Reabren una causa por abusos sexuales contra uno de los padres de Infancia Libre

Un juzgado madrileño ha reabierto la causa por presuntos abusos sexuales contra uno de los padres del caso de Infancia Libre para investigar si, como ha denunciado recientemente la madre de su hija, hubo más abusos que de los que se habían denunciado en el pasado y que fueron archivados.

Así lo determina el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid en un auto, al que ha tenido acceso Efe, dictado el pasado mes de diciembre y que se ha conocido ahora, poco después de que la Fiscalía de Madrid archivara la causa contra Infancia Libre al no apreciar datos objetivos que aseguren que la asociación funcionaba como una organización ilícita, como sostiene la Policía.

La investigación policial comenzó con la detención el 1 de abril de 2019 de la presidenta de la asociación, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores por tener a su hijo aislado y sin escolarizar durante seis meses, y continuó con el arresto de Patricia G.A. por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada.

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Precisamente es sobre el caso de este segunda detenida sobre el que se ha pronunciado el Juzgado de Instrucción 54 de Madrid, que valora la presentación por parte de la arrestada -que perdió la custodia de su hija tras ser detenida- "de nuevos elementos que desvirtúan los motivos que determinaron el sobreseimiento" dictado el 1 de enero de 2015.

Entonces el juzgado archivó provisionalmente una denuncia de Patricia G. A. contra Daniel I. Aguirre por presuntos abusos a la hija de ambos, como ya había hecho el Juzgado de Instrucción 40 de Madrid y como ratificó luego la Audiencia Provincial, según han explicado a Efe fuentes jurídicas.

Ahora se relatan nuevos abusos cometidos supuestamente por el padre entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, aprovechando las veces que tuvo permiso para ver a la niña, y que la menor habría reconocido recientemente.

El padre afectado ha explicado a Efe que entiende que el juzgado "está en la obligación de reabrir la investigación ante una denuncia que contiene acusaciones tan graves", aunque confía en que "quedará claro que no existieron tales abusos", como ya estimaron varios juzgados, la Audiencia Provincial de Madrid y el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (Ciasi).

Entiende que la presentación el pasado mes de diciembre de la denuncia obedece a una estrategia para contrarrestar el hecho de que un mes antes, en noviembre, el Juzgado de Instrucción 53, que investiga si la madre cometió un delito de sustracción de menores, decidiese continuar la las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, que es el paso previo a la apertura de juicio.

El padre niega unos abusos que habrían ocurrido en las pocas tardes que pudo ver a su hija entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, siempre en presencia de la madre de él como se había estipulado, y que se basan en informes de un psiquiatra afín a la asociación.

Tras esos encuentros la madre ya no lo dejó ver a la menor, la llevó a Granada a ver a profesionales que según el padre estaban alineados con Infancia Libre y que hicieron informes "demoledores" y "falsos" sobre él y finalmente la desescolarizó en octubre de 2017, de manera que él no volvió a verla hasta que fue encontrada en una casa de la sierra madrileña en 2019. Tras la detención de Patricia el juez impuso una orden de alejamiento a la madre y el padre recuperó la custodia de la niña.