Las primeras medidas del Gobierno: SMI y pensiones, PGE 2020 y freno a las apuestas

El nuevo Gobierno de coalición progresista formado entre PSOE y Unidas Podemos, y que compartirán el ya presidente electo, Pedro Sánchez, y quien será su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se ha comprometido a que entre sus primeras medidas se encuentren la subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones, para equipararlas al IPC. El objetivo con respecto al SMI se centra en realizar subidas progresivas para que al final de la legislatura alcance el 60% del salario medio, situándolo entre los 1.000 y los 1.200 euros, según las estimaciones. Para ello, se creará una comisión asesora del Ministerio de Trabajo, que liderará la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, dando cabida a sindicatos y patronal, además de profesionales y expertos en la materia.

Respecto a las pensiones, se actualizarán por ley conforme al IPC y se buscará aumentar el poder adquisitivo tanto de las pensiones mínimas como de las no contributivas. De hecho, ya Sánchez tuvo que asumir críticas a finales de diciembre por supeditar las prestaciones a los jubilados a que hubiera Gobierno. La Moncloa señaló entonces que la revalorización de las pensiones era una "prioridad para el Ejecutivo y una cuestión de máxima relevancia para los pensionistas". Estos, alegaba el Gabinete en funciones, podían estar seguros: Sánchez cumpliría con el "compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en el próximo ejercicio a través de una actualización de las pensiones del 0,9% desde el 1 de enero de 2020". A más largo plazo, tal y como indica su programa de gobierno [aquí en PDF], la coalición pretende reformar el Pacto de Toledo para asegurar la sostenibilidad del sistema.

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Pero estas dos medidas prioritarias, con aplicación retroactiva al 1 de enero, y de gran impacto social, necesitan que el Gobierno arranque. Y de momento no será tan rápido, ya que el presidente electo decidió dar a conocer la composición de su Ejecutivo la próxima semana, rompiendo todos los esquemas que el PSOE se había construido, puesto que se daba por hecha una formación del Gabinete muy ágil, casi automática.

En la Moncloa, sostienen que los trabajadores o pensionistas no tienen por qué inquietarse, porque su subida se aplicará con fecha 1 de enero de 2020

El secretario general toma posesión de su cargo ante el Rey este miércoles, pero no podrá celebrar una reunión de su nuevo Consejo de Ministros hasta que todo su nuevo equipo acuda a la Zarzuela y asuma sus carteras en sus respectivos departamentos. "Los pensionistas y los trabajadores pueden estar tranquilos porque las medidas se aplicarán sí o sí, y se hará con fecha de 1 de enero, así que no habrá pérdida de derechos", subrayan en la Moncloa. En todo caso, no se descarta que estas dos medidas esperadas se vean acompañadas por otras también de contenido social, puesto que la pretensión del equipo del presidente es que pronto los ciudadanos perciban que hay un nuevo Gobierno después de más de ocho meses de bloqueo.

Además, se intentará que los Presupuestos Generales del Estado, la principal herramienta económica de todo Ejecutivo, lleguen al Congreso lo antes posible, para así enterrar los de Cristóbal Montoro, prorrogados en dos ocasiones. Sin embargo, el pacto con ERC, básico para la investidura, no incluye el apoyo de los republicanos a las cuentas de 2020.

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Ya más a medio y largo plazo

Otras medidas estrella incluidas en el programa de Gobierno son la regulación de los precios del alquiler, el control de las casas de apuestas, el desarrollo de una nueva norma que sustituya la actual Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'ley mordaza', o la derogación de los aspectos considerados más lesivos de la reforma laboral, como el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad o la recuperación de la ultraactividad de los convenios. No habrá un decreto derogatorio de la legislación del mercado de trabajo que introdujo el PP en 2012, sino una nueva ley que sustituya a la anterior, por lo que los pasos no serán inmediatos. Prioridades para socialistas y morados que, sin embargo, dependerán de los ritmos parlamentarios y las necesarias negociaciones con el resto de grupos. La Cámara está más fragmentada que nunca y construir mayorías no será sencillo.

Otra prioridad será presentar los PGE pronto. A partir de ahí, se desplegarán medidas como la regulación del alquiler o de los juegos de azar

Con un Gobierno de coalición dividido en compartimentos estancos, la iniciativa de cada ley corresponderá al partido en el que recaen las competencias para desarrollarla, aunque se buscará que aquellas materias que afecten a varios departamentos sean coordinadas al máximo. Así, por ejemplo, la regulación de los alquileres será iniciativa del PSOE, dado que las competencias de Vivienda se mantendrán en Fomento, ministerio en el que casi con total probabilidad repetirá José Luis Ábalos. La medida, según fuentes cercanas a los equipos que negociaron el programa, está enfocada a las grandes ciudades donde las rentas del alquiler se consideren "abusivas y sostenidas", por lo que aseguran que "no afecta a la mayoría de ayuntamientos de España". El color político de las administraciones locales será, por tanto, determinante, y estas mismas fuentes vaticinan que la derecha evitará la regulación, como ya ha manifestado la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo cual tildan de "torpeza".

El Ministerio de Consumo que pilotará Alberto Garzón centrará una buena parte de sus esfuerzos en establecer controles sobre los juegos de azar, dado que contará también con estas competencias, que antes pertenecían a Hacienda. En este caso, la regulación pretende ser "urgente", equiparando la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea a la del tabaco, evitando que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22:00 y limitando la proximidad de estos locales a centros escolares.

En materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista, se desarrollará una ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, se impulsará la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles y se blindará el 'solo sí es sí' en el Código Penal. La cartera de Igualdad, al frente de la cual estará Irene Montero, se centrará asimismo, según el pacto programático, en reforzar la conciliación, para lo que se impulsará una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, así como un plan integral de compensación, reparación y recuperación de la autonomía para mujeres que padecen violencia machista.

La subida de impuestos será más descafeinada de lo previsto en un principio, limitándose a las rentas muy altas, aunque desde Unidas Podemos ven margen para ir ampliándola: se creará un nuevo tramo del IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros anuales, que verán aumentado su tipo marginal en dos puntos, y un segundo tramo para rentas laborales de más de 300.000 euros, a las que se aplicará una subida de cuatro puntos. Para las rentas de capital, se creará un nuevo tramo para ingresos superiores a 140.000 euros con un incremento de cuatro puntos. El impuesto de patrimonio no se menciona en el acuerdo, limitándose a mostrar la voluntad de "estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".