Barcelona y Valencia hacen los deberes para aplicar la nueva regulación de los alquileres

El pacto programático para el Gobierno de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos abre la posibilidad a los ayuntamientos que así lo deseen de regular los alquileres en las zonas consideradas tensionadas, y tanto Barcelona como Valencia ya han abrazado esta posibilidad. La medida, según fuentes cercanas a los equipos negociadores, está enfocada a las grandes ciudades donde las rentas del alquiler se consideren "abusivas y sostenidas", por lo que aseguran que "no afecta a la mayoría de ayuntamientos de España". El color político de las administraciones locales será, por tanto, determinante, y estas mismas fuentes vaticinan que la derecha evitará la regulación, como ya ha manifestado la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo cual tildan de "torpeza".

La intervención en esta materia es una reivindicación histórica del consistorio dirigido por Ada Colau, y como tal la alcaldesa de Barcelona fue la primera en aplaudir una medida cuya redacción en el acuerdo de gobierno siguió de cerca. Es por ello que consideran que podrán establecer una regulación en un plazo corto. Según fuentes de la Concejalía de Vivienda, que dirige la exdiputada Lucía Martín, se podrán tener en cuenta los índices de precios ya existentes, y que hasta ahora solo han desarrollado las comunidades de Cataluña y Valencia, para aplicar la regulación. Desde Fomento, en cambio, defienden que se deberán aplicar los índices que están desarrollando, aunque sin cerrarse de plano a otras alternativas.

El redactado de la medida es, en este sentido, ambiguo, y se considera absurdo que sea el Ministerio de Fomento el que tenga que volver a establecer unos índices de precios si estos ya existen. Concretamente, el texto dice así: "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica". Con todo, se añade: "Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un Sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha".

La iniciativa de esta ley recaerá en el PSOE al controlar las competencias de Vivienda, según aclaran desde los equipos que negociaron el pacto. Y es que, pese a que el PSOE ofreció en un principio a Unidas Podemos asumir Vivienda, la formación morada lo rechazó al considerar que sin Fomento, Interior ni Justicia, su margen de maniobra estaría muy limitado para desarrollar su programa en esta materia.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha avanzado que aplicará la regulación en cuanto se aprueben los mecanismos, aunque todavía nadie se atreve a poner fechas. Al tiempo que desde el consistorio confían en que se pueda aprobar la nueva ley durante el primer año de legislatura, dicen conocer "las dificultades y que las presiones crecerán en los próximos meses".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha avanzado que aplicará la regulación en cuanto se aprueben los mecanismos, pero aún no hay fechas

Los morados lograron arrancar la que es una de sus medidas estrella durante la recta final de las negociaciones —y los socialistas pusieron reparos desde el inicio de las conversaciones—. Se trata de un mecanismo que la propia Colau ya negoció con Sánchez en diciembre del pasado año para incluir en el decreto contra la burbuja del alquiler. Entonces, la alcaldesa aseguró que el presidente se había comprometido a que "los municipios podamos regular los precios abusivos de los alquileres". Una posición que ya se defendía previamente en el acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos, pero que, sin embargo, contrasta con el contenido del decreto. Finalmente, el supuesto compromiso que Colau habría arrancado a Sánchez no se tradujo en el decreto.

La Comunidad Valenciana está a la espera de que un futuro Gobierno de PSOE y Podemos legisle y concrete las medidas de control de los precios de los alquileres contempladas en el acuerdo político suscrito entre los dos partidos. La Generalitat anunció la pasada legislatura autonómica la puesta en marcha de su propio índice de precios para detectar zonas tensionadas, pero descartó la posibilidad de poner límites legales al valor de los arrendamientos. La fórmula anunciada fue la de emplear los índices y los mapas de calor para fijar bonificaciones fiscales a los arrendadores para que pudieran desgravarse una parte de los ingresos por la vía del tramo autonómico del IRPF.

El desarrollo de esta propuesta, que salió de la anterior 'consellera' de Obras Públicas, la socialista María José Salvador, quedó en suspenso por el ciclo electoral. En abril, las urnas revalidaron de nuevo la coalición de izquierdas, pero el área de Vivienda fue desgajada de aquel departamento para crear una ‘conselleria’ específica para Podemos, que ocupa el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau.

Vivienda ha avanzado en la elaboración del índice a través del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y la herramienta denominada VEUS, pero todavía no ha habilitado las bonificaciones fiscales, según explica el secretario autonómico, César Jiménez (también de Podemos), en declaraciones a El Confidencial. “Teníamos que haber hecho un intento a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, pero no hemos podido. No hemos dado abasto con otras medidas que teníamos que desplegar con rigor”, afirma el alto cargo, quien señala que el deseo es desplegar estos incentivos a partir del próximo ejercicio. No obstante, Jiménez señala que la voluntad de su formación es que se fijen límites a los incrementos de precios, algo que, según explica, compete al Gobierno central. “El tramo autonómico para las bonificaciones es muy corto y nosotros no tenemos competencias para limitar los precios. Estamos esperando un impulso”, dice en referencia a las medidas que se adopten desde el Gobierno central.

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E. Sanz

Jiménez, que señala que su departamento está poniendo más el acento en habilitar vivienda social y ampliar la oferta pública, no termina de estar convencido del alcance de las bonificaciones fiscales, precisamente por el escaso recorrido que otorga el tramo autonómico. Aun así, admite que es “un tema de discusión” en el seno del Consell, pues ni los socialistas ni Compromís son partidarios abiertamente de intervenir en el mercado.

Las ciudades de Valencia y Alicante, las principales capitales por población de la autonomía, son las que más problemas están teniendo con el incremento de los alquileres. Sin embargo, no parece que la limitación de precios por decreto sea la vía elegida para afrontarlo. Las soluciones incentivadoras, una vez definidos los índices de zonas calientes por barrios, tienen más predicamento. A la espera de lo que habilite un posible nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cuyo acuerdo prevé dejar en manos de los ayuntamientos la decisión sobre las políticas de precios, Valencia “apuesta por incentivar más que sancionar o limitar”, señala la concejala valenciana de Vivienda, Isabel Lozano (Compromís). “Habrá que ver en qué términos se plantea, porque nos tocará a los municipios gestionar esto. No hay todavía concreción de cara a los ayuntamientos. Tenemos que ver qué reglas del juego se crean y de qué manera los regulamos”, añade.

Lozano señala que ahora el consistorio está trabajando por la vía de “movilizar vivienda vacía” y dar ayudas a la rehabilitación. "Hay mucha gente que no pone propiedades en alquiler porque necesita realizar una inversión", afirma. La pata socialista del Gobierno municipal, liderada por la vicealcaldesa, Sandra Gómez, también defiende que su labor de control en la proliferación de apartamentos turísticos está contribuyendo a contener la escalada de precios. “El tema de los apartamentos lo tenemos muy controlado. De hecho, no hay crecimiento. En Ciutat Vella, la moratoria está vigente y no se dan licencias, y en el Cabanyal, el nuevo plan especial va a restringir todavía más la normativa, que ya es muy dura”, informan fuentes del PSPV-PSOE de Valencia sobre las viviendas destinadas al alquiler turístico y su posible impacto sobre los precios en dos de los barrios más calientes.