La Abogacía no entregará su escrito este viernes y aleja una investidura antes de Reyes

La Abogacía General del Estado necesita más tiempo para presentar su informe sobre las consecuencias de la inmunidad del líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Finalmente, no entregará su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo este viernes, 27 de diciembre. Lo hará, previsiblemente, el próximo lunes, día 30, por lo que pensar en una investidura antes de Reyes resulta ya muy complicado, por no decir imposible. El Gobierno se empieza a situar ya, por tanto, en otro escenario: que Pedro Sánchez pueda recibir la confianza del Congreso para después de navidades. Las prisas del candidato y del partido no casan con los ritmos de los servicios jurídicos del Estado. No obstante, el afán del Ejecutivo en funciones es intentar separar al máximo la respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de las negociaciones con ERC. Pero la formación independentista insiste en que no podrá avanzarse en el acuerdo hasta que compruebe si el Gobierno abandona la "vía represiva", y para los de Junqueras la prueba será, precisamente, la actitud que adopte finalmente la Abogacía.

La defensa del Estado, sin embargo, no mostrará sus cartas de manera inminente. Fuentes del Ejecutivo socialista de primer nivel confirmaron a El Confidencial que el informe que se presentará ante el Supremo no estará listo este viernes. Tampoco se registrará telemáticamente el fin de semana. De modo que "casi seguro" que se elevará al Alto Tribunal el lunes 30 de diciembre. Así, no se apurarán los plazos dados por el TS, pero casi: los magistrados concedieron a las partes cinco días hábiles para que presentaran sus alegaciones, margen que concluye el jueves 2 de enero, dada la sucesión de días festivos e inhábiles por las fiestas navideñas. Todas han presentado sus conclusiones, salvo la defensa del Estado.

Desde el Gobierno señalan que "no hay un problema de discrepancias" en el seno de la Abogacía. Es decir, que no se libra una pugna dentro de la institución por no compartir el criterio del Ejecutivo, de quien depende orgánicamente a través del Ministerio de Justicia. Se escudan en la "complejidad" del caso, puesto que se trata de dirimir qué consecuencias tiene que un procesado por la Justicia en prisión provisional —esa era la condición de Junqueras en junio— fuese proclamado eurodiputado y, desde entonces, gozara de inmunidad. El 14 de octubre, el jefe de ERC fue condenado por el Supremo en firme a pena de cárcel e inhabilitación por 13 años.

En el Gobierno indican que no hay un "problema de discrepancias" en el seno de la Abogacía. Arguyen que es una cuestión "compleja" y con "mil matices"

El Gobierno defiende una posición más flexible y favorable a Junqueras que la de la Fiscalía, que enseguida reclamó que siguiera preso y se ejecutara la inhabilitación. Pero no está claro aún cómo se plasmará esa actitud. Fuentes del Gabinete de Sánchez no quisieron entrar en los contenidos del informe, en el que "se sigue trabajando" de manera intensa "y concienzuda". No se conocen, pues, los extremos concretos del escrito de la Abogacía, aunque sí era intención del Ejecutivo preservar la postura defendida en junio, cuando la institución pidió que se excarcelara a Junqueras para que pudiera recoger su acta de eurodiputado. Ahora, por tanto, los letrados del Estado no tendrían que forzar demasiado su propia doctrina, aunque habrían de combinarla con los argumentos expresados por el TJUE.

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No pasará lo mismo que con Bal

"Se trata de un informe complejo para un caso novedoso, y no se pueden hacer las cosas a la ligera. Hay puntos que no se pueden despachar en folio y medio. Lo importante es que el escrito se fundamente bien, y que se trabaje muy bien. La Abogacía ha estado actuando en todo este juicio del 'procés' con mucho rigor, y con más criterio jurídico que, por ejemplo, la Fiscalía", señalan las fuentes del Ejecutivo consultadas. Apuntan, en este sentido, que al final el Supremo, en su sentencia, apreció que los líderes separatistas habían cometido sedición y malversación, delitos que sostuvo la Abogacía contra el criterio de la Fiscalía, que acusaba por rebelión.

La Abogacía es una institución que "merece mucho respeto" y a cuyos profesionales no se les puede "imponer" un criterio, recuerdan en el Gabinete

Para el Ejecutivo de Sánchez, la sentencia del TJUE "obliga a analizar su pronunciamiento concienzudamente", "estudiar la normativa interna y europea, los tiempos y formas verbales, la traducción, la combinación de los tratados internacionales...". Y eso "lleva su tiempo", de ahí el retraso, con el que no se contaba, porque el domingo el mismo Gobierno indicaba que el texto estaría listo el lunes 23 de diciembre. Además, en el Gabinete señalan que el fallo del TJUE "da margen" para prácticamente cualquier postura, ya que ofrece "mil matices". Lo que no hará el informe es cuestionar la validez de la sentencia del 'procés' emitida por el Supremo, que es lo que pide ERC. En otras palabras, no se pedirá ni la nulidad del juicio ni de la condena posterior.

"La Abogacía es una y actúa aquí, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el TJUE, en los pleitos contra el Estado fuera y dentro... Es un aparato [que depende de Justicia, ministerio que dirige Dolores Delgado] que actúa con mucha rigurosidad, una institución que merece muchísimo respeto y que cuenta con profesionales de altísima cualificación", a los que "no se les pueden imponer las cosas" si no comparten el criterio jurídico defendido por el Gobierno, indican las mismas fuentes. Desde Justicia se señala que no se repetirá lo que ocurrió en la causa del 'procés', cuando destituyó en noviembre de 2018 al letrado encargado del caso, Edmundo Bal, que quería acusar por rebelión. El abogado acabó recalando en las filas de Ciudadanos y es, desde las elecciones del 28-A, diputado en el Congreso por la formación naranja.

