Tatuajes, alcohol, acoso... Las normas que enfrentan a Interior con los guardias civiles

Una quincena de normas que afectan a los guardias civiles se encuentran actualmente paralizadas. Así lo ha denunciado la agrupación profesional mayoritaria en el cuerpo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en un escrito remitido a la Dirección General, dependiente del ministro Fernando Grande-Marlaska. La misiva exige el desbloqueo de todos estos borradores, que se encuentran en diferentes momentos de tramitación y que repercuten directamente en la actividad diaria de los funcionarios. Lo hace después de que el propio director de la corporación, Félix Azón, anunciara en el último consejo -órgano que reúne a asociaciones y representantes ministeriales para tratar asuntos laborales- su intención de prolongar la situación de pasividad hasta nueva orden.

En concreto, AUGC acusa en su escrito a alto cargo político de aparcar 'sine die' la Orden General de policía, aspecto físico y trato con la ciudadanía. La norma, que prohibía los tatuajes y establecía qué tipos de cortes de pelo, recogidos y barbas debían llevar los funcionarios de la institución, fue retirada por Interior tras la polémica que suscitó un borrador filtrado a los medios. Este último aún está pendiente de que el Consejo de la Guardia Civil emita el preceptivo informe, por lo que técnicamente continúa en marcha, aunque en la práctica se encuentra guardado en el cajón.

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También critica la asociación el proyecto de real decreto que regula los procesos para determinar la incapacidad de los agentes por sus condiciones psicofísicas. Los miembros de la cúpula de AUGC censuran que actualmente algunos expedientes tardan hasta siete años en tramitarse, un tiempo mucho mayor que en el resto de la administración, por lo que entienden que resulta urgente sacarlo adelante. El proceso de aprobación de la norma, que fue retirada del Consejo de la Guardia Civil en septiembre de 2018, ha sido posteriormente interrumpido dos veces más. Esta es la tercera vez, de hecho, según explican desde AUGC, que Interior fija fecha para poner en marcha un grupo de trabajo que aborde el contenido.

La asociación reprocha asimismo la paralización de la orden que regulará la valoración de méritos en los procesos de evaluación, una norma que tendría que modificar -a juicio de la asociación- el actual "sistema" que, según el informe de la Unión Europea Greco, es "subjetivo e injusto", ya que "depende en gran medida de la valoración personal del mando superior". En la actualidad, los superiores jerárquicos son los que firman estos informes de evaluación de cada agente, que sirven para que los funcionarios puedan aspirar o no a determinadas plazas o a concretos ascensos. Una evaluación muy negativa, explican fuentes del cuerpo, podría llevar incluso a que el agente en cuestión pierda su condición de guardia civil.

Reprueba igualmente AUGC que la Dirección no saque adelante el real decreto sobre incompatibilidades. El que hay sobre la mesa ahora mismo, critican desde AUGC, es excesivamente restrictivo. "Supone en la práctica la limitación total para desempeñar otra actividad profesional, dada la cantidad de limitaciones que recoge", apuntan desde la asociación, que se refiere también al proyecto de orden que establece el modo de detectar si el personal del cuerpo ha consumido drogas o alcohol que ahora mismo está estudiando la Dirección General y que también está por aprobar.

AUGC considera que este último contraviene la ley de protección de datos. "Permitirá que los jefes de unidad tengan acceso a datos de salud, especialmente protegidos", de sus subordinados. "Queremos que estas normas sigan su tramitación y que lo hagan desde el entendimiento, que no se aprueben tras pasar el rodillo del Ministerio", exponen desde la asociación, que destaca modificaciones legales que incluso ya han pasado todos los trámites y que solo están pendientes de que Interior las ponga en marcha.

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Es el caso de la reforma de la ley de personal para exigir que los que accedan a la Guardia Civil tengan al menos el título de bachillerato. Ahora se exige únicamente el de Enseñanza Secundaria Obligatoria. "No sabemos ni en qué estado se encuentra esta modificación", aseguran desde AUGC, que llegan a criticar que hay casos en los que incluso hay sentencias judiciales que obligan a realizar reformas que Interior no llega a hacer. Se refiere la asociación, en concreto, al decreto que modifica el reglamento de la seguridad social, que se aprobó por orden de la justicia y que, sin embargo, aún no se modificado. La resolución judicial obligaba a incluir a las asociaciones profesionales en el órgano directivo ISFAS, extremo que Interior aún no ha realizado.

AUGC también se refiere a la orden sobre el desarrollo de asociaciones emitida por el Tribunal Supremo. "Esta materia sigue sin regulación", zanja el escrito, que igualmente destaca el reglamento de destinos, que debería ser igualmente reformado tras una orden judicial y que, sin embargo, sigue parado. Esta pasividad conlleva, denuncian desde la asociación, que los guardias civiles afectados por una enfermedad cesen automáticamente de sus destinos y dejen de percibir importantes complementos en sus nóminas hasta que la Dirección General les asigne una nueva plaza "probablemente a cientos de kilómetros de su residencia".

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La exclusión de la víctima en las resoluciones sobre acoso laboral y sexual o por razón de sexo, la falta de contenido de la normativa sobre uniformidad o la ausencia de datos sobre el texto legal que regulará los centros docentes y actividades formativas del cuerpo también son otras críticas que hace AUGC a otras tres normas aún no aprobadas. Sin embargo, la reforma que la asociación considera más importante y que igualmente sigue paralizado es el que se refiere a la jornada laboral de los guardias civiles, que viene a regular su horario, sus incentivos y sus vacaciones.

"Podría suponer la plena equiparación con otros cuerpos policiales", resume AUGC en su escrito, que se queja sin embargo de que ha sido la norma en la que han puesto más interés en impulsar y la que menos ha avanzado. "La decepción ha sido mayúscula", afirman. "La Dirección General ha propuesto unos borradores claramente restrictivos hacia los derechos laborales de los integrantes del cuerpo", añaden desde la asociación, que entiende que toda esta situación paralizadora "es claramente negativa" para los guardias civiles.