PSOE y Podemos se inclinan por dejar que Sánchez eclipse el día clave del Congreso

Una de las primeras decisiones anunciadas por Pedro Sánchez tras presentar oficialmente su Gobierno de coalición fue la de mover las reuniones del Consejo de Ministros a los martes por la mañana. La oposición recibió la noticia como un jarro de agua fría: coincidiría con el día que los grupos debaten sus propuestas legislativas. La intención de Sánchez parecía clara: tomar la iniciativa política y restar foco a un Parlamento que promete una labor de oposición sin tregua.

Y todo parece indicar que Sánchez ganará la partida. La Mesa del Congreso —órgano de gobierno de la Cámara, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría— continúa negándose a reordenar el calendario para evitar que las agendas del ejecutivo y el legislativo coincidan. De hecho, la presidenta, Meritxell Batet, igual que el resto de miembros socialistas y morados, defiende que no existe "afectación" ni "degradación", a pesar de que cada martes la comparecencia de la portavoz del Gobierno chocará con el comienzo del pleno. Todo a la vez.

Una coincidencia que, a ojos del resto de partidos, "quitará todo el protagonismo" a la oposición. "Es evidente que un debate legislativo o una proposición no de ley no pueden competir con un anuncio del Consejo de Ministros", recalcan los populares. PP y Ciudadanos llevan días instando a la presidencia a actuar, recordando que hace 12 años el presidente del Congreso, el socialista José Bono, decidió cambiar la sesión de control de los miércoles por la tarde a las nueve de la mañana. Y lo hizo unilateralmente. "Se puede hacer", repiten en el grupo popular ante la inacción de Batet.

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Todos los grupos dan por descontada la nueva batalla semanal en la Cámara. Reproches continuos al jefe del Gobierno por "pasar el rodillo" y "esconderse" de la oposición. En el PP, insisten en una cuestión de "mayor gravedad", al asegurar que el grupo socialista confunde su tarea —la de defender a los diputados y el buen funcionamiento de la Cámara— con responder a los intereses del Ejecutivo.

Vox ha sido el último actor en sumarse al malestar, proponiendo una alternativa de agenda en el órgano que rige la Cámara. El partido de Abascal, explicó este jueves, es partidario de introducir un giro de 180 grados: que el martes sea el día del Gobierno —dado que por la mañana celebra su Consejo de Ministros— sugiriendo que por la tarde se debatan también las iniciativas del Ejecutivo en el pleno (en vez de hacerlo el jueves, como sucede hasta ahora).

El miércoles sería la jornada de la oposición, con sus propuestas legislativas, y ya el jueves se celebraría la sesión de control a Sánchez y sus ministros. El motivo es obvio: separar por completo ambas agendas y dar más tiempo a la oposición para preparar las preguntas que quiera hacerle al Gobierno.

El PP denuncia lo mismo. Si la sesión de control se mantiene el miércoles por la mañana habiendo sido el Consejo de Ministros el martes, muchas preguntas se quedarán obsoletas. Igual sucede en el Senado, donde el Gobierno rinde cuentas el mismo martes por la tarde. "No tiene ningún sentido. Anula nuestra labor y el espacio de la oposición queda invadido por completo", zanjan.

Aunque la Junta de Portavoces del próximo martes —donde sí están representados todos los grupos parlamentarios— debe tomar la decisión antes de devolverla a la Mesa, todo apunta a que no hay vuelta de hoja. La mayoría en ambos órganos se impondrá y ni PSOE ni Unidas Podemos han dado señas de que vayan a cambiar de opinión. El calendario legislativo se mantendrá como hasta ahora aunque coincida de pleno con el Ejecutivo, y la única concesión que podrá haber será la ampliación del plazo para registrar las preguntas de los grupos al Gobierno.

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Las comisiones y el discurso del Rey

Más de dos meses después de las elecciones del 10-N, el Congreso pondrá en marcha la XIV Legislatura el próximo 3 de febrero con la apertura solemne de las Cortes —presidida por el Rey— y con el primer discurso de Felipe VI en un nuevo ciclo político. Al día siguiente, se celebrará un pleno para aprobar una reforma del Reglamento de la Cámara, habitual al inicio de cada legislatura, para acomodar las comisiones parlamentarias (donde realmente se produce el trabajo legislativo) a la estructura del nuevo Gobierno.

En esta ocasión, a pesar de que el número de ministerios ha subido hasta los 22, seguirá habiendo 21 comisiones legislativas con una denominación idéntica a la de las carteras ministeriales. La Junta de Portavoces deberá dar su visto bueno a la propuesta la próxima semana, igual que a la creación de otras cinco comisiones permanentes no legislativas (Pacto de Toledo, Infancia, Anticorrupción, Violencia de Género y Seguridad Vial).

Pero la propuesta, tanto de las comisiones a crear como del reparto de los diputados en cada una de ellas (habrá un total de 37 por comisión y no 43, como ocurrió en la pasada legislatura), no ha estado exenta de polémica. Una vez más, el grupo parlamentario de Vox mostró su malestar por entender que PP, PSOE y Unidas Podemos contribuyeron "al clásico cordón sanitario" que, según ellos, sufren desde que aterrizaron en el Congreso. De hecho, el vicepresidente cuarto de la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, aseguró que la disminución del número de parlamentarios por comisión carece de razones objetivas y, en su opinión, solo responde a intentar mermar la presencia de su partido.

Todo ello a pesar de que el reglamento establece que la representación de los grupos deberá ser proporcional a los resultados electorales. Por eso, al dividir 37 puestos entre las distintas fuerzas, el PSOE contará con 13 asientos en cada comisión, el PP con nueve, Vox con cinco, Unidas Podemos con cuatro y el resto de partidos (entre los que están ERC y Ciudadanos, por ejemplo) solo tendrá un representante.