La Policía sospecha que los dos fugitivos de la Manada de Manresa huyeron juntos a Bélgica

El rastro de Daniel David Rodríguez Lastre y Yordanis de Jesús Campo se pierde el 11 de diciembre. La Audiencia de Barcelona citó a ambos ese día después de que la Fiscalía solicitase su ingreso en prisión por abusar sexualmente de una niña de 14 años en Manresa, hechos que se remontan a 2016 y por los que ambos fueron condenados a diez años de cárcel este mismo año. Ninguno de ellos se presentó esa mañana ante el juez, pero no fue hasta seis días después, el 17 de diciembre, cuando el juez dictó una orden de busca y captura contra ellos. Desde entonces, el equipo de fugitivos de la Policía Nacional sigue los pasos de los dos miembros de la conocida como Manada de Manresa, investigación en la que los primeros indicios apuntan a que huyeron juntos a Bélgica, explican fuentes cercanas a la investigación.

La sospecha se basa en que ambos presentan lazos familiares y desaparecieron al mismo tiempo, por lo que todo apunta a que pactaron su fuga. Los seis días que pasaron entre que ignoraron la citación judicial y se activó la búsqueda también les dio un margen para desaparecer, pero fuentes jurídicas justifican este retraso porque el día 17 todavía quedaba por celebrar una vista para estudiar el ingreso en prisión de otro de los cinco condenados. Desde la Fiscalía también quitan peso a estos seis días de ventaja que han tenido, para lo que subrayan los trámites que se deben completarse antes de declarar a una persona como fugitiva.

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Fuentes policiales reconocen por su parte que este margen de seis días dificulta la búsqueda, pero al mismo tiempo apuntan a que los primeros días de investigación no son tan importantes como tiende a pensarse: en la mayoría de casos, el fugitivo cae cuando empieza a sentirse seguro y deja de mostrarse tan cauto a la hora de esconderse de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según explican, el principal problema al que se enfrentan no es ese retraso de seis días, sino que a diferencia de otros países como Alemania o Francia, en España no pinchan teléfonos porque judicialmente se les deniega, lo que dificulta seguir los pasos de los fugitivos.

Frente a este obstáculo, los agentes españoles cuentan con una serie de herramientas que no exigen orden judicial y que sus antecesores no tenían a su alcance, como la de revisar las redes sociales o utilizar bases de datos que antes no estaban conectadas entre sí. En cuanto a la primera de las líneas de investigación, las fuentes consultadas explican que ya se ha detectado un perfil de Facebook de uno de los fugados, en el que se presentaba bajo un seudónimo.

Condenados por abuso y no agresión

El 31 de octubre, la Audiencia de Barcelona condenó a los cinco miembros de la conocida como Manada de Manresa a penas de entre 10 y 12 años de prisión por abuso sexual a menor. Para descartar el delito de agresión sexual, que conlleva mayor condena, la sentencia consideró "acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos (...) se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación".

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Los magistrados expresaron además la “sorpresa por el cambio de calificación jurídica del Ministerio Fiscal en sus conclusiones", cuando pasó de pedir una condena por abuso a otra por agresión sexual. Pese a ello, el Ministerio Público no dudó en recurrir para que se les condene por agresión sexual, solicitando además su ingreso en prisión a la espera de que la sentencia sea firme. Por el momento, la Sección 22ª de la Audiencia de Barcelona ha rechazado la solicitud y mantiene en libertad a los tres condenados que sí están a disposición del tribunal, a los que ha impuesto medidas cautelares adicionales para garantizar que permanecen en España: presentación periódica en los juzgados, prohibición de salida de España y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima