La Abogacía estudia como 'gesto' avalar los beneficios penitenciarios para Junqueras

La Abogacía del Estado continúa trabajando en el escrito que debe presentar ante el Tribunal Supremo sobre los efectos de la inmunidad de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que una de las opciones que ha barajado la defensa del Estado es el apoyo en ese informe a la concesión de beneficios penitenciarios anticipados para el líder de ERC. La propuesta está sobre la mesa junto con la defensa, ante el tribunal del 'procés', de otras ya mencionadas como el permiso puntual para la recogida del acta de eurodiputado o la libertad más amplia aunque temporal, mientras se espera la tramitación de un suplicatorio por parte de la Eurocámara.

Con la investidura pendiente de un solo papel y todos los ojos puestos en el organismo dependiente del Ministerio de Justicia, las fuentes consultadas aseguran que se ha barajado la posibilidad de considerar el fallo del tribunal de Luxemburgo como un motivo más que avale la concesión anticipada de la semilibertad que ofrece el tercer grado o que dé cobertura a una aplicación del conocido como 100.2 del reglamento penitenciario, que abre la puerta a salidas ampliadas sin necesidad de progresión de grado.

La mención sería, en caso de realizarse, doblemente simbólica pero en absoluto práctica, dado que ni la Abogacía decide sobre la situación de Junqueras —que depende del criterio que tomará el Supremo tras las navidades con los informes de todas las partes— ni tiene competencia alguna en materia penitenciaria. Se limitaría, por tanto, a una alusión al alcance del fallo europeo para su condición de penado. Un guiño en toda regla que podría acoger la Generalitat como trampolín para futuras decisiones sobre el cumplimiento de la condena de prisión.

La propuesta partió de uno de los departamentos del Ejecutivo y se analiza su encaje. Es solo una más de las que se encuentran bajo estudio y que tratan de armar desde los servicios jurídicos estatales. La tarea de conciliar el 'gesto' que reclamaba ERC con una argumentación jurídica sostenible que, sin embargo, no afecte a la validez de la sentencia condenatoria del 'procés' ha frustrado los planes previstos de disponer del escrito a principios de esta semana. No será hasta la próxima, la última del año —y probablemente el lunes 30—, cuando se presente, según fuentes gubernamentales consultadas que admiten la "complejidad" de la cuestión. El plazo dado por el Supremo concluye el jueves 2 de enero, y ya todas las partes han presentado sus conclusiones, excepto la Abogacía.

La fórmula es solo una más de las que se están estudiando, pero el escrito no se presentará ante el Supremo hasta probablemente el lunes próximo

Las dificultades, apuntan desde el Ejecutivo, vienen dadas por la "indeterminación" de la sentencia de Luxemburgo. Pese a sentar determinadas bases, la resolución deja abiertas incógnitas que dan pie a la interpretación. Por ejemplo, destacan estas fuentes del entorno del Gobierno, Luxemburgo se refiere a la situación en la que se encontraba Junqueras hace seis meses, cuando estaba en prisión provisional, pero no concreta los efectos del "entonces" sobre el "ahora" cuando ya no se encuentra en preventiva sino condenado en firme.

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Inhabilitación suspendida

Fuentes gubernamentales lanzan además una crítica velada a la actuación del tribunal del 'procés'. Indican que este no debió seguir adelante sin recabar primero la respuesta del TJUE. También señalan —en lo que puede ser una clara pista de su lectura sobre lo que debe hacer la Abogacía— que la inhabilitación de Junqueras se mantiene suspendida por parte del Supremo y que es ahí donde, en su opinión, procede actuar.

El propio Govern no descartó esta semana que se produzca "algún cambio" en la propuesta de grado concedido a los presos independentistas

Hace solo unos días, precisamente el lunes cuando el escrito que no ha llegado aún debía ver la luz según las previsiones, la portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCAT), se refirió a la vinculación entre el fallo de Luxemburgo y los beneficios penitenciarios. No descartó entonces repercusiones de la resolución en el criterio de las Juntas de Tratamiento. "Dieron un tipo de clasificación pero ha habido esta sentencia que pide la libertad inmediata de Junqueras. Aquí puede haber algún cambio", avisó.

El retraso de la Abogacía tiene consecuencias directas de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Porque al preverse que el documento estará listo el próximo lunes, ya será prácticamente imposible que el líder socialista pueda recibir la confianza del Congreso antes del 5 de enero. Una vez que los servicios jurídicos del Estado registren el texto, ERC deberá decir si le parece suficiente y, si se da por satisfecha, podrán reanudarse de puertas para fuera las negociaciones, aunque las conversaciones no se han detenido en ningún momento en los últimos días. Socialistas y republicanos deberán escenificar el cierre de un acuerdo que se da por ultimado, y luego los de Junqueras han de someterlo a ratificación en su 'consell nacional'. Eso podría ocurrir de manera inminente, antes incluso del escrito de la Abogacía —es lo que querría el PSOE— o bien ya después. Sánchez debería también convocar a su ejecutiva, porque no tendría tiempo de citar a su máximo órgano, el comité federal.

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El siguiente paso es la convocatoria del pleno de investidura, potestad exclusiva de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Esta ya avisó hace una semana, destacaban desde su entorno, de que necesitaba fijar la sesión con unas 48 horas de antelación, ya que España está en fiestas y a sus señorías les resulta más complicado regresar a Madrid a tiempo desde sus lugares de origen. Esto hace que, si el debate arrancase el jueves 2 de enero, Batet debiera comunicarlo, como máximo, el martes 31 de diciembre, en Nochevieja. Los márgenes son muy apurados. En caso de que fuera imposible encajar ahí la reelección de Sánchez, habría que pensar en organizarla para después de las navidades, a partir del 7-8 de enero. De hecho, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, recomendaba este pasado 25 de diciembre que la investidura llegase después de Reyes, "de forma más tranquila", aunque decía entender las "prisas" para que todo se resuelva antes a la vista de las "sorpresas" que ha habido en la esfera judicial y la política. También Compromís se sumaba este jueves a un debate ya fuera del parón navideño.

Pero, como decía Esteban, el peligro es lo que pueda ocurrir en las primeras semanas de 2020. De ahí que el Gobierno quisiera huir de la provisionalidad y de una discusión pública centrada en las negociaciones con ERC lo antes posible. Pero, por lo pronto, tendrá que aguantar unos días más.