POR LA COMPRA DE EMISSAO

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Ignacio González en el caso Lezo

Con él como presidente autonómico, el Canal aprobó en 2013 la compra del 75% de las acciones de Emissao, una operación por la que las arcas públicas madrileñas desembolsaron 21,4 millones

Foto: El expresidente madrileño, Ignacio González, a su llegada a la Audiencia Nacional en octubre para testificar por Púnica. (EFE)
El expresidente madrileño, Ignacio González, a su llegada a la Audiencia Nacional en octubre para testificar por Púnica. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación absoluta para el expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo por fraude a la administración y malversación de caudales públicos. La pieza en cuestión se centra en cómo el Canal de Isabel II compró a finales de 2013 la empresa Emissao, filial que tiene en Brasil, operación bajo sospecha en la que varios 'arrepentidos' ya han declarado que se repartieron jugosas comisiones y que algunas fueron a parar, presuntamente, al expresidente madrileño.

Con González como presidente autonómico, el Canal aprobó a finales del año 2013 la compra del 75% de las acciones de Emissao, una operación por la que las arcas públicas madrileñas desembolsaron más de 20 millones de euros. Un mes después, el patrimonio neto de Emissao era de 10,6 millones de euros, una depreciación del 50%. Un año después, se tasaba en tan solo 5,3 millones. A la vista de estas cifras, Anticorrupción sostiene que la compra estuvo inflada y que se desvió dinero público a bolsillos particulares.

"El acusado Jaime Ignacio González González aceptó el plan propuesto en consciente perjuicio de la Administración autonómica y contactó a tal fin con su íntimo amigo, el acusado Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de INASSA, sociedad a través de la cual el Ente Público Canal de Isabel II ejecutaba su política de expansión internacional, encomendándole la gestión de dicha operación con el encargo de que garantizara en todo caso el cobro de comisiones", sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía. "Todo ello se llevaría a cabo bajo la permanente supervisión y vigilancia del acusado Jaime Ignacio González González, quien fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

Entre las declaraciones que acorralan a González, se encuentra la de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica: el pasado verano, presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que admite que recibió una presunta comisión ilegal de 1,8 millones de dólares que tenía como último destinatario al expresidente de la Comunidad de Madrid. El dinero habría permanecido oculto en una cuenta de Colombia hasta el estallido de la operación Lezo, en abril de 2017, tras lo que fue depositado en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso. Anticorrupción pide siete años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta para Rodríguez Sobrino por fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Otro de los que ha tirado de la manta es el exdirector de Negocios y Expansión de Inassa, Diego García Arias. Ya en 2017, comenzó colaborar con la Fiscalía colombiana, y por ende, con la Fiscalía española, revelando el nombre de varias empresas, testaferros y cuentas bancarias que ocultarían parte de los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita. Su confesión apunta a que cinco personas se llevaron 5,4 millones de dólares, entre ellas Ignacio González, Edmundo Rodríguez y él mismo: "Al acusado Jaime Ignacio González González, oculto bajo el apodo Conde, le correspondían 1,8 millones de dolares". En el caso de García Arias, Anticorrupción pide dos años de prisión y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público por los mismos delitos que atribuye a González y Rodríguez Sobrino.

Según García Arias, los otros dos que recibieron parte de esos 5,4 millones de dólares fueron Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta, y Ramón Navarro Pereira, exdirector general de la Triple A, filial de Inassa. Anticorrupción acusa a ambos de los dos delitos ya comentados: para el primero pide siete años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta, y para el segundo dos años de cárcel y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público. El listado de acusados se cierra con María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal, y Sebastiao Cristovam, exrepresentante de Emissao. A la primera se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos y se enfrenta a cinco años de prisión y a doce de inhabilitación absoluta, mientras que al segundo se le atribuye tanto malversación como fraude a la administración: la Fiscalía pide para él seis años y seis meses de cárcel y quince de inhabilitación para empleo o cargo público.

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