Las lagunas de la ley de eutanasia: menores, tutores legales y comisiones partidistas

La eutanasia es casi una realidad en España. Tras la aprobación el pasado martes del proyecto de ley por parte del Congreso, empieza a materializarse la posibilidad de que las personas que quieran acabar con su vida por su estado de salud puedan hacerlo.

La medida cuenta con un gran respaldo social, con un 85% de españoles que se muestran a favor, y ha sido ampliamente aplaudida por las asociaciones de enfermos terminales que llevan años pidiendo un marco legal para el suicidio asistido. Sin embargo, el texto tiene a día de hoy algunas lagunas que podrían entorpecer el proceso o dejar casos fuera.

En primer lugar, la concreción de la norma, que habla de “pronóstico de vida limitado”, no incluiría a personas que habiendo sido diagnosticadas de una enfermedad degenerativa no quieran esperar a ser dependientes o no padezcan necesariamente un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”, dos de los requisitos que contempla la ley. “Según está ahora se recogen casos como el de Ramón Sampedro, pero no el de, por ejemplo, una persona con ELA que no quiere esperar a estar ahogándose en sus propias flemas para considerar que tiene problemas de autonomía”, explican desde la asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’ (ADMD).

"Nosotros defendemos lo que el paciente quiera, y es verdad que hay muchos que no quieren vivir con la angustia de si se van a ahogar o no un día comiendo, o que la familia está todo el tiempo pendientes de ellos. Personalmente creo que también habría que incluir su caso", opina Rosa María Sanz, presidenta de la Asociación Española de ELA.

Una persona con ELA que no quiere esperar a estar ahogándose en sus propias flemas no estaría recogida en la ley

“Estamos totalmente a favor y entusiasmados con la ley, pero creemos que se han metido en un lío con esos requisitos que no eran necesarios. En Holanda o Bélgica es suficiente con que tengan una dolencia irreversible que le provoque sufrimientos insoportables. Y eso es relativo: para unas personas puede ser no poderse ni mover y para otros no poder valerse por sí mismos”, añaden desde la asociación. "Creemos que abre una barra libre a la interpretación subjetiva que no es necesaria".

La ley sí contempla que esas personas puedan dejar escrita su voluntad para cuando no la tengan, lo que se conoce como un 'testamento vital', pero no que pueda aplicarse en estados no tan avanzados de la enfermedad.

Ponen como ejemplo el caso de Oregón, donde es legal el suicidio asistido. En el estado estadunidense llevaron a cabo una encuesta entre los que lo habían solicitado para saber sus motivaciones. Sorprendentemente, el primer motivo no era el sufrimiento sino la incapacidad para “hacer cosas que les hacían felices”.

En los países donde es legal, dos terceras partes de los pacientes que solicitan la eutanasia sufren un cáncer terminal. El resto son, en su mayoría, personas con insuficiencias cardiacas, esclerosis y otras enfermedades degenerativas.

Desde la Confederación Española de Alzheimer destacan que el texto, tal y como está planteado ahora, tampoco protege a los tutores legales de los enfermos, las personas encargadas de suministrar la sustancia que acabe con la vida de su familiar. “Hay que ver todavía de qué forma se garantiza su seguridad legal, nos habría gustado que se recogiese en el texto, pero esperamos que pueda incluirse en el manual de buenas prácticas que se pretende elaborar antes de que se apruebe definitivamente”, señala Rosa María Cantabrana, presidenta de la confederación.

Tampoco menores ni enfermos mentales

A diferencia de otros países, la ley del gobierno de coalición no incluye tampoco a los menores ni a las personas con enfermedades mentales. “Una persona con esquizofrenia debería también poder decidir. No viven en un brote continuo y son capaces de valorar cómo es su vida y si les gusta”, añaden desde la ADMD. “Y tampoco tiene sentido que un menor con leucemia con 17 años no pueda pedirlo y con 18 sí”.

Tememos que en las comunidades donde ha entrado Vox se use este mecanismo para boicotear la ley

Pero sobre todo, el principal escollo que encuentran en la aplicación de Ley es la incorporación de la comisión de control que revisará los casos para, en casos de irregularidad, se remita a la Fiscalía. Aunque las comisiones son habituales en todas las leyes de eutanasia internacionales, el problema es cuándo entra en juego: mientras la mayoría lo hacen después de haberse aprobado la eutanasia, en el caso español será previo y, además, sus miembros dependerán de las comunidades autónomas. Es decir, aunque dos médicos den su aprobación a la aplicación del suicidio asistido, la última palabra la tiene la comisión. “Y nos tememos que en las comunidades donde ha entrado Vox se use este mecanismo para retrasar o boicotear la ley. No hay seguridad jurídica, porque tampoco está claro si esa decisión se va a poder recurrir”, afirman desde la ADMD.

Esta proposición de ley es la primera del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y tuvo el respaldo de 201 votos. Ahora, se abre el plazo para que la comisión de Sanidad del parlamento la desarrolle, y se acaben de perfilar cuestiones como las que señalan las asociaciones. Sin embargo, los socialistas prevén que la aprobación final será rápida, hacia finales de este año, por el consenso dentro del Congreso y el amplio desarrollo del texto.