Torra se prepara para defender su cargo de 'president' frente a la Junta Electoral

Quim Torra ya ha empezado a prepararse para defender su cargo de 'president' ante la Junta Electoral Central. El próximo 3 de enero el órgano abordará la vía que conduce a su retirada inmediata del ejercicio de cargo público sin necesidad de que pese en su contra una sentencia firme. Tras ganar la primera batalla en la Junta Provincial de Barcelona, su defensa ultima ya sus alegaciones ante esta instancia superior que aborda la cuestión a la vista de los recursos presentados por el PP y Ciudadanos.

La clave se encuentra en un artículo de la Ley Electoral que considera inelegibles a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación". La desobediencia que le valió una condena a una inhabilitación de un año y medio impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puede, en opinión de las dos formaciones, "atajarse" por la vía administrativa en aplicación de esta norma.

Torra no está de acuerdo. Y la Junta Electoral Provincial, que rechazó la teoría la pasada semana, tampoco. Descartó la inhabilitación antes de la firmeza de la condena, que no llegará hasta dentro de varios meses una vez el Tribunal Supremo revise los hechos a la vista del amparo que prevé presentar. En su resolución, la JEP señala que "no hay precedente" de la aplicación de este camino rápido para la destitución en casos análogos.

Tanto el PP como Cs consideran que sí tiene encaje y que la aplicación del artículo 6.2 -reformado para prevenir la perpetuación en sus puestos de ediles y concejales condenados por delitos de corrupción- debe provocar que Torra sea apeado de forma directa de su escaño como diputado autonómico. La consecuencia directa de su pérdida de su puesto en el Parlament sería la pérdida de las condiciones que refleja el Estatuto de Cataluña para ejercer como presidente de la Generalitat.

En resumen, la Junta provincial indicó que la petición -a la que también se unió Vox- desborda el objeto de la norma. Dijo que si bien se ha aplicado en "casos por condenas no firmes de alcaldes condenados por delitos contra la Administración Pública vinculados a la ’corrupción’" no tiene cabida en el cese de un diputado que además tiene el mando del Govern. La conclusión, no obstante, puede ser diferente a ojos de la Junta central.

Los argumentos de Torra

Torra asegura que la administración electoral es "manifiestamente incompetente" para abordar este asunto y que hacerlo supone una invasión de las atribuciones de los tribunales. Así, asegura que la ejecución de las sentencias, como la suya de inhabilitación, corresponde al TSJC, que fue quien le sentenció. Destaca, además, que lo que se pide es la ejecución de una sentencia penal que aún no es firme. Y denuncia que una aplicación directa del artículo le hurtaría ese derecho al recurso.

En este punto, y de forma irónica, el 'president' se refiere al Tribunal Supremo y acusa a las formaciones que han acudido a la Junta de actuar de una forma que evitaría el futuro efecto de la sentencia que adopte el alto tribunal. "La sentencia que llegue a dictar el Supremo no tendría ningún efecto real en cuanto a la privación del cargo de diputado que actualmente ostento", dice. "Es un fraude de ley", acusa.

Al margen de esta vía administrativa la condena impuesta aparta ya automáticamente a Torra de la candidatura en caso de celebrarse nuevas elecciones. Se le impuso por su decisión de mantener en edificios de la Generalitat lazos amarillos y pancartas de apoyo "a los presos políticos" pese a la orden de que las retirara durante la campaña electoral.