Melilla denuncia la desatención a los menas: hasta tres menores comparten colchón

“Había unos 80 menores en una habitación que no debía superar los 30 metros cuadrados”, comenta Dunia Almansouri, consejera de Hacienda de Melilla, recordando su visita sorpresa, de noche, en noviembre, al centro de La Purísima donde están acogidos unos 850 menores extranjeros no acompañados (menas) tutelados por la ciudad, aunque su capacidad es de un máximo de 350.

“Duermen a dos y a tres por colchón en literas de tres pisos, pero debajo del último se coloca también una colchoneta y ahí se tumban algunos más”, prosigue Almansouri, que visitó el centro en calidad de vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla. “En el suelo, entre literas, duermen también unos cuantos”. “El hacinamiento es total”, continúa su descripción al teléfono. “No tienen ni siquiera pijamas”.

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“Y el olor es aún peor, porque la única ventana de la estancia no se puede abrir porque la taponan las literas”, añade indignada le consejera, perteneciente a Coalición por Melilla (CpM), el partido mayoritariamente musulmán que gobierna la ciudad autónoma en coalición con Ciudadanos y el PSOE. “En los baños, encharcados, no vi ningún producto de aseo”, se lamenta.

Almansouri redactó, tras su visita, un escrito a la Fiscalía General del Estado y otro a la sección del Menor de la Fiscalía de Melilla, en los que denuncia “las condiciones infrahumanas en las que se encuentran hacinados” los muchachos y el “pésimo servicio continuado en el tiempo por parte de la empresa adjudicataria, incumpliendo de forma flagrante el pliego de condiciones suscrito”. “Todo ello supone una vulneración flagrante y manifiesta de todos los tratados internacionales suscritos” por España en materia de protección de la infancia.

La consejera de Hacienda tomó además una segunda iniciativa que anunció el lunes en rueda de prensa: no prorrogar el contrato con la empresa Arquisocial, adjudicataria de la gestión del centro, que expira el 7 de enero. Tras mostrar las fotos que había tomado, afirmó: “Yo creo que estas imágenes son bastante esclarecedoras de las condiciones del centro y de por qué esta consejera piensa que firmar este contrato es ilegal”. “Mi intención es no firmar a menos que haya un imperativo legal que me obligue a hacerlo”, recalcó.

Para que los menores no queden desatendidos, Almansouri propuso suscribir “un acuerdo de continuidad del servicio” con Arquisocial hasta que se redacte un nuevo pliego, adaptado a las nuevas circunstancias de la inmigración de menores, y se lleve a cabo otra licitación. La empresa respondió al anuncio notificando un ERE, a partir del 7 de enero, al comité de empresa. Este votó iniciar la huelga indefinida ese mismo día. Arquisocial cuenta con unos 200 trabajadores en La Purísima, el 70% fijos.

El Partido Popular, que gobernó la ciudad hasta junio, y adjudicó entonces el contrato a Arquisocial, es, en cambio, partidario de renovarlo. Miguel Marín, su portavoz en la Asamblea de Melilla, recordó en un escrito que en su día la Comisión de Bienestar Social dio un mandato en ese sentido. Por tanto, advirtió, incumplirlo podría conllevar “responsabilidades penales, administrativas y patrimoniales”. El empeño del PP muestra, a ojos de Mustafa Aberchán, líder de CpM, que carece de “un mínimo de sensibilidad humana”.

La pésima atención que padecen los chavales de La Purísima, un antiguo fuerte, es reveladora del problema migratorio que sufren Melilla y, en menor medida, Ceuta. “Si a los que están hospedados en La Purísima se añaden los residentes en otros dos centros [La Gota de Leche y La Divina Infantita] y también los que están en la calle, el número total ronda los 1.400”, señala Almansouri, el 1,6% de la población de Melilla.

En Ceuta, son unos 420 los que se alojan en un centro municipal, a los que habría que añadir otros 300 que viven en la calle, es decir, el 0,85% de la población de la ciudad. Son, como en Melilla, marroquíes en su gran mayoría, y su número aumenta al ritmo de 50 o 60 al mes, según Juan Jesús Vivas, el presidente ceutí. “Nadie da respuesta ni solución a este gravísimo problema” se lamentó.

Para tratar de obtenerla, la Asamblea de Ceuta está elaborando un documento que, según Vivas, constituirá una especie de “llamada de socorro” al Estado que la ciudad quiere formular junto con Melilla. A ojos de Vivas, lo ideal sería la repatriación de los menores a Marruecos, algo que tanto la vicepresidenta, Carmen Calvo, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le prometieron que Marruecos acabaría aceptando, según fuentes del entorno del presidente ceutí. Hasta la fecha, las autoridades marroquíes han desestimado las peticiones españolas y tampoco han tramitado repatriaciones desde Suecia o Francia, donde también están acogidos cientos de menores.

Las otras dos soluciones con que sueñan en Ceuta y Melilla consistirían en la devolución de esa competencia al Estado, hoy en día transferida a las comunidades autónomas, o un mejor reparto territorial de los aproximadamente 14.000 menores extranjeros, en un 80% marroquíes, acogidos en el conjunto de España. Además de las dos ciudades autónomas, que se hacen cargo del 15% de esos menores, los adolescentes se concentran principalmente en Andalucía, Cataluña, Madrid y el País Vasco.

Desde el Gobierno en funciones, se ha dejado caer que en la próxima legislatura se podría modificar la ley para que sea el Estado el que se haga cargo de la primera acogida de los inmigrantes irregulares, empezando por menores, y que después los reparta de manera equitativa entre las comunidades autónomas. “Sé que, si sale adelante esta propuesta, tardará al menos un par de años en ponerse en práctica”, comenta Almansouri. “Aun así, para nosotros sería un gran alivio, porque estamos desbordados”.