Despedidos cinco educadores del Gobierno de Baleares por abusos sexuales a menores

Baleares cuenta con una plantilla de 101 educadores para atender a unos 80 usuarios de los centros socioeducativos de justicia juvenil. Sin embargo, ha tenido que despedir a cinco de esos profesionales en los últimos años por "conductas sexuales inadecuadas", cuatro de los cuales fueron, además, denunciados ante la Fiscalía.

Lo ha confirmado Fina Santiago, Consejera de Asuntos Sociales y Deportes en una entrevista a Última Hora: "Hemos tenido constancia de cinco casos en los que se han detectado conductas inapropiadas de trabajadores con menores aunque en ninguno de ellos se han dado relaciones sexuales completas según las declaraciones que realizaron las víctimas".

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EC/Agencias

Los cinco casos tuvieron lugar entre 2016 y 2019 y, según la consejera, desde el Gobierno de Baleares se actuó de forma contundente. Santiago explica que "en un espacio educativo, los responsables tienen una función clarísima que es la de poner límites. Y uno de los límites que más se debe trabajar con menores de 14 a 18 años son los límites sexuales".

El problema de la edad

Estos centros son utilizados por jóvenes que no han cumplido aún la mayoría de edad pero que han tenido problemas con la justicia, por lo que deben ser supervisados por profesionales. El problema, según Santiago, es que en algunos casos, esos profesionales tienen poca experiencia en el trato directo con menores con medidas judiciales: "Son personas jóvenes trabajando con otra gente joven cuyas experiencias vitales son muy diferentes". Y no se puede exigir una edad mínima para no incurrir en discriminación.

Uno de los problemas es la edad de los educadores, ya que tienen poca experiencia, pero no se puede exigir una edad mínima para no ser discriminatorio

La Consejera de Asuntos Sociales explica que las personas denunciadas "ya no podrán entrar en una bolsa de empleo del Govern, pero sin una sentencia penal sí podrán acceder a otras. A las personas que trabajan con menores se les piden los antecedentes penales y se han descubierto algunos casos". Con 101 profesionales para unos 80 usuarios, el ratio de trabajadores es superior al 1,2 por cada interno.

Sin embargo, el Govern reconoce que no tienen constancia de los casos de explotación sexual que ha destapado el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que habla de, al menos, 16 casos y que salieron a la luz después de la denuncia de violación que interpuso una joven de 13 años, usuaria de uno de sus centros.