Crisis a la vista en el Gobierno de Murcia: Cs no podrá frenar el decreto del pin parental

El pin parental va camino de abrir la primera crisis dentro del Gobierno en Murcia entre PP y Ciudadanos. Tras días de un intenso debate y de un requerimiento formal por parte del Ministerio de Educación para que el Ejecutivo murciano suspenda de inmediato la instrucción dada a los centros públicos, populares y naranjas siguen sin coincidir en lo que implica el pacto presupuestario con Vox. Fuentes de la Consejería de Educación murciana —dirigida por el PP— aseguran que modificarán los decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato para incluir la instrucción en la norma. Ciudadanos mantiene la oposición a la medida y busca un resquicio para salir de un debate que incomoda a los naranjas.

El acuerdo presupuestario entre los dos socios de gobierno y Vox (artífice del llamado pin parental) habla de "permitir a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante una autorización expresa para las actividades en las que participen sus hijos, tal y como viene establecido desde la Consejería de Educación, y en base a los preceptos recogidos en la Constitución". Ciudadanos se agarra a esta cuestión para insistir en que el pin parental que plantea Vox no puede seguir adelante.

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Los populares de Murcia, que forman la mayoría del Gobierno, insisten a este diario en que el acuerdo presupuestario "sí incluye una modificación en los decretos", al mencionar explícitamente la instrucción dada desde la consejería. En todo caso, el PP no contempla la publicación de un decreto específico para esto, sino que, según explica a este diario, modificará los decretos vigentes para incluirlo. Aseguran que las direcciones generales implicadas en el cambio normativo están trabajando en ello y recuerdan que, al tratarse de decretos de la Consejería de Educación y no decretos-leyes, no deberán pasar por la Asamblea para su convalidación parlamentaria.

Dicho de otra manera: los nuevos decretos solo tendrán que elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación. Dirigentes de Ciudadanos en la Región aseguran a este diario que "se opondrán tajantemente" a cambiar los decretos en la votación, aunque su posicionamiento no servirá para frenarlo: los seis consejeros del PP (más el presidente, Fernando López Miras) impondrán su voto frente a los cuatro consejeros naranjas. El entorno de la vicepresidenta murciana, Isabel Franco (Ciudadanos), no esconde que la "tensión" aumentará entre socios si finalmente el PP sigue adelante con su pretensión de cumplir con la exigencia de Vox. La publicación de los decretos aumentará el rango legal de una medida que Murcia implantó en agosto pasado con una instrucción a los centros públicos, que desde entonces deben implementar el polémico pin en todas las actividades complementarias que impartan personas ajenas a los colegios.

En el PP, dejan claro que no hay margen y que el acuerdo se llevará a cabo según lo aprobado por la consejería. Todo ello a pesar de que López Miras niegue que se trata de una iniciativa marcada por Vox. "Que yo crea en la libertad de los padres y las madres no tiene nada que ver con lo que piense otro partido político. Era mi compromiso del programa electoral y es algo que ya se está haciendo. También en Andalucía", aseguró en una entrevista en la Cadena SER, rechazando de plano que la medida responda a una petición de Vox, a pesar de que es la primera condición del partido de ultraderecha para cerrar el acuerdo de las cuentas, y tirando balones fuera al mencionar el caso andaluz, donde no se ha implementado el pin parental.

La formación naranja creía tener un as bajo la manga para intentar frenar el acuerdo de populares y Vox: ha solicitado a los servicios jurídicos de la comunidad murciana un informe jurídico que el PP pidió antes de lanzar la instrucción. A pesar de que una orden de una consejería no necesita aval jurídico, fuentes del Gobierno regional aseguran que solicitaron ese informe y otro distinto a Inspección para curarse en salud. Ciudadanos ha exigido el informe desde su grupo parlamentario para comprobar el contenido del mismo a la espera de que exista algún resquicio al que agarrarse.

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Inés Arrimadas —candidata a liderar el partido y actual portavoz en el Congreso— volvió a insistir este martes en la propuesta de su partido ante la polémica generada: conjugar el derecho de los padres a elegir "algunas cuestiones" de la educación de sus hijos defendiendo, al mismo tiempo, el derecho de los niños "a tener una enseñanza plural en valores democráticos". "Algo perfectamente compatible y recogido en los artículos 14 y 27 de la Constitución", aseguró, evitando pronunciarse sobre la instrucción de la consejería, que lleva vigente desde finales de agosto. Fuentes del partido a nivel nacional reiteran que no defenderán en ningún caso que los padres puedan vetar determinados talleres y contenidos, aunque defienden la libertad de que estén informados.