Varapalo al juez del caso PDVSA por la venta de tres coches de lujo: "Infringió las normas"

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un varapalo al titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, instructor durante meses el polémico caso PDVSA, por intentar vender de forma irregular tres vehículos de alta gama de uno de los imputados en el procedimiento, el empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, que está acusado de blanquear en España, mediante la compra de propiedades y artículos de lujo, una auténtica fortuna que procedería de operaciones de corrupción en la que habrían participado altos cargos del chavismo.

Peinado, que ya se ha desprendido de la instrucción del caso en favor de la Audiencia Nacional, ordenó liquidar los tres vehículos sin comunicárselo al afectado, lo que incumple —a juicio de la Audiencia Provincial— la legislación. "El juzgado infringió las normas del procedimiento, causando así una efectiva indefensión al recurrente, por lo que la resolución ha de ser efectivamente declarada nula", ha resuelto la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que considera que la decisión del magistrado "exige" que sea escuchado el interesado, que en este caso es el mencionado empresario venezolano.

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"La omisión del referido trámite ha impedido al interesado articular alegaciones en orden a la concurrencia de los presupuestos de la medida o del concurso de las excepciones que el mismo precepto prevé", ha argumentado el tribunal, que ha censurado también las prisas del juez Peinado por dar salida a los vehículos. "No se trata ya de adoptar una medida cautelar para el aseguramiento de los bienes, algo que requiere cierta urgencia, sino de proveer a su conservación o realización, decisión para la que no se da una premura que impida la realización en trámite", han explicado los magistrados que componen la sala en un reciente auto de respuesta al recurso presentado por el propio Rincón Bravo a la decisión de Peinado de vender sus coches y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La Audiencia Provincial ha declarado, de este modo, nula la medida dictada por el magistrado, que deberá ahora informar al afectado y redactar un nuevo escrito en el sentido que considere oportuno, pero con la argumentación adecuada. "El juzgado autorizó la realización anticipada del valor de los referidos vehículos encomendando a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos las gestiones oportunas; no consta en la pieza remitida que se hubiera dado previo traslado a la parte a fin de ser oída respecto de la cuestión", ha remarcado el alto tribunal, en respuesta al recurso planteado por la defensa de Rincón, Business & Law.

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Según ha podido saber El Confidencial, los vehículos que Peinado pretendía vender son un Ferrari blanco, un BMW i8 y un Mercedes AMG que estarían valorados en más de un millón de euros. Rincón Bravo está siendo investigado en el caso PDVSA por participar presuntamente en el lavado de los fondos extraídos de la petrolera. Según la investigación, los vehículos habrían sido adquiridos con ese dinero, así como una vivienda de lujo en una exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una extensa finca en pleno Parque Natural del Alto Tajo valorada en 22 millones de euros.

Esta última ocupa 400 hectáreas de bosque y cultivos, un inmueble de más de 2.000 metros cuadrados de superficie habitable dividido en varias viviendas, la principal con casi 1.400 metros cuadrados. La finca dispone de helipuerto, cuadras, tentadero, piscina, pista de tenis y un sinfín de equipamientos. Rincón Bravo se la compró al empresario Joao Espirito Santo, que tuvo el mayor 'holding' financiero privado de Portugal, con el Banco Espirito Santo al frente, y utilizaba la finca para organizar cacerías a las que invitaba a altos directivos de empresas del Ibex 35 e incluso a miembros de las casas reales europeas.

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El caso PDVSA rastrea los fondos presuntamente blanqueados en España por una trama de altos cargos y empresarios venezolanos que vaciaron la petrolera bolivariana. El juez Peinado trató que la causa se quedara en el Juzgado número 41 que dirige, pero la Audiencia Nacional se declaró competente para continuar la investigación y el magistrado tuvo que desprenderse de la misma. El instructor, que ha optado sin éxito a ocupar un puesto en el este último alto tribunal, declaró investigadas a decenas de personas en el procedimiento, que se convirtió en el mayor que llevaba el mencionado juzgado en su historia. Algunas fuentes hablan de hasta 40 imputados en la causa.