Meten a sus hijos en un reformatorio pese a que toda la familia quiere acogerlos

David y Miguel son hermanos, tienen 10 y nueve años y llevan un mes viviendo en la residencia juvenil Gregorio Santiago de Burgos. Los niños no han delinquido en su vida, más bien son de carácter retraído y el pequeño padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero llevan semanas atemorizados entre jóvenes conflictivos de entre 15 y 17 años. El 10 de enero, los servicios sociales retiraron la custodia a la madre por la “ausencia de estructura y estabilidad familiar”, “ropa no adecuada o sucia” y “retraso escolar” debido a una "falta de hábitos de estudio", entre otras valoraciones. Ese mismo día, la abuela solicitó la custodia con carácter urgente. También se ha ofrecido una de las tías. Ambas cuentan con buena posición económica y social. La solicitud no ha recibido aún respuesta de los servicios sociales.

La familia está desesperada. Más cuando ningún juez ha firmado este desamparo sino que han sido de oficio los funcionarios de los Servicios Sociales. Es más, existe una sentencia judicial de junio de 2019 que confirma la guarda y custodia de los niños a la madre. Este caso vuelve a poner en cuestión los mecanismos para declarar a un niño en desamparo y apartarlo de su familia, tras el goteo de denuncias de padres y profesionales en toda España. El escándalo de explotación sexual en Mallorca no ha hecho sino reforzar a quienes llevan años pidiendo que se revisen los protocolos de actuación de los Servicios Sociales.

Me estoy cambiando de piso a ver si conmigo lejos los servicios sociales aceptan la solicitud de la abuela

“Cada día que pasa es un peligro para los niños”, exclama la madre, Silvia Temiño, al borde de un ataque de nervios permanente. “Me estoy cambiando de piso porque mi madre vive en el mismo edificio, a ver si conmigo lejos los servicios sociales aceptan la solicitud de la abuela. Es una aberración que los niños estén internos en un centro de menores conflictivos cuando tienen familia extensa y bien posicionada. Si no quieren que vivan conmigo porque soy una madre soltera, muy bien, pero que no lo paguen con ellos”. En el plano económico, los niños han tenido siempre sus necesidades cubiertas, ya que la madre tiene ingresos estables.

Temiño recuerda el día en que ocurrió todo: “Me llamaron por la mañana, que acudiera urgente a una cita. Me dijeron que habían declarado a los niños en desamparo. No me dejaron ni acercarme al colegio a dejar unas bolsas con ropa. ‘En 10 días, podrás traerlas’, me dijeron. Es imposible contactar con el centro para saber cómo están. Los he visto solo una hora en todo este tiempo. Se los llevaron por la fuerza, con el apoyo de dos patrullas de Policía Nacional. Montaron un espectáculo horrible frente a todo el mundo”.

Desde que los niños han sido tutelados por los servicios sociales, la situación se ha ido de las manos, según afirman en privado padres del colegio: los niños visten ropa varias tallas grande, sin prendas de abrigo en pleno invierno. Han dejado de acudir a deporte y otras actividades por las tardes y sus calificaciones escolares, que hasta la fecha eran normales, han decaído. La abuela y una de las tías, que llevan desde el primer día reclamando la custodia de los hermanos, han pedido explicaciones incluso al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa. “Lo que le están haciendo a estos niños no lo voy a perdonar jamás. Meter a unos niños en un centro de menores debe ser el último recurso cuando no tienen a nadie en la familia en condiciones para acogerlos. El daño que les están haciendo es enorme”.

Los Servicios Sociales no dan explicaciones sobre decisiones particulares. Siempre insisten en que su única motivación es velar por el bien superior del menor. “Asumir la tutela de un menor es un asunto doloroso para todos. También para nosotros”, declaró días atrás Marian Paniego, gerente de Servicios Sociales en la provincia, al 'Diario de Burgos', medio que adelantó el caso de Silvia Temiño. “Nos gustaría poder evitarlo y no tener que llegar a esta situación, pero cuando existen indicadores de riesgo elevado (…) debemos actuar por el interés superior del menor, para que no se vea perjudicado o privado en su desarrollo personal o social”.

Víctimas de una disputa parental

La historia de esta desgracia se inicia con una ruptura traumática. La madre es abandonada por el padre cuando los niños son bebés, el pequeño apenas un recién nacido. La madre se siente abrumada por la dificultad de sacar adelante sola a dos niños y solicita ayuda a los servicios sociales, en este caso de Cataluña, ya que los pequeños nacieron en Barcelona. “Fui a informarme al ayuntamiento del pueblo donde vivía para ver si podía acceder a alguna ayuda porque con el trabajo iba muy apurada, y ellos me dijeron que claro que sí, que podía contar con ellos. Ahí fue cuando los servicios sociales entraron en mi vida y empezaron a fiscalizarme”, recuerda Temiño.

