Puigdemont pide que se desactiven las órdenes de arresto y que Llarena se aparte

Carles Puigdemont ha reclamado al juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, que deje sin efecto la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión contra mi mandante, así como las órdenes europea e internacional de detención emitidas, por haber sido dictadas sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo.

En un escrito al que ha tenido acceso 'El Confidencial' pide también dejar sin efecto cualesquiera otras medidas cautelares que subsistan en este procedimiento, aun acordadas con anterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo, por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a ese estátus. "No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros", indica.

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El 'expresident' solicita que se declare que no procede la adopción de medida alguna privativa de libertad o restrictiva de la libertad de movimientos, por lo que no procede solicitar autorización a tal efecto al Parlamento Europeo. Como colofón, exige la abstención del conocimiento del juez Llarena de esta causa, por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad, a la vista de los motivos a los que se alude en la alegación quinta de este escrito. Subsidiariamente, téngase por efectuada recusación en los mismos términos. Como último punto de su escrito, reclama decretar el sobreseimiento libre, "por no resultar los hechos por los que viene perseguido constitutivos de delito alguno".

El escrito hace referencia velada a Oriol Junqueras para reprochar que la negación de la inmunidad que va aparejada a la elección de los diputados al Parlamento Europeo "ha sido la constante desde que se proclamaron los resultados, como también sucedió con otros encausados cuando adquirieron la condición de diputados y senador a Cortes Generales".

"Se ha utilizado la vía penal para perturbar el funcionamiento del Parlamento Europeo, alterando la composición que al mismo dio la voluntad popular de los ciudadanos de la Unión expresada en las elecciones del pasado 26 de mayo de 2019", reprocha. En su opinión, confirmada la inmunidad parlamentaria no sería necesario analizar nada más para concluir que resulta inexcusable el levantamiento inmediato de la orden de busca, captura e ingreso en prisión acordada contra mi representado en tanto no se obtenga la correspondiente autorización del Parlamento Europeo.

"Vínculos con los ciudadanos de la UE"

Resalta que Puigdemont está "plenamente protegido" por esta. "Es evidente que la relación representativa que une a los miembros del Parlamento Europeo con sus representados obliga a los primeros a mantener vínculos especialmente estrechos con los ciudadanos de la Unión de la circunscripción electoral en la que han resultado elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo. Y ese vínculo es absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado, que no solo impediría esa relación con sus electores sino, también y muy significativamente, el poder acudir a las sesiones del Parlamento", dice.

Puigdemont considera que las decisiones adoptadas por Llarena son incompatibles con la decisión que adoptó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos días. Indica que se formó criterio en relación con lo que aquí se discute "en términos absolutamente incompatibles con la jurisprudencia del TJUE sin elevar la correspondiente cuestión prejudicial, todo ello en detrimento de la debida imparcialidad, procede, en los términos señalados, que deje de conocer de esta causa, por no poderse seguir sosteniendo, desde ningún punto de vista, que pueda mantener la presunción de imparcialidad objetiva o subjetiva".

Insiste en que el magistrado del Supremo no puede continuar al frente del procedimiento dado que aseguró de forma rotunda que el 'expresident' "no era diputado al Parlamento Europeo, así como que no gozaba de la inmunidad parlamentaria, razonamientos que ahora se ha visto desmentidos". Recuerda, a este respecto que está en marcha la instrucción en Bélgica de la demanda civil que se interpuso en contra el juez y que el próximo día 20 de febrero se celebrará la primera vista judicial al respecto.

Toque para la Fiscalía

El escrito también se dirige a la Fiscalía y dice irónicamente que entiende su desazón con la actual situación. "Podemos entender las angustias existenciales que genera en los representantes del Ministerio Fiscal, pero no podemos olvidar que esto no es una guerra sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el Derecho de la Unión".

"El Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad, de los 38 derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, tiene necesariamente que cumplir dicho papel sin buscar soluciones que, dicho claramente, no son más que hacerse trampas al solitario, además de vulneraciones palmarias de los derechos fundamentales, como las que viene sosteniendo desde hace más de dos años en esta causa", concluye.