Cónclave de Cs: los críticos abren el debate para exigir el fin de un "modelo cesarista"

El consejo general de Ciudadanos —máximo órgano del partido entre congresos— abordará este sábado la primera tanda de enmiendas a los documentos internos lanzados por la gestora hace días. En la relativa a estrategia (la apuesta es volver a situarse como un partido de centro, con capacidad de llegar a acuerdos a izquierda y derecha y considerando "populismos" tanto a Podemos como a Vox) no se espera un debate encendido. Incluso los sectores más críticos avalan ese punto de partida. La discusión llegará al tratar el borrador de estatutos. Es decir, el modelo y la estructura que la formación inaugurará a partir de marzo, cuando se abra definitivamente una nueva etapa y quede enterrado el liderazgo de Albert Rivera.

Los estatutos propuestos por la comisión redactora en la que están, entre otros, el secretario de Organización, Fran Hervías; el secretario general del grupo parlamentario y hombre de confianza de Inés Arrimadas, José María Espejo, y el secretario jurídico, Andrés Betancor, ya han recibido fuertes reproches por parte del sector crítico que encabeza Francisco Igea, que llegó a tildarlos de "leninistas". En el cónclave de este sábado, que arranca a las once y media de la mañana, algunos dirigentes pondrán encima de la mesa una propuesta similar a la del vicepresidente de Castilla y León como alternativa al modelo que defiende el aparato.

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Según ha podido saber este diario, algunas enmiendas registradas piden que la militancia pueda elegir a los líderes autonómicos y a los cargos orgánicos de los territorios. "Es algo innegociable y es el momento de hacer los cambios", aseguran algunos asistentes. La propuesta de la gestora plantea que la dirección nacional siga designando a la figura del coordinador autonómico (máximo representante del partido en las comunidades) y a los miembros que integren los comités autonómicos (cinco representantes institucionales, otros cinco elegidos discrecionalmente y los portavoces locales nombrados previamente). "No es ya un partido presidencialista, sino que es cesarista", aseguran algunos miembros del consejo general.

Otras enmiendas están destinadas a criticar la "falta de separación de poderes" en la propuesta actual. Algunos dirigentes entienden que los órganos como la comisión de garantías —que actúa como juez dentro del partido y debe resolver los recursos contra las decisiones que tome el comité disciplinario— debe mantener una independencia escrupulosa. Rechazan que también dependa de la ejecutiva nacional.

Sin embargo, ninguna de las dos ideas tiene visos de prosperar. Además de que el consejo general ha respaldado hasta el momento las decisiones planteadas por la gestora en un porcentaje casi absoluto —es un órgano mayoritariamente alineado con el aparato— algunos miembros de la dirección interina ya se han manifestado en contra de las críticas recibidas. En una tribuna que Betancor publicó en este diario hace días, el principal redactor de la propuesta de estatutos, insistía en que un partido "no es un Estado en miniatura" y, por tanto, "no hay división de poderes". El catedrático de Derecho Administrativo asegura que lo que sí existe es una distribución de competencias entre los órganos nacionales colegiados.

Sobre la lógica de los 'check and balances', evidentes en cualquier sistema democrático y puesta en entredicho por los críticos, asegura que se cumple porque "las garantías se han triplicado" en esta propuesta, señalando en el caso de la comisión de garantías, que de los ocho miembros que la componen solo dos son elegidos por la ejecutiva nacional. Cuatro se escogerán en la propia asamblea general (en listas cerradas) y los dos restantes los elegirá el consejo general (listas abiertas).

Una vez más el régimen disciplinario propuesto será objeto de polémica. Ya ocurrió en 2017 en la IV asamblea general, cuando se introdujeron nuevos supuestos de faltas graves. Algunas hacían mención a las manifestaciones públicas que se consideraran "desleales o contrarias" a los intereses del partido. Los críticos entienden que "cualquier afiliado puede ser privado de su condición por expresar una opinión" y se amparan en el propio artículo 6 de la Constitución que habla de que los partidos políticos "expresan el pluralismo político" y son "instrumento fundamental para la participación política". La posición oficialista se defiende precisamente alegando que el número de infracciones se mantienen con respecto al año 2017.

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El consejo general de este sábado no tomará una decisión definitiva. A partir de la próxima semana comenzará el trabajo de enmiendas de la militancia, donde las agrupaciones podrán mostrar su descontento a la propuesta. Las principales serán debatidas ya en el congreso de los días 14 y 15 de marzo. Eso sí, los críticos entienden que la de este sábado es la primera oportunidad para testar los ánimos dentro del partido y la voluntad de la gestora de abrirse a las discrepancias. Muchos de los asistentes son pesimistas y dan por hecho que las enmiendas no saldrán adelante tras el cónclave.

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Malestar con la gestora

A pesar de las críticas a la propuesta de estatutos, el enfado extendido entre los sectores menos afines a la dirección comenzó hace casi dos semanas cuando la gestora decidió cambiar en torno a 50 cargos autonómicos por toda España. En algunos casos se trataba de reponer ausencias. En otros, se produjeron relevos coincidiendo con dirigentes que habían sido críticos en los pasados meses. Fue el caso de los líderes autonómicos de Asturias y Castilla La-Mancha, Ignacio Prendes y Orlena de Miguel. "Una purga en toda regla", se quejaban algunos dirigentes.

La gestora se escudó en que no ostentaban un cargo orgánico, condición necesaria para ocupar una portavocía económica. Sin embargo, se trata de un requisito que no existe tampoco en otros nombramientos, como es el caso de Murcia. Algunos sectores reprocharon a la gestora "haber colocado a afines" para controlar la organización de la próxima asamblea, a pesar de que la función de esta dirección interina debía ser "gestionar sin incidencias el proceso de transición".

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A partir de ahí, el debate interno se encendió por una falta absoluta de confianza. Muchos dirigentes encontraron "innecesario" haber generado una polémica por un órgano que debe ser neutral y huir de cualquier malentendido.

Lo que sigue sin estar claro es si Igea dará un paso al frente para pelear por el liderazgo enfrentándose a Arrimadas. El entorno del vicepresidente de Castilla y León insiste en que "todavía hay tiempo" (las candidaturas se registran el día 26 de febrero) y la decisión final dependerá de los avances que se vean en las enmiendas. Dicho de otra manera, aseguran que si no hay posibilidades de abrir la estructura del partido y dotar de mayor autonomía a los territorios y a las bases, Igea se lanzaría a presentar una candidatura. Por ahora, el mensaje en público no cambia: "Inés también es mi candidata", dice el vicepresidente.