Al cabo de tres años, la madre decide regresar a Burgos, donde dispone de apoyo familiar, tras obtener un informe muy positivo de los servicios sociales catalanes (la DGAIA), que concluyen que los niños no sufren ningún riesgo bajo la tutela de la madre y dan carpetazo a su expediente.

Sin embargo, la pesadilla regresó pronto a la vida de Temiño. Desde su retorno a Burgos, el padre de los niños denunció, tanto por vía judicial como administrativa, su dificultad para ver a sus hijos. “Cuando nos fuimos de Barcelona, él venía a recogerlos aquí y yo me los traía de Barcelona, lo que ya era una paliza para ellos, pero cuando el padre se mudó a Lisboa, me negué a cambiar de país para recogerlos, eso era una tortura, y un juez dictó que el padre debía venir a Burgos en las primeras semanas y confirmó mi custodia. El problema aquí es que los niños no quieren ir con su padre, le tienen miedo y se ponen histéricos cuando viene porque les maltrata emocional y a veces físicamente. En las últimas tres visitas, fue imposible que los niños se fueran con él a Lisboa, de ahí que él me denunciase ante los Servicios Sociales. Ahora estos funcionarios, de forma arbitraria, han optado por meterlos en el centro de menores”. Por su parte, el padre lo niega todo y asegura que la madre manipula emocionalmente a los niños.

Un tira y afloja en que los servicios sociales han dictado su particular sentencia: consideran que la madre es culpable por meter en sus hijos una “falsa memoria traumática que les lleva a vivenciar cualquier contacto con el padre bajo una falsa sensación de peligro y amenaza”. Ese concepto, el de 'falsa memoria traumática', emparejado al llamado 'síndrome de alienación parental', ha sido ampliamente desacreditado por expertos psiquiatras e incluso por el Consejo Superior de Trabajadores Sociales. No hay evidencia científica, según los detractores, de que una madre o un padre puedan manipular a sus hijos hasta el extremo de hacerles inventarse maltrato o simular morirse de miedo frente al otro progenitor.

“He hecho todo lo que me han pedido. Empecé un programa familiar en septiembre, he acudido a todas las citas, he aguantado cómo me preguntaban por mi vida sexual o que me digan que no sé hacer los bocadillos a los niños, no he puesto nunca una pega, pero no han parado hasta quitármelos”, se queja Temiño. “Parece que el Servicio de Atención y Protección a la Infancia prefiere que mis hijos vivan en un centro de menores junto a otros niños de 16 y 17 años, muchos de ellos infractores, a que vivan con su familia. El pequeño tiene diagnosticada vejiga hiperactiva, por eso mancha mucho la ropa y a los servicios sociales les parece que va sucio, pero siempre ha ido impecable y con 'tops' de recambio en la mochila. Lo que me cuentan los padres es que están peor que nunca. A mí no me dejan ni acercarme”.

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Días atrás, Temiño recibió este mensaje de WhatsApp de padres del colegio, cansados de ver a los hermanos con la ropa de los servicios sociales: “Silvia, espero que no te moleste lo que te voy a decir: ¿te importaría que les regalara a Miguel y David unas deportivas? Me ha dicho Juan que Miguel llevaba unas que estaban desgastadas. Espero no haberte ofendido. Me dices el número si no tienes inconveniente. Es como un regalo de cumple”. Y Temiño responde: “Diles por favor que tengo muchas... Pero no me permiten acercarme. Les llevé mucha ropa nueva… zapatos… y los térmicos de balonmano, pantalones y camiseta, pero no se los ponen”.

La madre ha emprendido ya acciones judiciales para sacar a sus hijos del reformatorio. La primera, unas medidas cautelares al juzgado de primera instancia número 7 de Mataró (Barcelona), que fue el que sentenció hace unos meses que Silvia Temiño era plenamente hábil para custodiar a sus hijos. La segunda, una denuncia judicial contra los Servicios Sociales, presentada días atrás, en la que se explica que los menores “no entienden" por qué están en una residencia juvenil "ni por qué han sido apartados de su vida y actividades extraescolares habituales”. Están “con menores de más de 16 años que, según relatan, solo gritan, insultan y se pasan el rato con el móvil, con la inestabilidad y el impacto emocional que todo esto comporta a niños de tan corta edad”, más cuando existe “una familia normalizada y de sangre que ha solicitado urgente acogimiento de los menores”. La familia teme por los “daños irreparables que puedan surgir en su vida adulta”.