La exalcaldesa "quitamultas" del PP se sienta hoy en el banquillo

Sábado por la noche. Un agente de Policía Local observa cómo un Peugeot de color azul vuela por las calles del centro del pueblo. Bordea el accidente. El riesgo es tan evidente que le da el alto. Le pide los papeles y le pide que se someta al test de alcoholemia. Da positivo. El agente rellena dos boletines de denuncia. En uno escribe: "Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 milígramos por litro. Prueba da 0,56 m/l espirado".

El resultado es más del doble del máximo establecido, así que en la casilla de "puntos a detraer" anota "4"; en el epígrafe de cantidad, "500 euros", con reducción a la mitad si no recurre la sanción y paga pronto. En el segundo boletín de denuncia redacta: "Conducir de forma manifiestamente temeraria. Conducción a alta velocidad con peligro de colisión contra vivienda". Los importes de las multas son los mismos, pero los puntos que pierde en este caso son "seis".

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EFE

El hecho ocurrió el 29 de junio de 2013 en Corral de Almaguer. El conductor es vecino de la localidad y primo hermano de un concejal. Siete semanas después presenta un escrito en el Ayuntamiento en el que alega: "He recibido en mi domicilio las notificaciones de denuncia. Pido disculpas por lo ocurrido. Estoy arrepentido. He abonado las sanciones económicas. Solicito que no se haga efectiva la retirada de los puntos, ya que por mi trabajo necesito el permiso de conducir. Agradeciendo de antemano y pidiendo disculpas de nuevo".

El consistorio, como establece la norma, traslada estos argumentos al agente que lo multó para que los acepte o los rebata y este responde: "La Policía no determina si se retiran o no los puntos, puesto que podemos incurrir en un delito de prevaricación. La retirada de puntos está determinada por la Ley según sea la gravedad de la infracción cometida". Ante la negativa del agente a suspender la sanción de los puntos, la última decisión queda en manos de Juliana Fernández-Cueva Lominchar, por entonces alcaldesa de este pequeño pueblo de Toledo.

"Visto lo anterior, propone considerar estimadas las alegaciones del vecino y disponer el sobreseimiento y archivo del presente expediente"

La regidora, en un decreto de 9 de septiembre de 2013, establece: "Visto lo anterior, el instructor del presente expediente sancionador propone considerar estimadas las alegaciones del vecino y disponer el sobreseimiento y archivo del presente expediente y no disponer la retirada de los puntos (diez) ante la Dirección General de Tráfico. Lo decreta y lo firma la Sra. alcaldesa-presidente ante mí, la secretaria, que doy fe".

No es el único caso de estas características. Otro vecino es cazado borracho al volante el 6 de junio de 2013 a las 4:50 de la madrugada. Curiosamente también es sábado. Supera en el doble la tasa de alcohol. Paga la multa, pero recurre la retirada de puntos con estos argumentos: "El motivo de usar el vehículo fue el aviso de alarma de la nave que tengo fuera del pueblo. Me han robado varias veces. Fui a evitar el robo, sin pensar que había bebido un poco. He pagado la sanción pero solicito que no me quiten los 6 puntos".

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Este ni siquiera pide perdón. Una vez más, el agente ratifica la denuncia y la alcaldesa, en un decreto de 9 de septiembre de 2013, resuelve que "visto el escrito presentado por el vecino, se estiman las alegaciones formuladas y se dispone el sobreseimiento y archivo del expediente sancionador y no disponer ante la DGT la retirada de los 6 puntos". Lo firma Juliana Fernández-Cueva y da fe de ello la secretaria.

Se trata de algo insólito. Si el infractor paga y se beneficia de la reducción de la multa en un 50%, se está asumiendo implícitamente la culpa y, por tanto, los puntos deberían haber sido retirados de su carné.

Se trata de algo insólito. Si el infractor paga y se beneficia de la reducción de la multa en un 50%, se está asumiendo implícitamente la culpa

Por estos hechos y algunos más se sienta por fin en el banquillo Juliana Fernández Cueva y su teniente de Alcalde Vicente González Ramírez. La Fiscalía les acusa de un delito de prevaricación administrativa y solicita para ambos diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Todo apunta a que en el juicio que se ventilará en la Audiencia Provincial de Toledo la estrategia de la ex alcaldesa del PP será excusarse diciendo que no sabía lo que firmaba.