Treinta sentencias

El TC ultima el blindaje del 'procés' ante Europa con el rechazo masivo de recursos

Este mes de febrero será definitivo para la próxima fase judicial del 'procés': el tribunal despejará todos los escritos para abordar el fondo de la sentencia

Foto: Carteles en una protesta. (Reuters)
Carteles en una protesta. (Reuters)
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Este mes de febrero será definitivo para la próxima fase judicial del 'procés'. El Tribunal Constitucional tiene previsto cerrar la revisión de las decenas de recursos que los distintos acusados han ido presentando, desde el inicio de la instrucción, contra todo tipo de decisiones judiciales, fueran de la Audiencia Nacional o fueran del Tribunal Supremo. Todos ellos se fueron admitiendo al considerar que tenían una especial trascendencia constitucional. Admitiendo y rechazando. La previsión del tribunal de garantías es dar carpetazo a los asuntos que aún quedan pendientes durante los dos próximos plenos, informan fuentes jurídicas a El Confidencial.

Según precisan estas fuentes, el trabajo efectuado durante estos meses ha servido para "blindar dentro del ordenamiento jurídico", las decisiones que ha ido adoptando el Supremo en esta materia. Desde la suspensión de los presos de sus funciones como diputados en distintos parlamentos —el catalán y el nacional— hasta los sucesivos rechazos de sus peticiones de salida de prisión, pasando por su procesamiento o por las quejas contra el juez instructor Pablo Llarena. Antes de que los recurrentes acudan al Tribunal de Estrasburgo, todas las quejas que han querido plantear han sido examinadas y resueltas con una sentencia de fondo por el Tribunal Constitucional.

La decisión se adoptó a propuesta del magistrado Cándido Conde-Pumpido, designado como coordinador de todos aquellos recursos relacionados con el 'procés'. Al frente de la comisión de letrados se ha tratado de garantizar la unidad de criterio entre todos los ponentes. Un hilo conductor necesario en asuntos que han sido estudiados, todos ellos, en Pleno y en los que, casi hasta el último tramo, se logró mantener una unanimidad generalizada.

No fue hasta el pasado noviembre cuando el acuerdo de todos acabó rompiéndose. La revisión de la decisión del juez Llarena de mantener en prisión preventiva a Oriol Junqueras durante dos años antes de la de la condena firme que le condenó a 13 años provocó por vez primera un voto particular discrepante que firmaron tres de los 12 magistrados que integran el pleno. Desde entonces ha habido otras decisiones con discrepantes.

Pese a ello, el TC se muestra satisfecho del trabajo realizado. Se han tenido que tramitar más de treinta recursos y todos ellos se han avocado al Pleno. Han dado lugar, por el momento a dictar 23 sentencias. "Está previsto que las siete que faltan se dicten en los dos plenos de este mes", precisan las fuentes consultadas que tienen claro cuál será el siguiente paso: dejar al tribunal libre para los recursos que vengan contra la sentencia final del Supremo. Los recursos contra la sentencia serán el último escalón para su revisión final ante las instancias europeas.

La última sentencia

La pasada semana se conoció la última de las resoluciones dictada. En este caso fue una inadmisión en respuesta a Carles Puigdemont y se rechazó por unanimidad al considerarla prematura. El 'expresident' impugnaba el auto del instructor del Tribunal Supremo que sirvió para cerrar en su caso la causa del 'procés' y que condujo a su suspensión para el ejercicio de cargo público al estar procesado por rebelión y con prisión en su contra dictada, en consonancia con el artículo 384 bis del Código Penal.

Pocos días antes, el 4 de febrero, el tribunal de garantías notificó otra de las sentencias de este grupo, relativa en este caso a Oriol Junqueras. Se desestimó el recurso presentado por el líder de ERC contra dos resoluciones del Tribunal Supremo de enero y marzo de 2018 que le denegaron la concesión de un permiso de salida de un centro penitenciario para asistir a la sesión de constitución del Parlament de Catalunya convocada para el 17 de enero de 2018. En este caso la unanimidad se rompió con el voto en contra del grupo que ha venido oponiéndose al criterio común en los últimos meses formado por los magistrados Juan Antonio Xio Ríos y Fernando Valdés Dal-Ré y la magistrada María Luisa Balaguer Callejón.

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