"En principio, no hay más vías"

La batalla final por la exhumación de Franco: la familia ultima su recurso ante Estrasburgo

El abogado de los nietos del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina, calcula que entre enero y febrero presentarán su escrito ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Foto: Los familiares portan el féretro con los restos mortales de Francisco Franco tras su exhumación. (EFE)
Los familiares portan el féretro con los restos mortales de Francisco Franco tras su exhumación. (EFE)

Los Franco planean presentar entre enero y febrero un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para librar la última batalla en torno a la exhumación del dictador. La familia confía en que el tribunal de Estrasburgo condene a España por sacar a Franco del Valle de los Caídos sin su consentimiento y por negarles un entierro en la catedral de la Almudena, demandas que ni el Supremo ni el Constitucional atendieron en su momento. Si el TEDH declara ahora que sus derechos fueron vulnerados, la sentencia obligará a España a pagarles una indemnización, pero en ningún caso abriría la puerta a que los restos de Franco vuelvan a Cuelgamuros. Pese a ello, los nietos del dictador quieren recurrir ante esta última instancia: "En principio no hay más vías, así que veremos", explica el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina.

El letrado justifica la decisión con el mismo argumento que lleva meses repitiendo ante los medios: "Es un tema de dignidad". Utrera-Molina trabaja en la demanda que va a presentar en Estrasburgo desde mediados de octubre, cuando el Tribunal Constitucional rechazó su recurso contra la exhumación. "Tenemos seis meses desde el 23 de octubre, que creo que es la fecha en la que se nos comunicó la inadmisión del recurso de amparo, pero mis clientes en absoluto tienen intención de agotar el plazo. Yo calculo que entre este mes de enero y el de febrero quedará presentada", explica a El Confidencial. "Es una demanda sucinta, un formulario en el que hay que condensar toda la argumentación relevante de cara a la denuncia de las infracciones del convenio de derechos humanos".

A falta de cerrar los últimos flecos, el abogado apunta que el grueso del escrito se apoyará en dos argumentos: "Por un lado, una lesión del derecho a la intimidad personal y familiar por impedirles el entierro en un sepulcro de su propiedad y por haberles obligado a enterrar a su abuelo en un lugar designado por el Estado". "Por otro, una lesión del derecho de igualdad por tratarse de una ley de caso único, como se viene acreditando en que el Gobierno no ha iniciado ningún expediente de exhumación de los muertos [del Valle de los Caídos] que no fueron víctimas de la Guerra Civil". El pasado septiembre, el Supremo rechazó ambos argumentos al considerar que primaba el "interés general" y que los familiares no gozaban "de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos".

El recurso que prepara Utrera-Molina no es el primer escrito sobre la exhumación que llega al TEDH. El 17 de octubre, el tribunal rechazó la demanda que había presentado la Fundación Francisco Franco para paralizar el plan del Gobierno, pero el abogado quita peso a esta decisión. "No constituye ningún precedente respecto a la demanda que se va a presentar. El TEDH es un tribunal que únicamente valora violaciones de los derechos humanos de las personas, por lo que no existe la misma legitimidad en esa institución que en unos familiares que están hablando de una lesión directa producida en la esfera personal", argumenta. Para reforzar esta idea, los Franco apoyarán su recurso en la propia jurisprudencia del TEDH y, en concreto, en un fallo de septiembre de 2018, cuando condenó a Polonia por la exhumación de dos hombres.

En la sentencia en cuestión, Estrasburgo dio la razón a las viudas de dos de las víctimas del accidente de avión del 10 de abril de 2010, suceso en el que murieron el presidente de Polonia, Lech Kaczynsky, y varios funcionarios de alto rango. Las pruebas recabadas apuntaban a la idea de un accidente, pero parte de la población e incluso algunos parlamentarios comenzaron a extender la teoría de que "una explosión a bordo podría haber sido una de las causas", explica la sentencia de Estrasburgo. Esta tesis llegó a tal punto que el fiscal ordenó la exhumación de 83 víctimas, alegando para ello que las autoridades rusas, país en el que se estrelló el avión, "no habían registrado correctamente las lesiones sufridas por los muertos y, en el caso de seis personas, habían identificado erróneamente a las mismas".

Tras varios meses recurriendo ante tribunales polacos e invocando "su derecho a la dignidad, la obligación de respetar los restos humanos y su derecho al respeto de la memoria de un familiar fallecido", las exhumaciones de Arkadiusz Rybicki y Leszek Solski se produjeron el 14 y 16 de mayo de 2018 respectivamente. Lejos de conformarse con la decisión, las dos viudas acudieron a Estrasburgo, tribunal que el 20 de septiembre de 2018 terminó por darles la razón al considerar que Polonia había violado el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales:

"Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

Tras concluir que la exhumación de los dos hombres había violado este artículo, el TEDH obligó a Polonia a pagar una indemnización de 16.000 euros a cada una de sus viudas. En el caso de Franco, el tribunal tendrá que decidir ahora si la exhumación del dictador vulneró su "derecho al respeto de su vida privada y familiar" o si por el contrario se erige como una de esas nueve excepciones en las que se permite la "injerencia de la autoridad pública".

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