migratoria en la nueva ley de asilo. Como adelantó este diario, se han producido diferencias de calado en el debate que se abrió en el Ejecutivo tras la sentencia de Estrasburgo avalando las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gabinete que dirige Marlaska apostó, en un borrador técnico elaborado en octubre (antes, por tanto, de las elecciones del 10-N), por endurecer la regulación del asilo, mientras que el sector morado del Gobierno exigió por el contrario medidas más flexibles, apoyándose en su pacto de Gobierno con los socialistas, que evitasen las repatriaciones exprés y el "cumplimiento de los derechos humanos". Interior señaló, tras visualizarse las primeras tensiones de los dos socios, que ese documento inicial nunca llegó a estar en la mesa del ministro y que ya había quedado superado, puesto que en principio, se esperará a la normativa comunitaria para reformar la ley nacional de asilo, y eso puede tardar un año. Esa será el "marco de referencia", la orientación básica.

Las intenciones del departamento para endurecer la política migratoria, filtradas este miércoles, han provocado que las diferencias saliesen de la Moncloa. "Esperamos que el Ministerio del Interior aclare cuanto antes el malentendido", explican a este diario fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Fuentes de la formación morada en el Ejecutivo, además, aseguran que "la posición de Marlaska no está siendo la posición del Gobierno". Según estas mismas fuentes, "apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no solo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de Gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos".

Tanto los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo como su grupo parlamentario han incrementado la presión sobre sus socios de Gobierno a raíz de la sentencia de Estrasburgo. Un escenario frente al que Interior reaccionó con propuestas que limitan el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de solicitud, según el borrador de la normativa que avanzó 'El País'. Asimismo, este documento planteaba eliminar la comisión interministerial en la que se deciden las demandas de asilo, un órgano en el que cuenta con representación el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero.

Los morados entienden que los últimos mensajes sobre inmigración de Interior son "contrarios" a la letra y el espíritu del acuerdo de gobierno

En Interior, mientras, fuentes próximas al ministro señalaban que ese borrador, de octubre, ya era "papel mojado", pues era simplemente "un 'brainstorming' de los técnicos del ministerio", que "no llegó a pasar ningún filtro político ni fue elevado a ningún órgano directivo". Es decir, que no fue estudiado ni por Marlaska ni por la directora de Política Interior, Carmen López. Ese texto nació por la necesidad de reformar la Ley de Asilo, de 2009, ya que la realidad ha cambiado por completo respecto a aquel año. Entonces, en 2009, eran muy pocas las solicitudes de protección internacional (3.007), nada que ver con el volumen de peticiones que se registró, por ejemplo, en 2019, 118.264. Además, Bruselas apremiaba a España a reformar su legislación.

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"España tiene mecanismos suficientes"

"El borrador ha quedado superado no solo por la formación del Gobierno de coalición", que fue posterior (los ministros de Pedro Sánchez prometieron sus cargos el pasado 13 de enero), explican en Interior. También porque la Unión Europea ya ha advertido de que está avanzando con su nueva normativa, con la modificación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que desembocará en la aprobación de una directiva comunitaria que podría estar lista para dentro de un año. "¿Qué sentido tiene por tanto reformar una ley nacional cuando va a llegar una legislación europea en un plazo corto?", se preguntan en el departamento que dirige Marlaska. Así que se "tomará como referencia siempre" la revisión de la SECA, salvo si hay un cambio de criterio por si la negociación de la directiva se demora y no llega en la fecha prevista, 2021.

En Interior aducen que el borrador era solo "un 'brainstorming" de octubre que ha quedado superado tras el 10-N y por los avances en la UE

Otra cuestión colateral son las devoluciones en caliente. El ministro no aclaró el pasado lunes, durante su comparecencia parlamentaria en el Congreso, si las mantendrá. Solo aseguró que España aplica la normativa internacional protectora de los derechos fundamentales. "Les garantizo que hay un respeto absoluto en materia migratoria y en todo el ciclo a los derechos humanos", aseguró a los grupos, que le preguntaron sobre esta materia, de máxima actualidad tras el aval del Tribunal de Estrasburgo. El titular de Interior recordó que ese fallo rechaza el ejercicio de la violencia para entrar en un territorio y respalda los mecanismos en frontera y en consulados y embajadas para dar respuesta a las solicitudes de asilo. "España cuenta con mecanismos suficientes para la asistencia a las personas solicitantes de protección internacional", concluyó. Fuentes del ministerio añadían este miércoles que aún no hay ningún texto preparado ni una directriz marcada, de modo que habrá que esperar al camino e impulso que dicte la Moncloa. O sea, el presidente Sánchez.

