El escaño de Puigdemont en el Parlamento genera otra guerra legal en Europa

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y, por extensión, la de todos los eurodiputados, ha abierto tres batallas legales que transcurrirán por distintos caminos en los próximos meses. La primera de ellas es también la más directa: la que afecta al líder de ERC y a su actual situación de prisión en cumplimiento de la condena de 13 años impuesta por sedición y malversación. Se encuentra a la espera de la decisión que tome al respecto el Tribunal Supremo. La segunda, la de la entrega a España de Carles Puigdemont -vinculado por su elección como diputado del Parlamento Europea a la resolución del TJUE- se despejará en febrero, con malos pronósticos para la extradición que solicita el juez Pablo Llarena. La última de las guerras acaba de empezar y afecta a la adquisición del escaño por parte del 'expresident'. Y no será menor.

Esta tercera pugna sitúa a un lado al propio Puigdemont, su equipo legal y la Eurocámara y al otro a los partidos políticos que la integran, a la Junta Electoral Central y a la normativa electoral de España. Los primeros aseguran que el expresident ya es eurodiputado de pleno derecho y que las sentencias del TJUE, la primera y también la segunda en la que se ordenó el levantamiento de medidas cautelares que pesaban en su contra, le convierte de forma automática en poseedor del escaño sin necesidad de cumplimentar los trámites que prevé la ley española. Los segundos consideran que no se puede hacer con el huido una excepción al cumplimiento legal y, que hacerlo, abriría la tapa de una caja de Pandora con efectos colaterales graves no sólo para España, sino para el resto de países de la Unión.

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El primer capítulo de esta historia se escribió el pasado viernes. El Parlamento Europeo dio inicio a los trámites para reconocer como eurodiputados a Carles Puigdemont y Toni Comín. Habían pasado 24 horas desde que el TJUE fallara que la inmunidad de los eurodiputados se inicia desde su proclamación. Arrancó el proceso de acreditación con la intención de que finalice en enero, cuando la Eurocámara reanuda sus funciones tras el receso navideño. La primera sesión está prevista para el día 6. Los dos salieron de la sede de la Eurocámara con acreditaciones, de momento temporales, colgadas del cuello.

Lo hicieron pese a la previsión legal de España que indica que para adquirir la plena condición es necesario que los electos prometan o juren ante la Junta Electoral, cumplir la Constitución. Fuentes del entorno de Puigdemont detallan a este diario los pasos dados y su "absoluta certeza" de que los primeros trámites por ahora cumplimentados acabarán en la toma de posesión de su escaño. Según su relato, enviaron horas después de la resolución un correo electrónico al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y, en solo unos minutos, recibieron respuesta en la que se les indicaba que la cámara daba inicio a los trámites. El departamento legal, aseguran, se mostró de acuerdo.

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Mientras todo esto sucedía, Sassoli aseguraba: "Ruego a las autoridades españolas competentes que cumplan la sentencia. Yo ya he dado mandato a los servicios jurídicos del Parlamento que evalúen cuanto antes la aplicación de los efectos de la sentencia sobre la composición de nuestro Parlamento". "No hay margen de duda, el día 6 de enero, Puigdemont y Comín tendrán sus acreditaciones definitivas", dicen las fuentes consultadas.

Ignorar las limitaciones del Derecho español

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Y no todo el mundo piensa conformarse sin presentar oposición. Fuentes jurídicas en España señalan la perversión que la concesión de esta prerrogativa supone para las limitaciones impuestas por el Derecho español para la adquisición del cargo y confían en las acciones que puedan presentar, en contra, los propios grupos parlamentarios de la cámara. La única vía posible para las formaciones es la de oponerse en esta fase de control de credenciales. El grupo de los demócrata-cristianos ya se plantea el inicio de acciones en este sentido.

Las fuentes consultadas destacan que permitir que ambos sean diputados europeos sin cumplir el trámite previsto abre peligrosos precedentes que pueden hacerse extensivos a otras limitaciones para el escaño previstas en el Derecho español. Por ejemplo, a las causas de inegibilidad. En la ley se establece que no pueden ser eurodiputados los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena. Tampoco los condenados por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado aunque la sentencia no sea firme.

También avisan del contagio a los requisitos que imponen otros países de la UE e indican que este, al final, no es un asunto que afecte "a España y los catalanes" sino que afecta a toda la Unión.