La crisis en los abogados del Estado por el 'procés' estalla en asamblea extraordinaria
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Malestar por la injerencia política

La crisis en los abogados del Estado por el 'procés' estalla en asamblea extraordinaria

Se reclama una defensa firme de la profesión frente al intervencionismo desde la política que amenaza a la actual directiva

placeholder Foto: El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recibe la cartera de manos de su antecesora, Dolores Delgado. (EFE)
El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recibe la cartera de manos de su antecesora, Dolores Delgado. (EFE)

La Abogacía del Estado viene arrastrando una crisis desde hace tiempo que ahora ha cristalizado en la asociación a que pertenecen muchos de sus miembros. Un número de sus socios ha reclamado la celebración de una asamblea extraordinaria que servirá este próximo viernes para visualizar ese malestar, que ya se apreció con el abandono de dos de sus integrantes coincidiendo con el informe que los servicios jurídicos dependientes del Gobierno debían presentar respecto a la inmunidad de Junqueras. La reivindicación que ha provocado esta reunión precipitada está clara. Se reclama una defensa firme de la profesión frente a injerencias desde la política. La actual directiva ve amenazado su mandato.

Los abogados del Estado llegaron al tope de su paciencia tras escuchar esgrimir su nombre, en boca de unos y otros, como si se trataran de un simple instrumento al servicio del Gobierno de turno. La cumbre del hartazgo llegó a finales del pasado diciembre, cuando desde ERC se pidió un sentido interesado en uno de los escritos que debían presentarse ante el Tribunal Supremo. Esquerra, que negociaba por entonces su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, quería que el sentido del informe sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le favoreciera en algún sentido. Que en él se mostrara el apoyo del Ejecutivo en funciones al político preso. Que incluyera "un gesto" que sirviera para respaldar su abstención.

Foto: El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. (Reuters)

A lo largo de varios días, el escrito centró toda la atención mediática y política. Mientras los de Pedro Sánchez defendían la autonomía de la institución en la valoración técnica de los motivos jurídicos de su argumentación, la oposición cargaba con ella. Vox llegó a presentar una querella. El partido de Santiago Abascal denunció un presunto delito de tráfico de influencias. Asegura que entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, cuando se negociaba la investidura, miembros del Ejecutivo y la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, dieron "instrucciones políticas" a la Abogacía para que avalara la inmunidad del líder de ERC.

La evidente tensión se tradujo en un comunicado de la asociación, un movimiento sin precedentes. En medio del huracán político, la Asociación de Abogados del Estado, que representa a la práctica totalidad de los abogados del Estado españoles, trató de defender su autonomía e hizo pública una nota en la que aseguraba que rechazaba "cualquier intento de injerencia o presión" que tenga por intención desvirtuar el ejercicio de sus funciones. Era la primera vez que este cuerpo se pronuncia sobre posibles presiones por parte del Gobierno.

Foto: Manuel Marchena. (Ilustración: Raúl Arias)

"Ante las recientes informaciones publicadas", decía el comunicado, la asociación "rechaza cualquier intento de presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado". El texto no convenció, sin embargo, a todos. Algunos lo consideraron ambiguo, puesto que no aclaraba si sus representados estaban sufriendo esas "presiones, injerencias o amenazas" para emitir el famoso informe de Junqueras o si "rechazaba" que estas se estuvieran produciendo y negaba su existencia. La crítica interna subió hasta el punto de que dos consejeras dimitieron de sus puestos en la agrupación y se puso en marcha un manifiesto que servía para recopilar firmas para cerrar filas ante abusos del Ejecutivo. En él se destacaba el total rechazo a la intromisión oficial, pero también a la tibieza de la defensa del cuerpo.

Tras esos acontecimientos, la Abogacía salió del foco, pero el malestar no disminuyó. Este viernes, los descontentos tendrán ocasión de 'apretar' frente a todos los socios para que se diseñen respuestas más contundentes. Un sector, el más duro, tratará de forzar un cambio en la presidencia que ahora ostenta Fernando Bertrán, aunque es complicado que reúna el suficiente apoyo. Será, en cualquier caso, una oportunidad de hablar del papel de la asociación en esta situación y en las futuras que puedan presentarse.

Pedro Sánchez Ministerio de Justicia
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