Los cambios en la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria de 2009 que Unidas Podemos defendía en su programa electoral proponían incluir "a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales" y revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio "para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación". Asimismo, se apostaba por poner especial atención en "la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata". Estos son los aspectos concretos que en Unidas Podemos entienden como "los nuevos retos de la movilidad global y nuevas realidades sociales" y a los que el acuerdo de gobierno se compromete dar respuesta.

Reunión en la Moncloa

Si desde Unidas Podemos criticaron abiertamente la sentencia desde el primer momento, Marlaska ha sostenido que el fallo "manifiesta que la violencia [pretendidamente de migrantes contra las fuerzas de seguridad] es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales". Precisamente, en el marco de los derechos humanos se sustancia la discusión abierta en el seno del Ejecutivo de coalición y que debería servir como base para el desarrollo de una nueva ley de asilo, que debido al fallo de Estrasburgo Unidas Podemos no quiere demorar. Interior entiende, sin embargo, que una cosa es la protección internacional y otra muy distinta las devoluciones en caliente, y se han de conducir por canales diferentes.

Los choques de los morados con Grande-Marlaska a cuenta de las distintas posiciones en política migratoria se remontan a la pasada legislatura

Los choques de los morados con Grande-Marlaska a cuenta de las distintas posiciones en política migratoria se remontan a la pasada legislatura. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la 'ley mordaza' —la norma del PP que incluyó las repatriaciones exprés en una disposición final—, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la 'ley mordaza' recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

La política migratoria se ha convertido, pues, en el primer elemento de fricción entre los dos socios. Ambos pudieron comprobar sus posiciones divergentes en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, que presidió Sánchez en la Moncloa, y a la que acudieron varios miembros del Gobierno, entre ellos los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Justicia, Juan Carlos Campo. En esa cita, programada desde hacía tiempo, se pudo hablar de cómo afrontar el fallo del tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente.

PSOE y UP constituyen sus comisiones de coordinación

Este jueves se constituyen en el Congreso los dos foros oficiales de coordinación de los dos socios de Gobierno.

Por un lado, a las 12:00, se conformará la comisión permanente de seguimiento del acuerdo (o mesa permanente), que formarán dos representantes de la Presidencia del Gobierno (Iván Redondo, el director de Gabinete de Pedro Sánchez, y Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia), dos de la Vicepresidencia Primera (la que dirige Carmen Calvo: Isabel Valldecabres, su jefa de Gabinete, y Antonio Hidalgo, el subsecretario del ministerio), dos de la Vicepresidencia Segunda (la de Pablo Iglesias, que serán su jefe de Gabinete, el exJemad Julio Rodríguez y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra), el secretario de Estado de Comunicación (Miguel Ángel Oliver), otro del área de comunicación de la Vicepresidencia Segunda (Juanma del Olmo), otro del Grupo Socialista (Adriana Lastra) y otro del grupo confederal de Unidas Podemos (Pablo Echenique). 

También se formará, a las 13:00, la comisión de seguimiento parlamentario, que sí es paritaria, ya que contará con cinco miembros del Grupo Socialista (Adriana Lastra, Rafael Simancas, Belén Fernández, Felipe Sicilia y Pepe Zaragoza) y otros cinco del de UP (Pablo Echenique, Jaume Asens, Enrique Santiago, Antón Gómez-Reino y Sofía Castañón). 

Fuentes próximas a Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, así como de la formación morada, señalaron que la constitución de estos dos foros ya estaba prevista antes de que estallara esta primera tensión. De hecho, el protocolo que firmaron los dos partidos indicaba que se conformarían ambos en el plazo de 30 días desde la puesta en marcha del Ejecutivo. El Gobierno de coalición tomó posesión el 13 de enero. No obstante, aparte de estos dos foros oficiales, hay otro órgano informal de coordinación de PSOE y Unidas Podemos: los 'maitines' que Pedro Sánchez preside cada lunes en la Moncloa y en los que se sientan el núcleo duro de las dos mitades del Gabinete.