El PSOE criticó la dudosa independencia de Maza cuando Rajoy le nombró fiscal general

Desde la oposición, el PSOE de 2016 se pronunció en contra del nombramiento de José Manuel Maza comoFiscal General del Estado debido a "una trayectoria como magistrado que no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere" este cargo. Críticas similares a las que Sánchez y los suyos enfrentan hoy, tras conocerse la decisión del presidente del gobierno de sugerir que este puesto lo desempeñe, a partir de ahora, la ya exministra y todavía diputada Dolores Delgado.

El Partido Socialista aseguraba, hace 4 años, con Rajoy en Moncloa, que "la trayectoria conservadora de Maza" podía "dejar en una posición de subordinación al Ministerio Fiscal frente al Gobierno". "No parece la persona indicada para trabajar en favor del consenso requerido en una legislatura sin mayorías absolutas", decían entonces; fragmentación que también se cumple en la legislatura actual.

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"El PSOE permanecerá atento a la labor de Maza porque este país necesita un Ministerio Fiscal con medios para luchar contra la corrupción y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que puedan dedicarse a las investigaciones con independencia", remataba el comunicado.

En 2015, el hoy vicepresidente Pablo Iglesias y número dos de Sánchez en Moncloa declaraba que Unidas Podemos garantizaría "la elección del fiscal general del Estado" por parte de "la ciudadanía y no del gobierno de turno".

Este lunes por la mañana, en una entrevista en la emisora Onda Cero, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, una organización de carácter conservador, ha expresado su "estupor" tras conocer las intenciones del ejecutivo central. "No me parece adecuado", ha apuntado, además de añadir que está "en contra" de que quien haya ejercido un puesto político de relevancia "retorne sin más a la carrera (fiscal)".

Por su parte, Teresa Peramato, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, ha pedido "un voto de confianza" para Delgado, "perfil que reúne todos los principios necesarios para poder ocuparel cargo de Fiscal General del Estado".

¿Quién era Maza?

En 2012, José Manuel Maza —conservador, aunque sin carné del PP— firmó un voto particular, discrepante del criterio de la mayoría de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a favor de mantener la inhabilitación de su colega Baltasar Garzón, impuesta tras declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Ese mismo año, Garzón había sido condenado a 11 años de suspensión por un delito de prevaricación, al haber ordenado, mientras instruía la causa, las escuchas de las conversaciones en prisión entre los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, vinculada a la cúpula de los populares, y sus abogados.

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Maza ingresó en la carrera judicial en 1978, como número uno de su promoción. El ejecutivo liderado por Mariano Rajoy le eligió para desempeñar el cargo de Fiscal General en sustitución de la jueza Consuelo Madrigal. En mayo de 2017, tras una proposición no de ley presentada por PSOE y Ciudadanos, fue reprobado por el Congreso de los Diputados, debido a la supuesta protección judicial hacia miembros del Partido Popular.

Antes del referéndum del 1-O, el juez llegó a deslizar, durante una entrevista en Onda Cero, una posible detención de Carles Puigdemont y ordenó investigar a los alcaldes independentistas que colaborasen con la consulta ilegal.

El PSOE también criticó que, tras la muerte de Maza, el ejecutivo del PP eligiera "un perfil conservador y alineado con el Gobierno"

José Manuel Maza falleció escasos meses después, en el cargo, a los 66 años, en Buenos Aires (Argentina). Tras su muerte, el Consejo de Ministros presidido por Rajoy eligió a Julián Sánchez Melgar para el puesto, lo que volvió a indignar al Partido Socialista, que calificó la designación como un "alarde de absoluta falta de respeto a las formas democráticas, al no haber buscado el consenso" con su propuesta, lo que demostraba, para el PSOE, "la forma que tiene el PP de entender la política", al presentar "un perfil conservador y alineado con el Gobierno".

"En cada nombramiento en la Fiscalía —remataba el comunicado— [el ejecutivo de entonces] evidencia su voluntad de convertirla en un instrumento más para sus intereses".