La falta de médicos en prisiones dispara la tensión: reclusos empastillados sin control

La tarde del pasado 13 de enero fue ajetreada entre los muros de la prisión de Estremera (Comunidad de Madrid), uno de los centros que más sufren el déficit de médicos y la escasez de personal de seguridad privada. Media docena de internos protagonizó una protesta que, según el Ministerio del Interior, fue controlada en 15 minutos y acabó con un funcionario lesionado en una rodilla. El alcance de la misma, sin embargo, no es lo importante, según fuentes penitenciarias, que entienden que la revuelta venía a reflejar un problema endémico dentro de las prisiones cada vez más frecuente.

El escaso sueldo que cobran los médicos que trabajan en las cárceles está provocando desde hace años que los profesionales de la sanidad no tengan ningún incentivo para trabajar entre rejas y opten por los hospitales, que dependen de las comunidades autónomas y donde ingresan más dinero. "Es cierto que a los concursos no se presenta gente, tenemos un problemón por la falta de médicos en las prisiones, no vamos a negarlo", admiten desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En Estremera, por ejemplo, tenía que haber nueve facultativos, pero apenas hay tres en activo.

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Por supuesto, "no pasan consulta", según explican fuentes del centro, porque no tienen tiempo para atender a todos los internos. "Solo atienden las urgencias", reconocen las mismas fuentes, que aseguran que esta escasez de médicos está provocando conflictos entre reclusos y enfermeras y entre reclusos y funcionarios de prisiones que en ocasiones acaban en agresiones. "Se enfadan con razón", añaden desde Estremera. "Muchos no reciben la atención médica que deberían y que sí recibirían si estuvieran en la calle", subrayan.

En ocasiones, personal de prácticas o auxiliares de enfermería hacen el trabajo de los médicos. "No pueden recetar ni reconocer a un paciente para ver lo que necesita, por lo que se limitan a transmitir al médico lo que ven y esto lleva a situaciones dantescas", agregan las mismas fuentes, que recuerdan en concreto un episodio que les llamó la atención. "A un preso se le acababan las pastillas y así se lo trasladó a la enfermera, que a su vez se lo comunicó al médico; sin embargo, este no tenía tiempo para verlo; en lugar de examinarle para ver si había que reducir la dosis, cambiársela o mantenérsela, por lo tanto, se limitó a pedirle a su colaboradora que directamente se las prorrogara", recuerdan las mencionadas fuentes, que califican esta situación de aberrante.

El médico no puede ver a todos

"Son medicaciones psicotrópicas, en muchos casos, que tienen que pautarse para tres meses; luego, el médico debe pasarles consulta para valorar si busca otras alternativas, pero no tiene capacidad para ver a tantos internos como es necesario, porque el número de reclusos con estas pastillas es muy alto", explican las mismas fuentes, que cuentan que, con mucho esfuerzo, algunos facultativos consiguen pasar consulta una vez al mes, cuando lo normal debería ser una vez a la semana. El resultado es que las urgencias están saturadas. "De hecho, muchos se quedan sin que les vean ni siquiera en urgencias", revelan.

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En ocasiones, el que decide si el médico ve a alguien o no es un vigilante, que no tiene competencia alguna en la materia. "Tú eres muy pesado, que lo pides siempre, hoy no hay tiempo para que te vean", llegan a decir abrumados por la gran cantidad de reos que demandan atención sanitaria sin éxito. "Esto es muy grave, porque normalmente los temas sanitarios son muy personales y a uno le puede dar vergüenza contarle al vigilante qué le pasa, es normal, tienen derecho a que les vea un médico".

"Nos dicen por teléfono que les pinchemos Enantium sin ni siquiera verles", añade personal sanitario de otro centro penitenciario. "Esto genera mucha inseguridad jurídica para nosotros", ahonda. En algunas prisiones, siempre llaman directamente al 112 para que quede registrada la llamada, lo que proporciona mayor seguridad a los facultativos, pero este comportamiento no es el mismo en otras cárceles, donde los enfermeros quedan desprotegidos. "El médico está en su casa y nosotros tenemos que hacer un trabajo que no nos corresponde", explica uno de estos profesionales perjudicados por la situación, que admite que esta escasez de personal "crispa mucho el ambiente" y es la raíz de no pocos incidentes.

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En los centros grandes, además, donde son trasladados los presos con más patologías precisamente porque ahí tienen mejor atención médica, sin embargo, estos reclusos no terminan siendo atendidos adecuadamente. Pero no son los únicos que sufren las consecuencias de la situación. Los propios médicos, además de cobrar hasta 1.000 euros menos que sus homólogos que dependen de las comunidades autónomas, están muy presionados por la gran cantidad de pacientes que tienen que ver. "No estoy dispuesta a trabajar más tiempo así", admite una facultativa, que recuerda a otra compañera que renunció a su plaza sin tener nada donde agarrarse, se presentó a las oposiciones en una comunidad autónoma y ahora trabaja en un centro de salud. "Se fue sin nada", afirma.

Tanto fuentes sindicales como gubernamentales entienden que la única salida a este problema es que el Estado transfiera las competencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. "La ley obliga a que estas se hagan cargo de esta tarea y nuestro objetivo ahora es conseguir que se cumpla esa ley", aseguran fuentes del Ministerio del Interior, que niegan sin embargo que este problema sanitario esté provocando un incremento de los conflictos con internos. "Hay pequeños incidentes, agresiones, pero pocas, no hay más conflictividad social", aseguran las mismas fuentes.