El Gobierno abre un atajo para aprobar leyes europeas sin que el Congreso las enmiende

El Gobierno ha decidido preguntar al Consejo de Estado si puede utilizar una vía prevista en la Constitución pero muy poco usada para aprobar decenas de directivas europeas pendientes de trasposición. Ese trámite supone que el Congreso otorga al Gobierno unas bases y de ahí el Ejecutivo traspone directamente las normas europeas a leyes sin que vuelvan al Congreso ni que pueda retocarlas. Es lo que se hizo cuando España se incorporó a la Comunidad Económica Europea en los 80 y tenía que sumar de golpe una enorme cantidad de legislación. El Gobierno se evitaría así seguir batiendo récord de decretos leyes y engorrosas tramitaciones en el Congreso pero en la oposición empezaron anoche a tomar conciencia de la situación para criticar lo que consideran otro ninguneo al Parlamento.

España lleva años de actividad legislativa mínima. Desde que en 2015 Rajoy ganó las elecciones sin mayoría, el Congreso ha sido un lugar de comisiones de investigación, broncas, proposiciones no de ley y hasta de una moción de censura. Pero apenas de leyes. Tras las elecciones de 2016, primero con Rajoy y después con Sánchez en Moncloa, España vivió su legislatura más estéril. El lapso entre las elecciones del pasado abril y las de noviembre añadió otro año de parón. Solo ahora el Congreso retoma la actividad.

Hace un año, las multas de Bruselas ya amenazaban con llegar a los 160 millones al año

El problema es que en estos años Bruselas ha seguido legislando y crece la lista de directivas pendientes de incorporar al ordenamiento jurídico español. Además, la Comisión establece multas para los Estados que se retrasan. Según un listado remitido al Parlamento por el Ministerio de Exteriores, cuando hace un año Sánchez disolvió las Cortes, España tenía 69 directivas pendientes de trasponer. Algunas de ellas, debían haber estado traspuestas antes de 2015. Hay directivas de todo tipo y multas ya planteadas que rondan los 450.000 euros diarios, más de 160 millones de multa al año. La multa es el último recurso y los Estados negocian con la Comisión justificando sus retrasos y mostrando avances para evitarlas.

Los socialistas han traspuesto directivas por decreto ley, un sistema en el que el Gobierno manda directamente el texto al BOE y luego lo convalida el Congreso. Pero en ese trámite, con un hemiciclo fragmentado, los partidos pueden lograr tramitarlo como ley e introducir enmiendas. Además, Sánchez ya se ha desgastado aprobando más decretos leyes que sus antecesores pese a predicar el parlamentarismo.

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Ahora, según anunció la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno preguntará al Consejo de Estado si puede recurrir al artículo de la Constitución, que establece que "las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley". Según la referencia, en una mención que detectó Eva Belmonte, de la Fundación Civio, el Gobierno "se plantea elevar una consulta al Consejo de Estado sobre la posibilidad de utilizar la técnica de la delegación legislativa, prevista en el artículo 82 de la Constitución, vía que ya fue escogida en el momento de la integración de España en la Comunidad Económica Europea para incorporar el amplio acervo de directivas comunitarias entonces en vigor".

Es decir, que el Consejo de Estado que preside María Teresa Fernández de la Vega dará su opinión, no vinculante, sobre si el Ejecutivo puede acudir a esa vía exprés para aprobar las directivas pendientes. Si da luz verde, el Congreso aprobaría una ley de bases con los criterios que debe seguir el Ejecutivo y luego el Gobierno podría ir mandando sus leyes al BOE directamente siguiendo eso. Es como si el Congreso renunciara a su capacidad para legislar. Así, el Ejecutivo solo se enfrentaría a una votación y no a decenas con la posibilidad de que la oposición o sus socios introduzcan enmiendas. Sánchez salvaría también la imagen de ser el presidente con más decretos leyes de la democracia.

El Consejo de Estado que preside Fernández de la Vega decidirá si el Ejecutivo puede acudir a esa vía exprés para aprobar las directivas pendientes

El Gobierno justifica que el margen que tiene el Gobierno para la trasposición de directivas es "mínimo", por lo que no caben "innovaciones creativas", ni introducir enmiendas que no tengan que ver con la norma comunitaria de la que se trate. Fuentes del Ministerio de la Presidencia, el departamento que dirige Carmen Calvo y que ha encargado el informe al Consejo de Estado, indican que habrá un "control parlamentario", puesto que las Cortes habrán de redactar la ley de bases en la que se expondrán los límites de actuación del Ejecutivo, informa Juanma Romero.

También añaden en Presidencia que esta fórmula, la delegación legislativa, es "común en otros países de la Unión Europea". "No se hurta control al Congreso". Desde el entorno de Calvo se remarca que solo se pretende “agilizar la trasposición de directivas”, evitar demoras que se traduzcan en fuertes multas de la Unión Europea. Se trata de textos técnicos, dicen, “farragosos”, por lo que estaría justificada, a su juicio, esta delegación de funciones por parte del Ejecutivo. “Hablamos simplemente de trasposiciones, no de aprobaciones de leyes de cualquier tipo”.

Pero la oposición no lo ve así. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo y exvocal de la Junta Electoral a propuesta de Ciudadanos, considera que es "otro atropello más". "Han incorporado directivas por decreto ley y ahora por decreto legislativo vía delegación legislativa. Es una manera de privar al Parlamento de su potestad que se limita a establecer unas bases. Así compensa la debilidad del Gobierno utilizando este truco escandaloso e injustificado", opina. Fuentes jurídicas critican la comparación con la incorporación a la Comunidad Económica Europa porque entonces era imposible que estuvieran y ahora es un problema del sistema parlamentario español, gripado desde hace cinco años.