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Batet necesitaría unas 48 horas

En cualquier caso, en el Gobierno se siente una incomodidad creciente con la presión ejercida por ERC, que espera el gesto a través de la defensa del Estado para desbloquear la investidura. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que quien decidirá la suerte de Junqueras no es la Abogacía, sino el propio Supremo, y subrayan que no tiene "ningún sentido" vincular una negociación política de un escrito jurídico. "Se ha puesto el foco en ella, cuando no debería, y es bueno separar las dos cuestiones. Hay que desbloquear la situación y hay que gobernar, y la Abogacía, por su parte, hará lo que tiene que hacer y que responda a una lógica jurídica, porque también estamos hablando del prestigio de España fuera. Por algo los magistrados del TS cursaron la cuestión prejudicial ante el TJUE. Ahora estamos en otra fase, y hay que trasladar lo que nos dice el Tribunal de Luxemburgo", argumentan desde el Gobierno. Los socialistas desearían que se pudiera amarrar la alianza con ERC al margen de lo que haga la Abogacía. Quieren invertir la fórmula, pero ERC, hasta ahora, no está dispuesta a ceder.

El Ejecutivo se siente incómodo con la presión de ERC porque defiende que la negociación política ha de ir por otro carril y no quedar condicionada

Si finalmente los servicios jurídicos presentan el escrito el lunes 30 de diciembre, apenas habría margen para una investidura de Sánchez antes de Reyes. Porque tendría que cerrarse el acuerdo de PSOE y ERC (durante el fin de semana o ya después), y que el 'consell nacional' de los republicanos lo ratificase, y también la ejecutiva federal de los socialistas. Al tiempo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería convocar el pleno. Desde su entorno ya aseguraban la semana pasada que, dadas las dificultades de desplazamiento por las fiestas, lo razonable es señalar la sesión con unas 48 horas de antelación, aunque el reglamento no estipule plazos. Es decir, que para que el debate arrancara el jueves 2 de enero, Batet debería anunciarlo, como tarde, el martes 31 de diciembre, Nochevieja. En esta hipótesis, la primera votación de investidura, para la que se exige mayoría absoluta, llegaría el viernes 3, y la segunda y definitiva, en la que bastan más síes que noes, se celebraría 48 horas después, el domingo 5, víspera de Reyes.

Sin embargo, si la Abogacía prácticamente apura los tiempos marcados por el Supremo, será muy complicado que pueda cristalizar la reelección de Sánchez antes de que concluyan las navidades. Lo más probable es que haya que desplazar el debate a la siguiente semana, después de las fiestas. El problema es que el Gobierno tiene prisa por pasar página, consciente de la erosión que está sufriendo por la parálisis y por las consecuencias de una negociación con ERC que se está alargando más de lo previsto. Además, los socialistas observan que los riesgos se pueden incrementar si avanzan los días y las semanas. De modo que si tiene disponible la ventana de oportunidad de un debate exitoso antes del 6, lo harán.

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No hay "explicación política" al retraso

Desde el Gobierno se lanzó este jueves una línea pública de defensa de la Abogacía y una petición a ERC para que separe ambas parcelas. El mensaje, además, es que el plazo concedido por el TS a las partes no se agota hasta el día 2. La ministra de Defensa en funciones y responsable de Exteriores, Margarita Robles, aseguró que no hay "ninguna explicación política" al hecho de que los letrados del Estado no hayan presentado su informe, y subrayó que "las cuestiones jurídicas nunca son políticas". "Los procedimientos judiciales no tienen nada que ver con los procedimientos políticos —subrayó—, y las negociaciones que haya que hacer serán siempre en el ámbito de pensar en el interés general, un ámbito político al margen de los procedimientos judiciales, que tienen sus propios ritmos". Robles añadió que no cree que esta cuestión suponga un obstáculo en las conversaciones con ERC porque conoce a muchos dirigentes de la formación separatista con una "formación jurídica importante" y que saben que ambos espacios, Justicia y política, están separados. Sin embargo, ERC sigue ligando ambas cuestiones. El miércoles enfrió de nuevo las prisas del PSOE al afirmar que el acuerdo "no está ni mucho menos cerrado".

Robles advierte de que la responsabilidad de que haya Gobierno no es solo del Ejecutivo, sino también de la oposición, incluida la derecha

Así, para Robles, la responsabilidad de que haya o no Gobierno en España no depende solo del Ejecutivo, sino que "es también de toda la oposición", y en especial de "los partidos de la derecha, que dicen estar preocupados por España pero solo les preocupan su interés personal y criticar a Pedro Sánchez". Las críticas son "sanas" en democracia, agregó, pero no lo es el "catastrofismo" o el primar los intereses partidistas a los generales.

Los tiempos se estiran, en cualquier caso, más de lo que querría el PSOE. Primero aspiraba a una investidura de Sánchez culminada el 19 de diciembre, antes de Nochebuena, después fijó Nochevieja como el siguiente horizonte temporal. Más tarde, Reyes. Ahora, la opción más realista es pensar en la semana posterior a las fiestas. Tal y como ya advertían el PNV o Compromís. Será una fecha menos exótica, pero también menos preferida para un Ejecutivo y un partido que quieren a un Sánchez reelegido "cuanto antes" para dar carpetazo a la parálisis.